ORIHUELA. El dictamen del Consell Jurídic Consultiu, de finales de junio, reconoce "la resolución del contrato" privado que todavía estaba en marcha para el Centro Deportivo Municipal de Orihuela Costa (CDM). Según explicaron ayer desde Cambiemos Orihuela, a través de una Junta de Gobierno Local extraordinaria y de urgencia, el Ayuntamiento acordó resolver el contrato del Centro Deportivo Municipal de Orihuela Costa, además de incautar la garantía de 50.000 euros que en su momento depositó la empresa adjudicataria y reclamar al contratista daños y perjuicios por casi 800.000 euros, derivados del incumplimiento del contrato y el beneficio injusto generado en torno al mismo.
Desde la Concejalía de Deportes aportan que, en estos momentos, están comprobando todo el proceso necesario que seguir "para poder abrirlo al público", aunque no han aportado más detalles, de si se municipalizará o si la firma Clequali, la mercantil que gestiona las instalaciones deportivas en el resto del municipio, pueda hacerse con la gestión.
A principios de abril, El Centro Deportivo Municipal (CDM) de Orihuela dio el cierre, después de que la Unión Temporal de Empresas (UTE) que lo gestionaba presentara un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para veinte trabajadores. Un cierre sobrevenido y que pilló a los trabajadores por sorpresa, ya que afirmaban que ni desde el Ayuntamiento ni desde las firmas responsables de la gestión les hayan avisado. La plantilla, de hecho, convocó una protesta en el propio centro y llevaban meses sin cobrar. El centro lleva cerrado desde abril, tras los incumplimientos de la adjudicataria, y el precio de los servicios, según los usuarios de la costa, eran de los más elevados de la zona, aunque no tenían otra opción para usar los servicios deportivos. Esta, la de los precios fue también una reclamación histórica de los vecinos del entorno. No obstante, el Ayuntamiento inyectaba anualmente 200.000 euros.
La decisión de cancelar el contrato fue celebrada por Cambiemos Orihuela, por un tema que llevan denunciando, según sus ediles, desde 2016. Para la formación, la gestión privada del CDM era una "auténtica estafa". Según Carlos Bernabé, edil de Cambiemos, "era la típica privatización pensada para engordar el beneficio privado de unos pocos que parasitan las instituciones y necesidades públicas, en este caso las deportivas".
A final de legislatura, Cambiemos Orihuela y Claro realizaron una moción conjunta reclamando una cancelación del contrato y una reapertura inmediata de las instalaciones con precios asequibles para la ciudadanía. Por su parte, Javier Gracia, también concejal de Cambiemos Orihuela, recordó hace unos meses que su formación denunció ante la Fiscalía Anticorrupción el contrato y gestión del CDM tras "observar irregularidades en la gestión económica del centro".
Desde la formación han asegurado que, "si bien es una buena noticia la resolución definitiva del contrato" también albergan sospechas de que el Gobierno Local pretenda "reprivatizar" el CDM, previsiblemente, para que Clequali, la mercantil que gestiona las instalaciones deportivas en el resto del municipio acabe haciéndose con él. Asimismo, en los últimos años, Cambiemos, denunció "tóxicas relaciones" entre la cúpula de dicha empresa y parte del Ayuntamiento. "El desastre del CDM debe ser una oportunidad para avanzar hacia una gestión pública, basada en la cooperación con clubs y tejido asociativo, con precios razonables y donde el interés general de la gente de Orihuela esté por encima del beneficio de unos pocos".
En febrero de 2019, Cambiemos llevó a manos de Fiscalía Anticorrupción el contrato del CDM. Según aseguró en su momento, Javier Gracia, concejal de Cambiemos: "en 2016 tuvimos conocimiento de que, previo a su adjudicación, fue encargado un informe a una empresa para el estudio de la explotación del Centro Deportivo Municipal (CDM) de Orihuela Costa". De este modo, sus pesquisas les hicieron sospechar que la misma empresa que realizó el informe tiene presuntamente una relación con la adjudicataria, y que, por ello, lo pusieron en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción. El hecho supondría, presuntamente, que la participación de la empresa que realizó el estudio diseñara un contrato a su medida, y posteriormente fuera beneficiaria, de la adjudicación.
