El alcalde, Gabriel Echávarri, en imagen de archivo.ALICANTE. El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, ha confirmado este miércoles la sustitución del jefe técnico de la Concejalía de Comercio, Diego Agulló, por el técnico que hasta ahora ocupaba la jefatura de Infraestructuras, Javier Maestre, y la ha calificado como un acuerdo "que entra dentro de la normalidad". "Cuando hablé con la nueva concejal del área, Gloria Vara, la semana pasada ella me comentó que le gustaría formar a su propio equipo y me propuso poder nombrar a un nuevo jefe, y a mí me pareció bien", ha explicado. En esta línea, ha detallado que Agulló "lleva mucho tiempo ejerciendo sus funciones en Comercio" y que ahora se había considerado positivo sustituirlo, "no hay nada más". De hecho, como ha informado Alicante Plaza, la decisión -comunicada a Agulló el martes- se había producido al considerar la conveniencia de que la nueva concejal conformase su propio organigrama. Agulló por su parte, seguirá como jefe de servicio del área de Sanidad.
En una comparecencia ante los medios, tras recibir al equipo de balonmano de CD Agustinos por su reciente ascenso a la categoría de plata nacional, el primer edil ha rechazado que se hubiese arrepentido de mantener a Agulló al frente de la supervisión técnica de la Concejalía de Comercio cuando asumió las competencias, en 2015.
Como viene informando este diario, Agulló -imputado por un supuesto fraccionamiento de contratos en la organización de la Feria Outlet organizada por el Ayuntamiento en 2009- emitió un informe en el que expresaba sus dudas sobre la existencia de contratos troceados en relación a los 25 encargos directos por un importe menor de 18.000 euros concertados por Comercio el pasado mes de diciembre. Ese informe se emitió a posteriori, cuando los encargos ya estaban realizados, sin que en el expediente que se instruyó para tramitar los pagos constase ningún escrito de advertencia suyo con antelación.
El interventor municipal ratificó, después, esas mismas dudas, lo que llevó a la Junta de Gobierno a anular el abono de esas facturas por el procedimiento ordinario (con cargo al presupuesto municipal de 2016), para reconocerlo a través de un reconocimiento extrajudicial de crédito, al tiempo que se elevaba una consulta al Consell Jurídic Consultiu (CJC) sobre la corrección del trámite. Ese acuerdo, según viene defendiendo el alcalde, se adoptó a propuesta suya, para despejar esas dudas sobre el procedimiento administrativo seguido. El primer edil viene sosteniendo que en ningún caso se incurrió en delito puesto que se concertaron trabajos por conceptos diferentes. Además, viene recalcando que el informe de la asesoría jurídica municipal descarta cualquier tipo de irregularidad.
La anulación de las facturas derivó, después, en la presentación de una denuncia en Fiscalía por parte del PP por un supuesto delito de prevaricación administrativa. Además, el grupo municipal de Ciudadanos (C's) promovió la creación de una comisión de investigación de la que sólo se ha celebrado su sesión constitutiva, tras el recurso de reposición presentado por ese mismo partido frente a su composición y al régimen de las reuniones propuesto por Alcaldía.
