ELCHE. Justamente ahora que llegan los tiempos de los números y las cuentas, por la aprobación de los presupuestos de 2018, al Ayuntamiento se le ha notificado el recurso contencioso administrativo que interpuso la empresa Ilicitana de Demoliciones y Excavaciones (Ilidexsa), frente al Consistorio, por el que se le condena con el pago de 400.000 euros más intereses por unos servicios que no se abonaron. Se trata de una sentencia que tiene que ver con la realización de unos trabajos relacionados con el área de Fiestas desde 2007 al 2011.
La mercantil realizó estos trabajos en la anterior época socialista, con el otrora alcalde Alejandro Soler y con Blanca González como concejal de Fiestas. Un año después, como está recogido en el acta de la sesión extraordinaria del pleno del ayuntamiento de 2012, según indica la portavoz del equipo de gobierno Patricia Maciá, se reconocen como realizados esos trabajos. Sin embargo, el Partido Popular, que entonces gobernaba la ciudad con Mercedes Alonso a la cabeza, se negó a pagar dichos servicios. Un caso por el que ahora se empiezan a pasar la patata caliente con cruces de acusaciones.
La empresa recurrió el impago de esas facturas y esta es la sentencia, que estima el recurso de la mercantil y condena al Consistorio a pagar alrededor de estos 400.000 euros. Tras las declaraciones realizadas por Maciá, en las que asevera que el PP se negó a abonar esta cantidad, el grupo popular ha respondido asegurando que esta situación “es una consecuencia más de la irresponsabilidad con la que se gobernó en dicha legislatura con una gestión pésima e incluso, como demuestra esta sentencia, con irregularidades y que su resultado deriva en numerosas sentencias judiciales condenatorias al ayuntamiento de Elche y que al final tienen que pagar todos los ilicitanos”.
Asimismo, y dando a entender el motivo de la negación de ese impago en 2012, apuntan que “los gastos a los que hace referencia la sentencia se realizaron vulnerando todos los procedimientos legales y administrativos que deben existir en una administración pública”. Califican de “extremadamente grave” este acontecimiento y esgrimen que se debe a una gestión municipal nefasta, realizada entonces por PSOE y Compromís.
Haciendo un paralelismo con la situación, señalan que esta alianza “nos llevó a la grave situación económica de una deuda de 220 millones de euros además de facturas en los cajones por valor de 15 millones de euros a los que hay que sumar los procedimientos judiciales como el actual que nos siguen obligando a pagar sus derroches”. En este sentido, el Partido Popular no descarta pedir responsabilidades jurídicas cuando estudien la sentencia, y asegura que se deberían asumir responsabilidades políticas directas.
