El conseller de Economía, Rafa Climent, junto a la directora del Ivace, Júlia Company, y las secretarias autonómicas Blanca Marín y Clara Ferrando.ALICANTE. La Conselleria de Economía da la primera respuesta formal a los ayuntamientos con problemas para ejecutar las obras de modernización de polígonos industriales con ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), entre los que se encontraría, por ejemplo, el de la ciudad de Alicante. Lo hace a través de una carta en la que aclara las condiciones de esa línea de subvenciones para que los municipios puedan reorganizar sus proyectos sin perder esos fondos ni tener que renunciar a ellos.
En esa comunicación se matiza que el programa de ayudas del Ivace tiene un alcance bianual para los ejercicios de 2018 y 2019 y que, además, el requisito básico para que no se produzca la pérdida de esas ayudas es que se justifique que se ha gastado y ejecutado un mínimo del 50% de las obras subvencionadas entre los dos años. O lo que es lo mismo: que no hay una cuantía mínima a justificar antes de que termine este 2018. Así, la carta concreta que sólo habría riesgo de que un ayuntamiento perdiese la ayuda concedida en el caso de que no se hubiese justificado ese 50% como mínimo a cierre de los dos años, lo que obligaría a Economía a revocar la ayuda que se hubiese concedido, y a los ayuntamientos, a reintegrar lo que se hubiese recibido en 2018.
Sobre esa base, los ayuntamientos seguirían disponiendo de tiempo para continuar con la tramitación y la contratación de sus obras sin riesgo de quedarse sin los fondos concedidos. Ahora bien, en la misma comunicación remitida a los municipios sí se advierte de que "la parte del proyecto de 2018 que se ejecute en 2019, no podrá ser objeto de subvención, abonándose como máximo en 2019 la subvención que consta en la resolución para 2019". Es decir, que los municipios que no hubiesen puesto en marcha las obras comprometidas para este ejercicio sí quedan expuestas a perder esa parte de la financiación si finalmente las ejecutan en 2019. Esa condición, en consecuencia, sí podría penalizar a los ayuntamientos que no hubiesen cumplido los plazos a los que se habían comprometido al solicitar la subvención y que no hubiesen concentrado la mayor parte de sus obras en el ejercicio de 2019, como medida preventiva ante posibles retrasos en los procedimientos de redacción y contratación de proyectos.
La comunicación, a la que tuvo acceso Alicante Plaza, da cuenta, no obstante, de cuál es la situación provisional actual. Economía sigue trabajando en la búsqueda de una solución definitiva que pueda dar cobertura a todos los ayuntamientos que han informado de sus problemas para cumplir con las bases de la convocatoria por las dificultades que conlleva la tramitación administrativa, o sencillamente por no haber avanzado en ella en los plazos debidos.
Esa posible solución, que garantice condiciones de equidad respecto a convocatorias de ayudas de años precedentes o respecto a los ayuntamientos que sí han cumplido plazos, sigue pendiente tanto del informe jurídico que debe evacuar la Abogacía de la Generalitat, cuyo contenido todavía no ha trascendido, como del progreso en la tramitación de los presupuestos autonómicos para el próximo ejercicio, ahora en fase de discusión de enmiendas de los grupos parlamentarios en les Corts.
Lo cierto es que, por el momento, algunos ayuntamientos que habían logrado subvenciones para modernizar sus polígonos, como el del municipio valenciano de Buñol, han decidido renunciar a sus proyectos sin aguardar a que se conozca esa posible vía de solución en estudio.
