ELCHE. A principios de año el Plan de Acción Territorial (PAT) para Alicante Elche generaba polémica por los supuestos perjuicios que podría tener este para la ciudad ilicitana, teniendo en cuenta que el área metropolitana beneficiaría más a la capital, defendían sus detractores. Un rechazo a esta área que también apoyó la oposición. Tras las críticas desde diferentes flancos, la Dirección Territorial de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, encargada de coordinar este plan, ha cedido a las propuestas realizadas, ahora la denominación del Patae habla del área funcional, con dos polos que interactúan entre sí, Alicante y Elche.
A ese respecto, precisamente el presidente de la Diputación César Sánchez hablaba hace unos días de la bicapitalidad entre Alicante y Elche, pues el riesgo de que esta última quede en un segundo plano es una de las reticencias que ha habido no sólo desde el anuncio de este plan, también en otros anteriores. Para que no vuelva a caer en saco roto esta iniciativa, el martes se reunieron en Elche el director territorial Josep Luis Ferrando y los técnicos redactores del proyecto con agentes sociales de la ciudad. Entre ellos, miembros de Asaja, Elche Piensa, el Plan Estratégico o el Parque Empresarial.
Quienes llevaron la batuta en algunas de las propuestas para Elche fueron precisamente técnicos de las áreas de urbanismo y patrimonio del Ayuntamiento, que reflejaron una pequeña batería de medidas de todas las que han planteado para el documento. En primer lugar, expusieron que debería estar en el área de influencia el municipio de Monforte del Cid, que linda con Elche y Alicante y con el que se comparten sierras y áreas protegibles. Por lo tanto, plantean que el plan, que afecta a una población de 800.000 personas, incluya 21 municipios, y no 20 —originalmente eran 14, pero se sumaron 6 más por el área de influencia de Elche con San Fulgencio, Dolores, Catral, Aspe y los dos Hondones—.
En ese sentido, expusieron que ante un territorio tan grande y complejo es difícil en ocasiones ver las realidades que enmascara, como la diferencia de renta bruta entre las dos ciudades, Alicante con 24.000 euros y la de Elche con 19.000, es decir, más de un 15% más baja que la de la capital. Por eso entienden que este plan debe tender a que la renta ilicitana, como otros aspectos, se equilibre con la alicantina. De hecho, expusieron que hay una relación desequilibrada entre ambas ciudades porque la mayoría de infraestructuras y servicios han ido a parar a la capital, limitando la capacidad de influencia de Elche. Más ejemplos de este desequilibrio, son no sólo el de la renta, también que los 17 edificios de la Diputación están en Alicante, y que mientras Elche avanza lentamente con el desdoble de la carretera hacia Santa Pola, para el Tram hay un presupuesto de 10 millones de euros.
Como áreas de oportunidad en las que incide el plan, propusieron entre otras la antigua terminal del aeropuerto y su segunda pista —ahora es una hipoteca en el PGOU la reserva de suelo para equipamiento—, el rescate del Porta d’Elx, la nueva estación de AVE y en las relaciones que desde esa estación pueden salir no sólo entre Alicante y Elche, sino también con la Vega Baja o los pueblos del Medio Vinalopó, así como actuaciones en las sierras que se prolongan a otros términos municipales como el de Crevillente. Otros asistentes también propusieron la potenciación del Camp d’Elx y de la huerta de la Vega Baja, así como la creación de una red de comunicación hídrica para paliar los problemas con el agua de la zona.
Asimismo, a nivel general, Ferrando explicó que Elche no tiene por qué desarrollarse únicamente en el plano industrial y enfatizó en que ha de ser el núcleo referente del sector terciario. Respecto a los tiempos del plan, indicó que tras este primer análisis y diagnóstico se tendrán que seguir recibiendo propuestas para la mejora económica y social, detectando los puntos de oportunidad y asentamientos económicos a explotar y mejorar los sitios a preservar naturalmente. Los plazos que se manejan son poder presentar algún borrador escrito durante este año, negociarlo con todas las entidades y agentes implicados y que pase a exposición pública 45 días. No obstante, no se aprobará esta legislatura, ya que hay unas elecciones de por medio, por lo que calcula que se podría aprobar en dos años y medio aproximadamente.
