ALICANTE. El centro de congresos de Alicante entra en una nueva fase: la de la planificación del inicio de obra y su futura gestión. La Diputación y el Ayuntamiento de Alicante acaban de cerrar los últimos flecos del concurso de anteproyectos convocado para seleccionar el diseño del edificio (y del centro operativo de Suma anexo) al asumir la propuesta escogida por el jurado de expertos: un acuerdo que, de hecho, quedó refrendado este martes en la Junta de Gobierno del ayuntamiento de la capital.
Además, la institución provincial se encuentra inmersa en el proceso de entrega de los premios económicos previstos para las propuestas clasificadas entre las cinco primeras posiciones, una vez descartada toda posible incidencia sobre el fallo del jurado, tras la inadmisión del único recurso presentado por un particular frente a esa resolución. Se trata de un acuerdo que permite despejar la firma del contrato por el que se producirá el encargo de la redacción del proyecto de ejecución a la alianza de gabinetes de arquitectura que se impuso en el concurso: la formada por Frade Arquitectos, Luca Poian Forms Limited y Prointec, que concurrió con una propuesta inspirada en una fortaleza, bajo el lema de 'San Carlos'.
De ahí que, al tiempo, las dos administraciones hayan iniciado ya los primeros contactos para constituir el órgano de gestión encargado de determinar la financiación y ejecución de la construcción del complejo, primero, y cuál debe ser la fórmula indicada para regular su posterior explotación, después. Ese foro, que debe quedar integrado por representantes de Diputación, del Ayuntamiento y también de la Autoridad Portuaria, será el encargado de concretar quién asume la responsabilidad de licitar las obras (a priori, debería ser la institución provincial) en cuanto esté concluido el proyecto de ejecución, y cómo será el reparto definitivo de su financiación, sobre la premisa inicial por la que se convino que la Diputación sufragaría dos tercios de su coste, mientras que la administración local completaría el tercio restante.
Además, ese órgano de gestión también deberá dilucidar qué modelo concreto puede resultar el más indicado para decidir sobre la programación del edificio y para diseñar su estrategia de captación de eventos con el fin de que pueda acoger el mayor número de encuentros profesionales posible, toda vez que se aspira a disponer de un edificio que albergue actividad diaria. Hasta el momento, se había anticipado la posibilidad de que esa gestión quedase a cargo de un consorcio público en el que, además de la Diputación y el Ayuntamiento, también podría tener cabida la Generalitat.
En paralelo, la Diputación también ha dado traslado del anteproyecto seleccionado por el jurado de expertos a la Autoridad Portuaria con el propósito de que sus técnicos puedan promover la modificación del Plan Especial del Puerto de Alicante (PEPA) que resulta necesaria para que el complejo pueda tener encaje entre las explanadas de los muelles 7 y 9, a espaldas del edificio de Distrito Digital (DD5). Se trata de una adaptación a la que no podía darse impuso hasta que no se contase con los parámetros básicos sobre las características del edificio (o conjunto de edificios) en cuestiones como su volumetría y su disposición concreta.
En esta línea, el acuerdo por el que el Ayuntamiento asume el anteproyecto seleccionado también incluye el compromiso de acelerar la parte de la tramitación que le pueda corresponder respecto a la modificación de ese documento urbanístico que, en último término, debe quedar validado por la Generalitat, a través de la Conselleria de Agua, Medio Ambiente, Infraestructuras y Transportes. Todo, después de que la Autoridad Portuaria ya haya elevado a la consideración del Gobierno, a través de Puertos del Estado, otra de las modificaciones indispensables para que el proyecto sea viable: la adaptación de la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP). Por el momento, no ha trascendido que se haya producido la validación del cambio sometido a evaluación en febrero de 2023.