El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, de archivo. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Sin demoras. El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, ha confirmado este martes que se ha puesto a disposición de la Fiscalía Anticorrupción para acudir a declarar si se considera oportuno en relación al supuesto fraccionamiento de contratos de la Concejalía de Comercio que se le atribuye en la denuncia presentada por el PP. En una comparecencia pública, has sostenido que "de lo que se trata es de aclarlo todo y de dar todas las explicaciones que resulten necesarias porque no hay nada que ocultar ni hay ningún delito". "Esto es una denuncia política de las que nos tiene acostumbrados el PP", ha dicho, en relación a la denuncia que abanderó el exconseller de Bienestar Social, Rafael Blasco, contra el síndic del PSPV en las Cortes, Ángel Luna, en relación a la ejecución de unas reformas en su domicilio particular presuntamente costeadas por el empresario Enrique Ortiz, que el PP consideró como indicio de un supuesto delito de cohecho. Echávarri ha recordado que esa denuncia se archivó y que en la actualidad quien cumple condena en prisión es el propio Blasco tras ser sentenciado a pena de reclusión por el llamado caso Cooperación.
En esta línea, ha recalcado que no hay duda de que "lo que busca el PP con esa denuncia es su imputación, de menoscabar la imagen del alcalde de Alicante; no hay problema, saldremos reforzados de esa denuncia cuando se archive y se confirme que todo es un infamia". También en ese sentido ha anunciado que su intención es no entorpecer el procedimiento con posibles recursos como, ha dicho, sí ha venido haciendo su antecesora en el cargo, la exalcaldesa del PP, Sonia Castedo, en relación a la causa sobre el supuesto amaño del Plan General que se investiga en el caso Brugal.
Lo cierto es que con esa puesta a disposición del fiscal Anticorrupción, que ya ha requerido copia autentificada de los expedientes sobre los contratos bajo sospecha, Echávarri no solo trata de agilizar la resolución del caso. También forma parte de una estrategia para tratar de esquivar una posible citación en calidad de investigado: la nueva denominación recogida hasta ahora para los imputados,tras la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En realidad, esa hipotética citación en esos términos (como investigado) no conllevaría ninguna consecuencia más allá de la posibilidad de que Echávarri compareciese acompañado de asistencia letrada. Pero sí tendría efectos en términos de impacto en su imagen pública. Precisamente, los que se trataría de esquivar con su petición de declaración voluntaria.
El PP, por su parte, ha anunciado una ampliación de la denuncia por ese presunto fraccionamiento de contratos del que responsabiliza directamente a Echávarri como concejal delegado del área. El portavoz de los populares, Luis Barcala, ha asegurado, a través de un comunicado, que en la mañana de este martes ha registrado un escrito juntocon la entrevista al asesor de Comercio, Pedro de Gea, publicada el pasado domingo en el diario Información. El grupo popular señala en el escrito que el contenido de la entrevista publicada es "de gran trascendencia para el procedimiento que nos consta que ha iniciado la Fiscalía, teniendo en cuenta que es la persona que apoya la gestión de la citada Concejalía de Comercio".
En la citada entrevista, señala el PP en su escrito, se observa que el asesor de Comercio "reconoce abiertamente que ante la premura de tiempo se decidió utilizar la figura del contrato menor, por cuanto en el caso de llevarse a cabo mediante los trámites legales no habrían podido realizarse las actuaciones hechas por dicha Concejalía". Algo que coincide con la denuncia por presunto fraccionamiento de los contratos de Comercio, presentada por el PP, en la que se señala que "se ponía atención en que de forma deliberada se habría utilizado la figura del contrato menor para evitar tener que llevarse a cabo los trámites que, de otra manera, habrían impedido utilizar dicha figura por sobrepasar los importes que la ley establece para los mismos".
Siempre según el comunicado del PP, "en la entrevista, ante la pregunta de '¿Cómo es posible que los principales técnicos de la concejalía no detectasen las posibles irregularidades durante el proceso de contratación?', el asesor de Comercio contesta: 'El problema fundamental viene, y algunos lo desconocen o lo quieren desconocer, porque el dinero llega desde un fondo de sostenibles. ¿Qué significa? Que te lo tienes que gastar antes del 31 de diciembre. Por circunstancias del presupuesto, el dinero viene a mediados de noviembre. Teníamos dos opciones: destinar el dinero a pagar deuda del Ayuntamiento de Alicante, no haciendo nada para el comercio que es un sector muy necesitado, o recurrir a la adjudicación directa porque para concursos no da tiempo. Tuvimos esa disyuntiva, que parece que nadie ha valorado. Nosotros decidimos pensar en empresas que siempre han trabajado en comercio, que son conocidas, profesionales. No nos hemos sacado ninguna empresa de la manga. Y reitero: las campañas tenían que estar acabadas el 31 de diciembre o se perdía el dinero. Decidimos ponernos a trabajar en lo que nos habían pedido los comerciantes".
El Grupo Popular observa, en ese comunicado, que, por tanto, de la declaración del asesor de Comercio "se desprendería claramente una intencionalidad, que no desconocimiento, en el uso de la figura del contrato menor: reconoce que de seguirse los trámites legales no habrían tenido tiempo de realizar determinadas actuaciones y conscientemente, se saltaron la legalidad utilizando la adjudicación directa, esto es, contratos menores".
En otra de las declaraciones publicadas en la entrevista, según el PP, el asesor Pedro de Gea "reconoce abiertamente que el alcalde era plenamente conocedor de los hechos denunciados, al afirmar que el mismo es conocedor de todo lo que se decide en la Concejalía". Esto se demuestra en su respuesta textual después de que se le pregunte en la entrevista: 'Entonces, ¿el alcalde es conocedor de todo lo que se decide en la Concejalía de Comercio?”. Y la respuesta de De Gea es 'Sí, él conoce las decisiones que se toman aquí con los técnicos'."
Ante estas afirmaciones en las que, según el PP, se justifican los contratos denunciados porque, según afirma el asesor, "no había tiempo de sacarlos a concurso" y donde De Gea constata que el alcalde, Gabriel Echávarri, era conocedor de ello, el PP considera que "considerando de trascendencia el contenido de dicha declaraciones por lo que venimos a aportarla a los efectos de que por parte de la Fiscalía se tengan todos los medio para realizar una valoración completa de los hechos denunciados".
