BENIDORM. Ecologistes en Acció estudia llegar los vertidos fecales al Parque Natural Serra Gelada a la Fiscalía de Medio Ambiente. La Generalitat Valenciana autorizó esta alternativa con motivo de unas obras durante 10 días, aunque finalmente se produjeron durante cuatro jornadas. Los ecologistas dicen no explicarse cómo se aprobó y piden la depuración de responsabilidades y comparecencias a los responsables "de este atentado ambiental". Además, avisan del "impacto negativo en la imagen y riesgo para la población de la zona ante la falta de medidas preventivas como cierre o análisis de playas".
Así lo denuncian en un comunicado en el que rechazan estos vertidos, que como ha explicado este diario, se iniciaron el pasado 12 de febrero y terminaron el 16 de febrero pasado el mediodía. Se trataba de agua sin depurar desde el aliviadero de Punta Escaleta y autorizados por la Dirección General del Agua, que dirige Sabina Goretti y que depende de la Conselleria de Medio Ambiente, tal y como apunta el escrito.
Los trabajos se están realizando en la avenida del Mediterráneo, en el bombeo número de estas aguas en su confluencia con la avenida Ametlla de Mar. Para ello, se sustituyen unos calderines sin los cuales deja de funcionar el sistema, siendo estos hechos denunciados la alternativa que se previó. Con todo, el alcalde, Toni Pérez, afirmó el mismo viernes por la mañana que se estaban realizando análisis en la zona afectada y estaban siendo resultados 'óptimos', que no excelentes como acostumbra la ciudad.
"Ecologistes en Acció exigimos explicaciones ante esta inaudita, y probablemente ilegal, autorización", remarcan, afirmando que el permiso es "inexplicable porque la propia Ley de Costas prohíbe expresamente el vertido de aguas residuales sin tratamiento previo". Asimismo, manifiestan que estos vertidos también vulneran el PORN del Parque Natural de la Serra Gelada, donde se prohíbe explícitamente el "vertido de todo tipo de residuos ya sea desde tierra o desde embarcaciones".
Ecologistes en Acció "ve una terrible paradoja este atentado ecologista perpetrado desde la propia administración al tratarse de las obras para renovar las estaciones de Bombeo (EBARs)", continúan. "Contradicción, ya que supone que unas obras que deben servir para evitar vertidos sin tratar provoquen, durante cuatro días, una cascada directa en un parque natural con miles de litros de aguas urbanas sin tratar. Se trata de la mayor contaminación de aguas fecales en el parque en los últimos 15 años", apostillan.
Desde esta organización enumeran diferentes riesgos que suponen estos vertidos, como es a la flora y fauna por contaminación del medio marino, la eutrofización del entorno, la reducción de la biodiversidad y la afección a hábitats vegetales prioritarios y endémicos provocando posible aparición de especies invasoras. A lo que añadieron la modificación de los hábitats de anidación de las aves marinas, superpoblación de oportunistas, desaparición de especies sensibles, o la degradación de la calidad del agua.
En cuanto a las afecciones a la población humana y la imagen y economía de la zona, apuntaron al riesgos de salud pública para bañistas por la incidencia del E. Coli. Desde el grupo ecologista insistieron en que "no se han tomado medidas preventivas y paliativas en las diferentes playas (como la del Racó de l’Oix) con el riesgo que ello supone para bañistas, presentes todo el año. De hecho, el verano pasado ya tuvo lugar el cierre de playas por vertidos de aguas residuales o insuficientemente tratadas en diferentes puntos de la Costa Blanca".
A su vez, remarcaron el impacto negativo en la economía e imagen de Benidorm y Altea: "La degradación del parque y su entorno baja la calidad turística al quedar dañadas playas y entorno marino, perjudicando prácticas como el submarinismo, el turismo náutico, etc. Por otra parte, también puede afectar al sector pesquero ante la reducción de la biodiversidad, así como de su calidad".
"Por todo ello, exigimos una comparecencia de la responsable de la Dirección General del Agua, Sabina Goretti, para que dé explicaciones sobre las razones y la supuesta base legal del permiso de estos vertidos. Además, también exigimos la dimisión de José Ramón González Zárate, concejal de Ciclo Hídrico de Benidorm, que presumía a principios de año que el proyecto tenía luz verde por la colaboración de EPSAR, Diputación de Alicante y Generalitat Valenciana", concluye el comunicado.