El exconcejal Antonio Sobrino (derecha), durante su aparición en un programa televisivo de la cadena Cuatro.ALICANTE (EFE / AP). El Juzgado de Instrucción número 8 de Alicante ha abierto juicio oral por un delito de prevaricación al exconcejal de Comercio José Antonio Sobrino (PP) y al ahora exjefe de servicio de ese departamento municipal, Diego Agulló, por la supuesta adjudicación irregular de contratos de la I Feria Outlet, celebrada en 2009. Agulló es, precisamente, el mismo técnico que evacuó un informe en el que expresaba sus dudas sobre la existencia de un posible fraccionamiento de contratos en los 25 encargos directos registrados entre noviembre y diciembre de 2016 en esa misma concejalía: justo las contrataciones que han dado lugar a las diligencias por las que se plantea procesar al alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, y a dos de sus asesores, el jefe de gabinete de Alaldía, Lalo Díez, y el asesor de Comercio, Pedro de Gea. En esas diligencias, Agulló sostuvo -en su declaración como testigo- que él no había participado en esos encargos bajo sospecha y que no había podido informar sobre ellos antes de que las facturas se elevasen a la Junta de Gobierno para la aprobación de su pago.
Las defensas, por su parten, han tratado de aportar diversa documentación sobre otros encargos similares relacionados con la gala de entrega de premios de Comercio en años precedentes en los que la organización de ese acto se tramitó del mismo modo, sin que ni Agulló ni ningún otro técnico municipal pusiese reparo alguno. En base a esa documentación, las defensas solicitaron que Agulló y la jefa del departamento volviesen a declarar como testigos, pero la titular del Juzgado de Instrucción número 9 lo desestimó. Las defensas ya han recurrido esa desestimación de la prueba solicitada.
El proceso relacionado con la Feria Outlet que ahora llega a juicio constituye una pieza separada del denominado caso Isjoma, en el que se investiga la adjudicación del contrato para el montaje de escenarios e infraestructuras para fiestas y eventos municipales y en la que están investigados, entre otros, los también exconcejales Andrés Llorens y Juan Zaragoza, ambos también cargos electos por el PP. El auto establece que la vista oral deberá celebrarse en la Audiencia Provincial de Alicante.
La Fiscalía Anticorrupción solicita provisionalmente penas de siete años de inhabilitación para el desempeño de cargo público por un delito de prevaricación. Según la acusación pública, el entonces concejal suscribió un contrato de servicios por 42.000 euros que adjudicó directamente a una empresa "conforme al procedimiento negociado sin publicidad", aunque excedía del límite legal de 18.000 euros y requería, por tanto, de la convocatoria de un concurso público.
Más tarde, Sobrino y el ya exjefe de servicio de la concejalía, Diego Agulló, "perfectamente conocedores de lo ocurrido, aprobaron pagos fragmentados del contrato inicial, haciéndolos pasar por contratos menores", aunque todos ellos obedecían al mismo objeto, relata la acusación pública en su escrito de conclusiones. Anticorrupción sostiene que dos patrocinadores pagaron dos de estas facturas y el ayuntamiento abonó otras cuatro que superaron un importe total de 26.320,09 euros, lo que "seguía superando le límite del contrato menor de suministros". Finalmente, el Ayuntamiento abonó a la empresa, contando el IVA (16%), 30.531,11 euros por dicha feria, que se celebró en la zona Volvo del puerto de Alicante entre el 9 y el 12 de octubre de 2009.
El titular del juzgado de Instrucción 8 de Alicante, Ángel Villanueva, ha decretado ahora la apertura de juicio oral contra Sobrino y Agulló pese a que el Ayuntamiento, personado como perjudicado en la causa, había solicitado su archivo, como refleja el propio auto.