La empresa que realizó el estudio de viabilidad de la gestión privada del CDM cobró más de 16.000 euros por un estudio que determinaba, entre otras cosas, las compensaciones económicas que el Ayuntamiento de Orihuela tendría que abonar a la adjudicataria -unos 20.000 euros mensuales-, aparte del coste para los usuarios de la costa, de los servicios. Al parecer, respaldado por dicho informe, el Ayuntamiento procedió a la licitación de la explotación del servicio, resultando adjudicataria una UTE formada por tres empresas. "Procedimos a ponerlos en conocimiento de la fiscalía, por parecernos como poco "llamativo", que el gerente de la empresa que redactó el informe indicando al ayuntamiento la cantidad que debía abonar a la empresa adjudicataria de la explotación del CDM, fuera también uno de los beneficiados en la licitación de dicho centro deportivo, al ser el gerente de una de las tres empresas que forma la UTE que gestiona el CDM Orihuela Costa", ha explicado el concejal de Cambiemos.
La formación municipalista ha denunciado, dicen, desde el principio del mandato, las graves deficiencias del servicio y las instalaciones, y los perjuicios de la ciudadanía de la costa oriolana, que no tienen acceso a instalaciones adecuadas, y cuyo precio excede, en mucho, los de las poblaciones cercanas.
En 2010 se formalizó el contrato entre el Ayuntamiento de Orihuela y la UTE para la explotación y gestión del CDM. En una de las cláusulas se incluía la construcción de un edificio de salas deportivas y en el estudio económico de viabilidad, había dos fases, una de ellas hasta 2013, y otra a partir de 2014 cuando se suponía que la nueva sala debía estar construida. La UTE mandó en otoño de ese año una propuesta para ampliar el centro con solo un plano de planta. Ya en verano de 2016, las firmas presentan una memoria en el que marcan 2015 como fecha prevista de la ampliación. Posteriormente, las empresas también sumaron más planos de ampliación y retrasaban los inicios de la obra para 2016. En otoño de 2016, desde el área de Urbanismo piden la subsanación de deficiencias técnicas del proyecto presentado. La UTE alegó afirmando que las demoras de las obras no eran su responsabilidad y pidió mecanismos para hacer posible mantener el equilibrio económico de la concesión y garantizarse el retorno de la inversión.
A principios de 2017, el Ayuntamiento requiere a la adjudicataria que cumpla con la construcción del edificio de salas de 1.000 metros cuadrados. El área de Contratación, asimismo, pidió las condiciones técnicas y económicas que el adjudicatario ofreció para la
mejora e informe de los costes derivados de la ejecución de la inversión, entre otras peticiones. En marzo de 2017 volvieron a pedir la ejecución inmediata de las obras y el contratista volvió a alegar para rechazar esa obra por causas ajenas. Después, El Ayuntamiento pidió un informe de balance económico del contrato y dio un plazo de tres meses para comenzar con las obras pactadas.
En marzo de 2018, Contratación requiere a la empresa la subsanación del proyecto para adaptarlo a la mejora inicial. Tras eso, la empresa pidió varias reuniones con el Ayuntamiento en primavera de 2018. Entonces, comenzaron los trámites de resolución y caducidad del contrato y el cálculo de indemnización por daños y perjuicios de la UTE a Orihuela. Tras la aprobación en Pleno, la empresa alegó en verano de 2018. A finales de año, el Consistorio registra informe técnico para valorar los daños y perjuicios, cuantificando en más de 643.000 euros la indemnización y otros 100.000 euros por exceso de beneficios. Ahora, se espera esas compensaciones.
Este contrato, que empezó en 2010, la adjudicación incluyó, no solo tasas por la prestación del servicio deportivo a la UTE, también la inyección de unos 2 millones de euros al cabo de doce años, en pagos anuales con el fin de hacer sostenible el contrato. Las cantidades ascienden en 2016 a 197.000 euros, en 2017 a 194.000 y en 2018 a 192.000 euros. No obstante, la UTE incumplió parte de ese acuerdo y ahora ha declarado el ERE a sus trabajadores.