El alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el presidente de la Diputación, Toni Pérez, observan los planos del proyecto seleccionado para diseñar el edificio del centro de congresos. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El concurso de anteproyectos puesto en marcha por la Diputación para seleccionar el diseño del centro de congresos de Alicante y del centro operativo de Suma entre los muelles 7 y 9 del Puerto queda cerrado de forma definitiva. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) acaba de inadmitir el único recurso presentado contra el fallo del jurado de expertos que se designó para escoger la propuesta ganadora, lo que abre paso a que el equipo de gobierno de la institución provincial, del Partido Popular (PP), pueda promover la contratación efectiva de la redacción del proyecto de ejecución de esos dos edificios.
El TACRC entiende ahora que dicha impugnación, presentada por un particular, no puede ser sometida a análisis en la medida en que el recurrente que la registró carece de legitimidad para intervenir en el concurso en la medida en que no tuvo ninguna participación en él y, en consecuencia, no sería parte interesada de forma directa en su devenir. O lo que es lo mismo, que no podría considerarse afectado por la decisión del jurado puesto que no intervino en ninguno de los equipos que presentó propuesta arquitectónica.
De este modo, el TACRC no llega a pronunciarse sobre el motivo en el que se sustanciaba la impugnación: el supuesto incumplimiento de las bases del concurso, después de que se alegase que el diseño seleccionado no garantizaba que la permeabilidad peatonal en todo el perímetro de los edificios a construir por la disposición de uno de los extremos del auditorio junto a la lámina de agua. En todo caso, los servicios jurídicos de la Diputación y el departamento de Arquitectura ya habían previsto su contraargumentación al respecto: que esa condición quedaba incorporada en las bases del concurso como un aspecto a tener en cuenta, pero no como un requisito obligatorio e ineludible.
Sea como fuere, el descarte de ese recurso notificado ahora elimina el último obstáculo que bloqueaba la continuidad del proceso, por lo que no existe ya ningún impedimento administrativo asociado al desarrollo del concurso que justifique el retraso de la encomienda del trabajo a través del impulso del procedimiento negociado sin publicidad contemplado en las bases de la convocatoria.
Ese encargo debe formalizarse ahora con los gabinetes de arquitectura que presentaron la propuesta escogida como ganadora bajo el lema San Carlos. Se trata de la alianza formada por los estudios Frade Arquitectos, Luca Poian Forms Limited y Prointec, que apostaron por un diseño inspirado en el concepto de una fortaleza con la disposición de tres edificios interconectados: dos torres que albergarían el auditorio y las oficinas de Suma en sus extremos, interconectadas por un edificio de uso polivalente que haría las veces de aparcamiento.
El importe de esa encomienda -que incluye tanto la redacción del proyecto de ejecución como la dirección de obra- quedaría tasado en de 8.193.277,31 euros (impuestos incluidos), al margen de los 108.900 euros (impuestos también incluidos) previstos por haber obtenido el primer premio, como también se establecía entre las condiciones del proceso. Y el proyecto en sí mismo, debe quedar concluido en un plazo de seis meses desde la formalización del contrato, salvo que se aleguen imprevistos que pudiesen justificar la concesión de un plazo adicional.
En principio, fuentes de la institución provincial consultadas por Alicante Plaza señalaron que el impulso de esa contratación será inminente, aunque está por ver si se cuenta con disponibilidad de crédito presupuestario para que pueda producirse su firma. Por lo pronto, todo parece indicar que, de no existir demoras, el proyecto podría quedar terminado en la segunda mitad de 2025, con lo que la licitación de la realización de las obras podría promoverse antes de que concluyese ese año. Eso sí, siempre que para entonces se haya aprobado las modificaciones de dos documentos clave, el Plan Especial del Puerto como de la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP), que resultan necesarias para que los dos edificios tengan encaje urbanístico en el Puerto.
En ese caso, el inicio de la construcción propiamente dicho podría producirse entre finales de 2025 y principios de 2026. Eso sí, los dos inmuebles no estarían concluidos antes de que termine el mandato actual, en 2027. En las bases del concurso se establecía que los proyectos presentados debían ser ejecutables en un plazo máximo de 30 meses, lo que supone que su construcción se prolongará como mínimo durante dos años y medio, siempre que no haya incidencias sobrevenidas que retrasen su evolución.
