La zona comercial de La Estación, vacía. Fotos: RAFA MOLINA. BENIDORM, (EFE). El Ayuntamiento de Benidorm deberá votar el próximo lunes en pleno la liquidación del contrato de gestión de la estación de autobuses y el inicio de la nueva licitación, aunque dos informes contradictorios, de Intervención y de Secretaría, podrían motivar que el asunto se quedara sobre la mesa.
La propuesta a pleno pretende dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) de 2007 que obligaba a licitar de nuevo las instalaciones, para lo cual es necesario dar por finalizado el actual contrato, con una mercantil de Enrique Ortiz, y fijar la compensación a la mercantil por las obras realizadas. Y es ahí donde surgen los principales problemas.
Por un lado, un informe de Intervención firmado por el interventor y tres técnicos del departamento sostiene que procede declarar la resolución del actual contrato.
Como consecuencia de ello establece dos opciones: "la eliminación física de todo lo ilegalmente construido" o "el mantenimiento de las instalaciones", las cuales deberían valorarse "de cara a compensar al contratista de los gastos soportados por las construcciones" que retornarán al consistorio.
En ese sentido, dicho informe señala que la valoración adecuada de la compensación puede realizarse "partiendo de la tasación ya aprobada en el pleno" o "realizando una tasación expresa de lo realmente entregado en el estado en que se encuentra a fecha de hoy"; es decir, una nueva tasación.
Una vez resuelto el actual contrato de gestión y fijado el valor y destino de las instalaciones, el departamento de Intervención estima que debería procederse a la nueva licitación para lo cual ha de tramitarse "un contrato de concesión de servicio respecto de la propia estación" y otro contrato en relación con "la gestión de la zona comercial". De hacerse así, considera el interventor que "se entendería adecuadamente cumplida la sentencia".
Sin embargo, hay otro informe del secretario municipal que echa por tierra buena parte de las consideraciones de Intervención. En este informe el secretario califica de "confusas y en ocasiones contradictorias" las reflexiones hechas por el interventor. Añade que el informe en cuestión "más parece un conjunto de opiniones personales" y que "carece del necesario rigor y fundamento jurídico".
Pero, además, critica los aspectos numéricos que se recogen en el citado informe para afirmar que "da la impresión de que no se han utilizado iguales criterios" y que "desconoce e ignora los acuerdos que ha tomado el Ayuntamiento" sobre el particular.
El documento de Intervención está firmado por cuatro personas y a ello se refiere el secretario municipal cuando indica que "lo más grave" del informe "es que al menos la mitad de los firmantes participaron en diversas reuniones para proponer la solución que finalmente adoptó el pleno" en febrero de 2014.
Por todo ello, el secretario concluye que el informe de Intervención "debe ser desestimado en sus consideraciones por indebido en su formulación".
A lo que añade que, "además de falto de justificación en su fundamentación", su aplicación podría suponer un "alto riesgo para el interés público municipal por cuanto podría resultar gravemente dañino al presupuesto municipal", además de advertir de las "previsibles consecuencias" de las reclamaciones en curso y las que se puedan plantear en el futuro.
Fuentes del equipo de gobierno municipal han dicho que, en principio, el punto será debatido a la vista de los informes, aunque no descartan que algún grupo de la oposición pueda pedir que el mismo se quede sobre la mesa.
De momento, la intención es dar por válida la cantidad a favor de Ortiz de 29,7 millones de euros más el IVA, resultante del valor de la obra adjudicada y explotada y de la parte que se hizo sin licencia y que no se utiliza.
A esa cantidad hay que descontarle las obras ya amortizadas en los diez años que la infraestructura lleva en funcionamiento.
Igualmente, el ayuntamiento tiene que ingresar el canon anual que la empresa nunca ha pagado, por lo que la cuantía final a entregar a Ortiz "se reducirá sensiblemente", según ha explicado la concejala de Contratación, Lourdes Caselles.
De cualquier forma, el dinero que habrá que abonar a la empresa "se hará una vez adjudicado el nuevo contrato y siempre y cuando sea una nueva empresa la que asuma la gestión y explotación de las instalaciones", según fuentes municipales.
