Echávarri aplaca a los funcionarios tras la ruptura del tripartito y promete regular a los interinos

ALICANTE. Echávarri toma la delantera y trata de aplacar la preocupación generada entre los funcionarios sobre el nuevo régimen de organización interna tras la salida de los ocho concejales de Compromís y Guanyar del equipo de Gobierno. Lo hizo justo este miércoles, en una reunión de la Junta de Personal convocada por iniciativa propia antes de que fuesen los sindicatos quienes la solicitasen, como habían anunciado representantes de los trabajadores a Alicante Plaza. De hecho, el primer edil les citó este martes, justo cuando se estaba tramitando la petición de reunión. 

En ese encuentro, celebrado a primera hora de la mañana, el primer edil trasladó un mensaje de tranquilidad a los responsables de los cinco sindicatos con representación municipal (SEP, CCOO, UGT, SPPL y Csif) y les emplazó a hacerlo extensivo a todos los trabajadores al asegurar que la nueva situación del equipo de Gobierno, formado ahora por sólo seis concejales, no iba a afectar en nada al día a día de sus puestos de trabajo. La presidenta de la Junta de Personal, Cristabela Zornoza, apuntó que el primer edil llegó a reconocer que el Ayuntamiento se gestiona prácticamente al 99% por la labor que desempeñan sus trabajadores, que son los que tramitan los expedientes, mientras que los políticos sólo se encargan de establecer directrices, así que, a juicio del primer edil, no afectaba en nada que antes hubiese 14 concejales y ahora sólo seis. Es más, les manifestó que, en todo caso, quienes sí van a asumir mayor carga de trabajo son él mismo y sus cinco compañeros de filas al tener que responsabilizarse de más delegaciones. "Nos ha comunicado que el único cambio es que si antes había un concejal para cada área, ahora habrá uno para cada cuatro o cinco", abundó Zornoza.

La Junta de Personal le conminó a cumplir los compromisos adquiridos en 2015 y el primer edil garantizó que lo haría

Como publicó este diario, lo cierto es que entre los funcionarios había cundido la incertidumbre ante el anuncio de que las delegaciones que manejaban los exsocios de gobierno del PSOE iban a quedar en manos de los componentes de la Junta de Gobierno de manera colegiada, ya que eso generaba dudas sobre una posible ralentización en el proceso de toma de decisiones y sobre quién debía firmar la adopción de acuerdos como la suscripción de contratos, por ejemplo.

Los representantes sindicales aprovecharon el encuentro con el primer edil para volver a plantearle el listado de propuestas y reivindicaciones que la Junta de Personal ya le presentó tras su toma de posesión, en julio de 2015. En esa lista, de 14 puntos ampliados ahora con otros seis, figuran tres peticiones fundamentales: la negociación de la carrera profesional para que pueda producirse la promoción de los trabajadores; la negociación de una Relación de Puestos de Trabajo; y la aprobación de ofertas de empleo público, mediante concurso-oposición que permitan la consolidación del personal que ahora ejerce funciones con carácter interino.

Según fuentes sindicales, Echávarri sostuvo que no había olvidado esos compromisos con la parte social del Ayuntamiento y que su intención era poder cumplirlos todos antes de que expirase el mandato, en 2019. De hecho, el de la regulación de los funcionarios fue el compromiso político al que aludió en su declaración en Fiscalía para justificar el despido supuestamente irregular de la empleada municipal familiar del portavoz del PP, Luis Barcala (que decidió sólo para ella después de que los populares presentasen su denuncia por el presuntoo fraccionamiento de contratos de la Concejalía de Comercio) por el que ahora deberá declarar como investigado (la figura que sustituye a la antigua imputación) en el Juzgado de Instrucción número 2, al señalar que esa interina se encontraba en una situación de fraude de ley (con el objeto de su contrato ya extinguido, después de haber accedido a su puesto sin superar una oposición).  En esta línea, emplazó a los representantes de los trabajadores a mantener un nuevo encuentro, el 1 de diciembre, para concretar qué peticiones de esa lista ya están en trámite y establecer un calendario para el resto. En la reunión participaron el concejal de Recursos Humanos, Carlos Giménez, y el jefe de gabinete de Alcaldía, Lalo Díez.