Andrés Sendagorta (IEF), María Dolores Furió (Hacienda), Maite Antón (Aefa), Joaquín Pérez (CEV) y Nacho Amirola (Ineca), durante la Jornada de la Empresa Familiar de Alicante celebrada en el Maestral. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. Las familias empresarias de la provincia de Alicante califican mayoritariamente de malo o muy malo el contexto político y económico nacional, con la crisis inflacionista golpeando la actividad tras la ligera recuperación experimentada después de las peores olas de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, son optimistas respecto a sus propias empresas y la mayoría considera que su facturación crecerá durante el ejercicio en curso, mientras más de la mitad asegura que tiene previsto aumentar su plantilla en 2022.
Son dos de las conclusiones que se pueden extraer de los resultados de la encuesta realizada por la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante (Aefa) a sus más de 170 asociados (se trata de la asociación más numerosa de sus características pese a ser la única de ámbito provincial) el pasado jueves, durante la asamblea general anual y la posterior jornada sobre la empresa familiar que se llevó a cabo en el restaurante El Maestral de la ciudad de Alicante.
Así, según los resultados de la encuesta, el 70% de los empresarios familiares de Alicante cree que su facturación crecerá en 2022, mientras que algo más del 20% considera que se mantendrá estable y menos del 10% teme facturar menos este año que el pasado. En cuanto al empleo, casi el 55% asegura que aumentará su plantilla este año, mientras el otro 45% dice que se mantendrá igual. Ninguna empresa de las que respondieron la encuesta tiene previsto reducir plantilla, según los resultados.
En cuanto a los retos que afrontan las empresas familiares, el 23% de los encuestados destaca que el principal es incrementar la facuración y la rentabilidad, un 15% señala al relevo generacional, el 13% a la competitividad, el 11% a la internacionalización y un 10,7% el tamaño. El principal valor de la empresa familiar es el emprendimiento para el 34%, y la visión a largo plazo para un 26% de los encuestados; y las principales dificultades son la competencia (23%), la rigidez en los sistemas de contratación (17%) y la falta de mentalidad (15,4%). Solo un 6% señaló al covid como dificultad para su negocio.
En cuanto al entorno social, económico y político, un 82% calificó de "muy mala" la situación política nacional, y solo un 6% la ve "muy buena". En cuanto a la situación económica, la percepción tiene más matices: casi un 40% la ve muy mala, un 30% mala, un 34% regular, y un 6% buena. En la Comunitat Valenciana la valoración es algo más positiva: un 54,5% califica de "muy mala" la situación política, pero algo más del 27% la aprueba. La situación económica aprueba para algo más de la mitad de los encuestados, aunque el 21% la califica de muy mala y el 27% de mala.
Casi el 40% de los empresarios familiares encuestados considera que la situación económica actual se mantendrá "igual" con respecto a la pandemia, mientras que un 36% cree que empeorará y solo un 26% considera que será mejor. El incremento de los costes energéticos (20,6%) es la cuestión que más puede afectar al funcionamiento de las empresas, seguida de la escasez de talento (16%) y la inminente subida de los tipos de interés (14%). La guerra de Ucrania preocupa al 13,6% de los encuestados, al igual que la escasez de materias primas.
En cuanto a la pregunta 'Qué le pediría a nuestros gobernantes para 2022-2023', las respuestas se diluyen más. Un 17,5% pide que se elimine el impuesto de Sucesiones y Donaciones, auténtico caballo de batalla de Aefa en los últimos años para evitar que se grave el momento del relevo generacional en la empresa familiar. El 15,2% propone reducir la carga tributaria sobre las empresas, en general, y un 14,9% pide adelgazar las estructuras y los costes del sector público. Casi un 13% pide simplificar la contratación laboral, y cerca de un 11,5% apuesta por permitir un mayor trasvase de agua a la Comunitat. Otras propuestas son modificar el sistema electoral español, consensuar una legislación educativa estable y una financiación más justa y un mejor reparto de infraestructuras
