El concejal de Recursos Humanos, Ramón AbadELCHE. El caso de las exhumaciones sin contrato sigue su curso por sus distintas derivadas. En lo que toca al apartado interno, este mismo miércoles se cerraba el expediente informativo por el cual el instructor del caso, otro funcionario, trasladó al edil de Recursos Humanos, Ramón Abad, la conveniencia de abrirle un expediente disciplinario. Este tendrá que dirimir qué actuaciones adoptar, así que en los próximos días el procedimiento cambiará de instructor, en el que se ha elegido a una funcionaria que es Técnica de Administración General (TAG). Al final de uno y otro el arqueólogo tiene un plazo de diez días para recurrir las decisiones.
Hay que recordar que este expediente se abrió al detectar que parte del equipo técnico previo que analizaba la intervención a realizar en las exhumaciones formaba parte de la posterior adjudicataria, Drakkar Consultores. Un caso que se filtró al Partido Popular, quien destapó el caso, porque las actuaciones se realizaron sin relación contractual, a pesar de que por el servicio encargado se debía sacar a concurrencia pública y no como contrato menor. Unas exhumaciones cuya segunda fase, la del reconocimiento genético, ya han sido adjudicadas a la mercantil Arqueoantro.
Así pues, con este expediente disciplinario que ahora empieza y del que ya ha sido informado el arqueólogo municipal, una vez se cierre el procedimiento se elevará una propuesta de actuación al edil Ramón Abad. Este expediente puede ir desde un apercibimiento, lo más liviano, hasta una falta leve, que podría acarrear una suspensión temporal de empleo y sueldo, o el caso más extremo; una falta grave, que supondría la anulación del nombramiento del arqueólogo, que actualmente está en una situación de interinidad.
Por otra parte, cabe destacar que este expediente tan solo afecta al arqueólogo, porque según la documentación conocida del procedimiento, fue quien propuso el equipo del que algunos miembros formaban parte de la posterior empresa encargada de realizar las exhumaciones. Por lo que el TAG, técnico administrativo de Cultura que se encargó de elaborar el contrato que no se acabó rubricando, queda eximido de este proceso.
A este respecto, en la derivada política, queda por conocer qué ocurrirá con la declaración en los juzgados de la edil de Cultura Marga Antón, que aunque al principio se fijó para abril, podría tener lugar el 6 de mayo. Aunque con el informe del Secretario municipal en el que hacía una reconstrucción de los sucesivos trámites achacaba todo a una cadena de errores administrativos, incidiendo en la inexperiencia del TAG y el arqueólogo, serán los juzgados quienes tengan la última palabra. Para los socialistas, "la responsabilidad política acaba en la comparecencia y las explicaciones que dio la concejal en el pleno", señala Abad. No obstante, si el juez decide no archivar y opta por abrir juicio oral, el código interno del PSOE podría obligar a Antón a dimitir como concejal.
