Echávarri, en manos de la cuñada de Barcala y de su exsocio de Guanyar

ALICANTE. El exalcalde de Alicante por el PSOE, Gabriel Echávarri, vuelve a sentarse este jueves en el banquillo de los acusados ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia en la segunda sesión del juicio por el despido de una trabajadora municipal, cuñada del actual primer edil, Luis Barcala (PP). Como viene informando Alicante Plaza, los hechos juzgados se remontan a abril de 2017: Echávarri ordenó el polémico despido justo después de que Barcala (entonces líder de la oposición) acudiese a la Fiscalía para presentar una denuncia por un supuesto fraccionamiento de contratos. Justo la que dio origen al llamado caso Comercio, que ya ha motivado la primera sentencia condenatoria para el exprimer edil.

Echávarri -que, a diferencia de lo que sucedió en el juicio sobre los contratos de Comercio, este miércoles sí decidió responder a todas las preguntas que se le formularon- defendió cuatro ideas centrales durante su declaración ante el tribunal. Primero, que el despido fue legal porque así lo avalaron los técnicos municipales de Recursos Humanos que instruyeron el expediente. Segundo, que no fue una "venganza" ni una "represalia" por la denuncia sobre los contratos de Comercio. Es más, dijo que el hecho de que Catalina Rodríguez fuese cuñada de Barcala no fue una condición que determinase su despido. 

Tercero, que actuó por miedo a que alguien le pudiese presentar una denuncia por mantener a trabajadores interinos contratados sin cargo a plaza, en situación irregular. Es decir, por perpetuar contratos que se habían efectuado para cubrir una labor concreta cuando esa función ya estaba extinguida. Lo cierto es que esa denuncia se acabó presentando, pero después de que se produjese el controvertido cese: dos activistas vecinales pidieron que se investigase la continuidad de los interinos en situación irregular, además de ese despido selectivo mientras se mantenía a otros. Y cuarto, Echávarri explicó que acordó el cese de Catalina Rodríguez en concreto porque era el nombre que los sindicatos y "todo el mundo" le apuntaba como "la situación más flagrante". "Por alguien tenía que empezar", añadió. 

La cuestión es que, como apuntó el fiscal del caso, José Llor, después de ese primer cese no hubo más despidos. Y tampoco se acordaron antes, pese a que, como apuntó Echávarri, él mismo había pedido en diciembre de 2016 que se le facilitase una lista de personas que estuviesen contratadas en situación irregular "sin haber superado un concurso de capacidad y méritos como el que se exige a cualquiera que quiere trabajar en el Ayuntamiento solo por ser primo o amigo de quien fuesen". 

Así, todo parece indicar que la incógnita que el tribunal debe desentrañar a la hora de dictar sentencia es si en ese cese de una persona concreta pudo existir discrecionalidad e intencionalidad. Y, además, si fue consciente (a sabiendas) con la voluntad de causar un perjuicio directo o indirecto a alguien (en este caso, a Barcala, a través de su cuñada). Es decir, justo la versión que sostiene el fiscal para pedir que se le condene a 10 años de inhabilitación por un delito de prevaricación.  

Por lo pronto, la propia trabajadora despedida (y luego readmitida) y el exconcejal de Cultura por Guanyar, Daniel Simón, pueden acabar ofreciendo las claves definitivas para decantar el criterio de los magistrados. Los dos están citados para prestar declaración este jueves, en la segunda sesión del juicio.  

A priori, Rodríguez deberá explicar las circunstancias de su relación laboral con el ayuntamiento. Según trascendió cuando se produjo su cese, fue contratada sin cargo a plaza en 2007 como técnico de museos con motivo de la puesta en marcha del Museo de Arte Contemporáneo y del centro cultural Las Cigarreras. Su contratación se habría producido a través de un proceso de selección organizado por el Servef. En diciembre de 2015, fue trasladada a otro espacio expositivo también adscrito a la Concejalía de Cultura: la Lonja del Pescado.

Por su parte, el exedil de ese departamento, Daniel Simón, tendrá que explicar el contenido del informe solicitado a su concejalía en el que se certificaba que no se había solicitado prescindir de ningún trabajador del departamento puesto que todos resultaban necesarios. En el momento de los hechos, Simón compartía responsabilidades de gobierno con el PSOE en el tripartito que se conformó tras las municipales de 2015. Eso sí, en abril de 2017, las relaciones entre los tres socios (el tercer componente era Compromís) ya se habían enrarecido después de dos años de fricciones en los que se registraron varios episodios de desconfianza recíproca. El estallido del caso Comercio complicó la convivencia entre los tres socios. Y el despido de la cuñada de Barcala no tardó en dinamitar su pacto.