La portavoz de Cs, Yaneth Giraldo, y el alcalde, Gabriel Echávarri, durante el proceso de negociación del presupuesto de 2017. ALICANTE. Ciudadanos (Cs) fracasa en su intento y no podrá conocer la posición defendida por el Ayuntamiento de Alicante en relación al supuesto fraccionamiento de contratos al que pudo recurrirse para organizar la I Feria Outlet celebrada en la Zona Volvo del Puerto de Alicante, en 2009. Se trata de las adjudicaciones directas por un importe superior a los 44.000 euros que -como informó Alicante Plaza el viernes- sentarán en el banquillo de los acusados al exconcejal de Comercio por el PP, Antonio Sobrino, y al exjefe técnico de la concejalía, Diego Agulló. Ambos se enfrentan a siete años de inhabilitación para el desempeño de cargo público, de acuerdo con la petición provisional de penas formulada por el Fiscal Anticorrupción, que considera a ambos responsables de un delito de prevaricación administrativa. El Ayuntamiento de Alicante está personado en la causa como parte perjudicada.
La portavoz municipal de Cs, Yaneth Giraldo, cursó una petición por registro el pasado 14 de noviembre con la intención de obtener "copia de toda la documentación" presentada por el Ayuntamiento de Alicante al Juzgado de Instrucción número 8 que ha abierto juicio oral contra los dos investigados. Entre esa documentación, Cs pone el foco en el escrito por el que "se solicita que se sobresea la causa abierta por prevaricación" contra Sobrino y Agulló, "así como el expediente de asesoría jurídica, si lo hubiera", en relación al caso.
Cs pretendía conocer cuáles eran los argumentos jurídicos en los que se había apoyado esa decisión (la petición de que la causa se archivase para los dos procesados), toda vez que el ayuntamiento estaba personado en las diligencias precisamente en defensa del interés público que pudiese haberse visto lesionado en un procedimiento de contratación en el que el juzgado ha advertido indicios de delito. ¿Qué interés público pudo haberse visto afectado? Según Cs, el hecho de que se pudiese haber fraccionado el encargo del montaje de la feria para eludir la convocatoria de un concurso pudo haber impedido la libre concurrencia de empresas en régimen de competencia, con ofertas por precios diferentes, lo que podría haber deparado un ahorro para el ayuntamiento.
La respuesta a esa petición llegó este lunes en forma de desestimación a través de un decreto de la Alcaldía-Presidencia, firmado por el vicesecretario del Ayuntamiento, adscrito al Departamento de Servicios Jurídicos: es decir, la única área de la que todavía se responsabiliza el alcalde, Gabriel Echávarri (PSOE), después de la salida de Compromís y Guanyar del equipo de Gobierno. En ese decreto, fechado el viernes, se resuelve que la información solicitada por Cs "no se refiere a documentos que formen parte de expedientes, archivos o registros municipales formados en ejercicio de las funciones que la ley atribuye a la Administración Local y cuyo acceso garantiza a los concejales al artículo 77 de la citada Ley 7/1985, sino a documentación que forma parte de un proceso judicial y que no puede tener otro uso que el previsto por las normas que lo rigen".
Es decir, que no se trata de una documentación a la que la oposición tenga derecho de acceso "para el ejercicio de su función" que se les reconoce en esa Ley de Bases de Régimen Local. Eso sí, la resolución deja la puerta abierta a que Cs pida esa documentación ante "el órgano competente de la Administración de Justicia, ante el que deberá solicitarse, no siendo competente esta Alcaldía para permitir el acceso a los autos a personas no autorizadas judicialmente". La denegación de acceso a la información solicitada es recurrible ante el Ayuntamiento en el plazo de un mes, o bien en la jurisdicción contencioso-administrativa en dos meses.
Como señaló Cs el pasado viernes, se da la circunstancia de que el presunto fraccionamiento que se juzgará en relación a la celebración de esa Feria Outlet es similar al investigado en el llamado caso Comercio, que ha derivado en el procesamiento de Echávarri, de su jefe de gabinete, Lalo Díez y del asesor de Comercio, Pedro de Gea, a expensas de lo que pueda suceder con sus recursos ante la Audiencia Provincial. La portavoz de Cs sostuvo, en sus declaraciones del viernes, que el juicio contra Sobrino y Agulló "agrava más si cabe la situación judicial, también política, de Gabriel Echávarri" al recordar que "el alcalde se encuentra a la espera de juicio oral por un asunto idéntico como es el presunto troceamiento de contratos en la campaña de promoción comercial delas Navidades de 2016, siendo él concejal de Comercio".
El portavoz del grupo municipal de Compromís, Natxo Bellido, emplazó este lunes a sus exsocios de PSPV y Guanyar a salir "del lodazal" en el que, a su juicio, están metidos con comunicados cruzados desde que la coalición dejó al partido socialista solo al frente del equipo de Gobierno el pasado miércoles. Bellido señaló que le da "pereza" ese cruce de ataques y apuntó que Compromís seguirá trabajando "para que en un futuro" haya un equipo de Gobierno "plural y progresista".
No obstante, incidió en que la situación es "responsabilidad" del PSPV que "no asume" y, por ello, señaló que espera de Gabriel Echávarri que diga que "dimite". "Lo primero que tiene que hacer es decir que tiene que dimitir, y todo lo demás sobra. Después ya podremos hablar de muchas otras cosas", siguió. "Es obvio que ni por lo que hace referencia a la política ni a la gestión es normal este gobierno", continuó, preguntado por la decisión del alcalde de repartir las competencias entre sus cinco ediles.
Bellido insistió en que "no es lo que votó la ciudadanía" y que se mantiene el "pero" de un alcalde que está "inmerso" en varias cuestiones judiciales. "Y eso, cuanto antes lo aclaremos, mejor", dijo. "Política y juzgados deben estar separados con el cambio", añadió. Preguntado por el anuncio de su exsocio, el líder de Guanyar Miguel Angel Pavón, quien avanzó que tenía el compromiso de apoyo del concejal número 15 para conformar el nuevo equipo de Gobierno, Bellido reclamó "más prudencia"y le recomendó tener los contactos de manera "discreta". Con todo, recalcó que ese proceso "no puede avanzar" mientras no se produzca la salida de Echávarri.
"Esto se puede hacer eterno y esta situación solo puede ir a peor. Por eso, hace tiempo que venimos exigiendo al PSPV que tome decisiones porque lo más normal es que esta situación se haga más difícil de gestionar, la bola mediática se haga más grande, que no se hable de otras cosas; que le interesan a la gente en el día a día", opinó. En ese sentido, consideró que si "en los primeros meses de 2018" no se logra una resolución, "veo muy complicado que se pueda resolver porque ya estaremos todos en otras cuestiones, con la mirada en 2019".
El portavoz adjunto de Guanyar, Víctor Domínguez, también abundó en la exigencia de dimisión del primer edil y restó validez a sus anuncios sobre el descarte a la reconstitución de un gobierno formado integrado por el PSOE y la plataforma electoral que lidera EU. Domínguez señaló que Echávarri "también dice que no va a dimitir y eso no se lo cree nadie en Alicante". "Nosotros no tenemos nada en contra del PSOE, volveremos a hablar y seguimos hablando", añadió. También se refirió a la dificultad de gestionar con sólo seis concejales por la carga de trabajo que supone y alertó de que, en parte, la situación en la que se encuentra el Ayuntamiento deriva de que "el alcalde delegó parte de sus funciones en asesores" por lo que deseó que "no vuelvan a suceder episodios similares".
