La vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen Sánchez, y el alcalde, Luis Barcala, en imagen de archivo. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Septiembre arranca con cábalas y ajuste de proyectos para el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante. Trece de los 14 concejales del Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) que conforman el bipartito (el edil Carlos Mazón carece de competencias en el Ayuntamiento al asumir la presidencia de la Diputación) se encuentran enfrascados en la confección de sus solicitudes de presupuestos para 2022, después de que ambas formaciones se hayan conjurado para volver a intentar que las cuentas entren en vigor en enero. Eso sí, está por ver si, finalmente, cumplen ese objetivo o, si, de nuevo, el proceso de negociación interna y la búsqueda de apoyos acaba retrasando su aprobación definitiva.
Por lo pronto, varias concejalías han cerrado ya su listado de peticiones de proyectos a desarrollar en el próximo ejercicio. Y ya se ha podido conocer algunas de ellas: la reforma del Teatro Principal, que podría superar los dos millones; la rehabilitación de la Casa de la Misericordia en el complejo de Las Cigarreras, que requerirá más de 4,5 millones; la ampliación del vivero de empresas, por 3 millones más; o los 18 millones correspondientes a las inversiones plurianuales que ya quedaron programadas en la primera modificación de crédito de las cuentas de 2021. En ese último paquete se incluyen, por ejemplo, 2,2 millones para ejecutar el proyecto de peatonalización del Centro, en el eje comprendido entre la avenida de la Constitución y la calle Bailén.
A partir de ahora, las dos formaciones deben poner en común todas esas peticiones y encajar las que sean prioritarias y dispongan de proyectos ya definidos para que puedan ponerse en marcha (licitarse, en el caso de los que comprenda la realización de obras) sin demoras adicionales, a la espera de que pueda concretarse de qué recursos adicionales se puede disponer a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea. Así que todavía es pronto para poder concretar una cifra definitiva sobre el importe de las inversiones previstas, aunque todo parece indicar que podría alcanzarse una suma equivalente a la cuantía de las obras que ya están encauzadas: en torno a 39 millones, según concretó este viernes el propio alcalde, Luis Barcala, en el transcurso de la entrevista concedida a Radio Alicante.
Eso sí, una de las prioridades para el inicio del curso político que se inicia ahora consiste, precisamente, en poner en valor esa cartera de inversiones que ya se están ejecutando, o están a punto de abordarse, tras superar la fase de licitación en la que se encuentran ahora. Es el caso de la reurbanización de la Plaza de San Blas o de la remodelación de los accesos al barrio de San Gabriel, entre otras iniciativas como la reforma de La Explanada (ya finalizada) o la de Padre Esplá. De hecho, en el bipartito se maneja un balance de 99 proyectos distintos que están en esa situación (ya en obra o en proceso de contratación) con los que se insiste en la senda de la transformación urbana de la ciudad que se trata de destacar cada vez que se tiene la oportunidad de hacer valoraciones sobre la gestión del bipartito.
Así, el discurso que los dos socios de gobierno pretenden defender, una vez pasado el ecuador del mandato, es que se ha conseguido poner en marcha un ciclo inversor que arrancó en 2020 con actuaciones por valor de 25 millones, que prosigue ahora con otras intervenciones por 39 más y que se pretende mantener con cifras equiparables el próximo año. Todo, además, en un contexto marcado por la prórroga de las contratas de los dos principales servicios municipales (el transporte urbano y la limpieza viaria y recogida de la basura) y por las controversias desatadas tras el permanente enfrentamiento con el Consell. En especial, se ha tenido que lidiar con las polémicas relacionadas con la gestión educativa, en un proceso que, por ahora, ha desembocando en la desautorización de la edil del área, Julia Llopis, a quien nadie pudo (o quiso) frenar en su anuncio de renuncia a las ayudas de la Generalitat para las actividades extraescolares.
Con todo, esa rectificación no permite garantizar, todavía, que PP y Cs no tengan que enfrentarse a la propuesta de reprobación contra Llopis anunciada por el PSOE para el pleno del próximo día 30: un debate incómodo, en el que el PP debería justificar por qué se renunció inicialmente a una subvención (más allá de los argumentos de retraso ya expuestos), que se celebraría a dos días de que tenga lugar en València la convención nacional del PP que puede entronizar a Mazón como aspirante a la Generalitat.
Sea como fuere, al margen de ese contratiempo político, los dos aliados al frente de la gestión municipal tratan de desplegar su hoja de ruta en otros compromisos pendientes. Además de gestionar las obras que están en fase de contratación, y las que también están presupuestadas pero todavía deben licitarse (como la pasarela ciclopeatonal a Urbanova, ya aplazada en varias ocasiones), PP y Cs tratan de dar impulso a una de sus propuestas centrales: el proyecto del centro de congresos en el Puerto anunciado en el debate sobre el estado de la ciudad de 2019 y reiterado en el de 2020. El propio Barcala volvió a referirse a su desarrollo este viernes, ante los micros de Radio Alicante (también ha ofrecido otras dos entrevistas a Cope y a Alacantí TV a la vuelta de las vacaciones), para asegurar que, en dos meses, estaría rubricado el convenio de colaboración con la Diputación con lo que se podría constituir el consorcio encargado de impulsar su diseño y construcción. Todo con la vista puesta en que las obras puedan iniciarse en 2023.
