Bellido, Giménez, Giraldo y Pavón, en la sesión constitutiva de la comisión.ALICANTE. La comisión de investigación sobre las facturas bajo sospecha de la Concejalía de Comercio volverá a reunirse el próximo viernes, 28 de julio: justo a las puertas del mes de agosto. El presidente de la comisión, el edil de Recursos Humanos Carlos Giménez (PSOE), giró este viernes la convocatoria de la segunda sesión en la que básicamente se debe fijar la metodología de trabajo. Se trata de un asunto sobre el que no llegó a tratarse durante la primera reunión constitutiva, celebrada en mayo, en la que los grupos políticos de la oposición -especialmente Ciudadanos- solicitaron la suspensión de los trabajos hasta que se cumpliese estrictamente el acuerdo plenario por el que se instaba su creación. En concreto, que se garantizase su carácter público y que se respetase la composición del resto de comisiones municipales, con dos representantes por grupo político.
Ciudadanos -el grupo que promovió la creación de la comisión de investigación en el pleno- presentó un recurso contra las condiciones en las que se había procurado su funcionamiento. El recurso se respondió cuando estaba a punto de extinguirse el plazo límite para hacerlo, a mediados de junio. Y en la respuesta se rechazaban las pretensiones de Cs: la composición se mantendría intacta (un miembro por grupo político) y, en principio, se admitía el carácter público de las sesiones al consentir la presencia de los medios de comunicación (ya se había garantizado que se difundirían las actas de las reuniones, aunque no se permitiese acudir al público) salvo que los comparecientes pidiesen expresamente respeto a su privacidad.
El recurso de Ciudadanos sobre la constitución de la comisión se respondió en junio pero no se ha vuelto a convocar hasta ahora
Con esa respuesta, Cs desistió de acudir a la jurisdicción contenciosa para facilitar que se reactivase lo antes posible la investigación sobre los 25 contratos menores concedidos como encargos directos por menos de 18.000 euros, pero por un importe global de 189.000 euros. Pero la nueva convocatoria no ha llegado hasta ahora.
Entretanto, no ha trascendido ningún avance sobre las pesquisas asumidas por la Fiscalía a instancias de la denuncia presentada por el PP en la que atribuían al alcalde y exconcejal de Comercio, Gabriel Echávarri, un delito de prevaricación administrativa al advertir indicios suficientes de un fraccionamiento de contratos por pequeños importes (encargos directos, de menos de 18.000 euros) para eludir la convocatoria de un proceso público de contratación. El propio primer edil se ofreció a la Fiscalía para prestar declaración de forma voluntaria para esclarecer los hechos y, así, tratar de evitar una citación en calidad de investigado.
