Echávarri, tranquilo pese a la Fiscalía: el despido de la cuñada de Barcala "era legal"

ALICANTE. El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, quitó trascendencia este lunes a la primera decisión adoptada por la Fiscalía a cuenta del despido de la cuñada del líder del PP, Luis Barcala, en respuesta a una denuncia presentada por dos conocidos activistas vecinales, José Luis Valdés y José María Hernández Mata. Como informó Alicante Plaza este domingo, Fiscalía habría reclamado copia del expediente sobre ese despido y sobre la situación del resto de los trabajadores interinos del Ayuntamiento de Alicante. Esa petición ya estaría atendida: la asesoría jurídica municipal remitió la documentación requerida a finales de mayo.

El primer edil dijo estar tranquilo sobre esa actuación de la Fiscalía al sostener que el despido acordado "era legal" y que había sido avalado por los técnicos de la Concejalía de Recursos Humanos. El cese de la cuñada de Barcala, ya readmitida en su puesto de trabajo, se justificaba en el decreto por el que se le comunicaba su despido con el argumento de que las funciones para las que había sido contratada habían dejado de existir. En concreto, su relación laboral con el Ayuntamiento se inició con motivo de la apertura al público de dos espacios culturales que, en su momento, requirieron de un refuerzo de personal: el MACA y Las Cigarreras. 

Con las dos instalaciones en pleno rodaje, Recursos Humanos consideró que su papel ya no era necesario. De hecho, la familiar del líder del PP ya no trabajaba en esos dos centros, aunque seguía adscrita a la Concejalía de Cultura.

El despido se precipitó después de que el PP presentase en Fiscalía una denuncia contra el primer edil por un supuesto fraccionamiento de contratos a cuenta de los 25 encargos directos, sin concurso público, tramitados desde la Concejalía de Comercio, el pasado diciembre. En ese escrito, los populares atribuían a Echávarri un delito de prevaricación administrativa al haber eludido la licitación que hubiese sido preceptiva para algunos de los servicios contratados que, agrupados, sí superaban el importe mínimo legal de 18.000 euros contemplado para los llamados contratos menores.

El primer edil sostiene que la decisión había sido avalada por técnicos de Recursos Humanos 

Echávarri admitió en su cuenta en una conocida red social y también en declaraciones públicas que el despido de la familiar de Barcala se había precipitado después de esa denuncia, por la que Fiscalía también ha abierto diligencias. En esas explicaciones, el primer edil dijo que conocía la situación irregular que afectaba a varios trabajadores interinos desde su llegada a la Alcaldía y que, hasta ese despido, había pospuesto las decisiones necesarias para su regularización.

La denuncia vecinal que ha motivado la petición de informes por parte de Fiscalía incidía en un doble supuesto que podría ser constitutivo de prevaricación: la arbitrariedad del despido de esa trabajadora y la inacción por no haber tomado ninguna decisión respecto al conjunto de los trabajadores interinos. 

Como en el caso de los contratos de Comercio, la petición de informes por parte de Fiscalía es un trámite habitual en cuanto se presenta una denuncia que, de momento, no tiene mayores consecuencias. Con todo, sí podría tener consecuencias posteriores, en el caso de que el acusador público considere que existen indicios delictivos para solicitar la apertura de diligencias judiciales, tras el análisis de la documentación solicitada.