Una de las únicas votaciones que se han producido por unanimidad en el pleno del Ayuntamiento de Alicante de noviembre.ALICANTE. El alcalde, no; el jefe del Consell, tampoco; el presidente del Gobierno, sí; y el portavoz de Compromís, también. Ese es el balance cosechado en las cuatro propuestas de reprobación política debatidas en el pleno del Ayuntamiento de Alicante, este jueves, en respuesta a otras tantas iniciativas promovidas por los grupos políticos con representación en la corporación, que se han enzarzado en un tenso cruce de acusaciones y reproches durante la cerca de hora y media en la que se ha debatido esas cuatro iniciativas políticas.
En último término, en casi todas ellas se ha reproducido la afinidad entre el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP) y de Vox como socio preferente, así como la alianza constituida entre los tres partidos del eje progresista (PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem), como extensión de la división entre los dos bloques del espectro político que se ha mantenido a la hora de decantar las votaciones a lo largo de toda la sesión, aunque con alguna excepción especialmente sintomática, como el voto del PSOE a favor de la censura política sobre Mas.
La primera de las declaraciones en debatirse ha sido la registrada por PSOE y Esquerra Unida Podem para reprobar al alcalde, Luis Barcala. Se trataba de una iniciativa en la que se llegaba a solicitar su dimisión al atribuirle la responsabilidad del desprendimiento de un fragmento de cornisa de la torre del reloj del edificio histórico del Ayuntamiento, por no haber promovido ninguna intervención para restaurar el inmueble, como han argumentado tanto la portavoz socialista, Ana Barceló, como su homólogo de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé. En esta línea, ambos han considerado que el equipo de gobierno era conocedor de la situación de deterioro del edificio, a partir de los informes de evaluación elaborados al menos desde el año 2020.
En este sentido, ambos han considerado que el incidente -que no llegó a provocar daños personales- podría haberse evitado si se hubiese procurado el mantenimiento del edificio y la ejecución del proyecto de rehabilitación que se concertó en 2022, todavía pendiente del visto bueno de la Conselleria de Cultura que resulta preceptivo al tratarse de una intervención sobre un Bien de Interés Cultural (BIC).
Por su parte, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha ampliado los motivos que justificarían la reprobación del alcalde, entre los que ha suscitado la situación de la limpieza viaria, la especulación a la que da pie la proliferación de apartamentos turísticos, el retraso y los sobrecostes en la ejecución de obras municipales o los recortes en los servicios públicos, entre los que ha citado la propia Policía Local. Y la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, también ha compartido la gravedad del incidente y ha considerado que los responsables de no haber ejecutado el proyecto de rehabilitación debían haber dimitido. Con todo, los voxistas han acabado votando en contra de la reprobación, como ya habían anticipado tras el registro de la iniciativa.
El vicealcalde, Manuel Villar, por su parte, ha sostenido que los grupos proponentes de la declaración no habrían tenido en cuenta que los informes en los que se da cuenta del deterioro del inmueble datan de 2015 y que no se volvieron a evidenciar hasta otro dictamen elaborado en 2019. Además, ha insistido en que el proyecto de rehabilitación, que se adjudicó en 2022, no se ha paralizado, sino que sigue en trámite pendiente de validación por parte de Cultura. A la postre, la iniciativa ha quedado desestimada con los votos de PP y Vox, frente a los 11 votos a favor de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem.
El segundo turno ha sido para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a instancias de una declaración institucional promovida por Vox. Su portavoz municipal, Carmen Robledillo, ha justificado la iniciativa en base a los casos de supuesta corrupción que, a su juicio, envolverían al jefe del Ejecutivo y al PSOE en general, entre los que ha enumerado el caso Koldo, la imputación de Ábalos, la investigación sobre la esposa de Sánchez, o el de su hermano, entre otros. Así, ha planteado la necesidad de que se promueva su dimisión y de que se convoquen elecciones generales.
Como era previsible, los representantes del eje progresista han respondido con los casos de corrupción o distintos asuntos penales que, presuntamente, afectarían a varios dirigentes de Vox, a partir de la enumeración desglosada por el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé. Su homólogo de Compromís, Rafa Mas, ha optado por recriminar a los voxistas su falta de trabajo en favor de la ciudadanía de Alicante, "que es quien les paga", además de apuntar a la crisis orgánica del partido, con los últimos cambios registrados en la estructura provincial. Y la líder del PSOE, Ana Barceló, ha pasado de aludir a las investigaciones de representantes de Vox para mencionar las que se extienden sobre dirigentes del PP para, después, ensalzar el papel de Pedro Sánchez, que, a su juicio, ha conseguido mejorar las previsiones económicas del país.
Por último, la portavoz municipal del PP, Mari Carmen de España, ha coincidido con Robledillo respecto a la relación de casos de corrupción que girarían en torno a Sánchez, se ha referido a la existencia de "redes clientelares" que no ha detallado y ha considerado necesario que presentase su dimisión por el bien del país. De este modo, la votación ha propiciado la aceptación de la iniciativa, que ha quedado aprobada con 17 votos a favor (los de los concejales de PP y Vox), frente al rechazo de PSOE, Compromís y Vox.
La tercera propuesta de reprobación sometida a debate en el pleno ha sido la del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a iniciativa de Compromís. Su portavoz, Rafa Mas, ha argumentado que el jefe del Consell debería presentar su dimisión por su "deficiente gestión" en la dana de Valencia, para enumerar parte de los argumentos que ya se manifestaron el pasado viernes, durante el pleno extraordinario en el que se aprobó la cuarta modificación de crédito para destinar 1,5 millones del presupuesto de Alicante a los damnificados por la catástrofe.
Mas ha insistido en que Mazón ha dejado de ser "el molt honorable" por no haber alertado con la suficiente antelación sobre el episodio de lluvias torrenciales, por haber permanecido en una comida cuando tenía que haber estado al frente del centro de coordinación, o por no haber organizado la respuesta necesaria en los días posteriores a la tragedia.
Su homólogo de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha coincidido en exigir la dimisión de Mazón por su presunta negligencia en la gestión de la dana, tras lamentar que, durante su comparecencia en les Corts, solo llegase a pedir perdón por los errores que "cometieron otros, pero sin asumirlos él", según ha incidido. En todo caso, ha considerado que, en el supuesto de que el jefe del Consell continúe en el cargo, será la justicia la que pueda depurar posibles responsabilidades. La portavoz de Vox, Carmen Robledillo, se ha mostrado contraria a la exigencia de la dimisión de Mazón -aunque ha apuntado a su "incompetencia"- antes de que se produzca la renuncia del presidente de Pedro Sánchez por motivos similares, al considerar que desatendió su obligación de prestar ayuda frente a la dana. Además, ha asegurado que, durante los días posteriores a la tragedia, el PSOE se dedicó a tratar de tapar sus propios escándalos.
Por el PSOE, Barceló ha reprochado los recortes del Consell en el área de emergencias, mientras presumía de "excelencia". Además, ha considerado que el 29 de octubre, día de la dana, "nadie fue capaz de dar una sola orden que habría evitado muchas muertes" y ha tildado a Mazón de "escapista" por no hacerse responsable de las vidas de los ciudadanos, ha enfatizado.
Para cerrar el debate, la portavoz del PP, Mari Carmen de España, ha acusado a los tres partidos del eje progresista de aprovechar la tragedia de forma partidista y ha añadido que le habría gustado que Barceló -exconsellera de Sanidad- hubiese admitido su responsabilidad por las muertes producidas durante la crisis de la covid-19. Después, ha considerado que la magnitud de la dana superó "cualquier previsión posible". En ese momento, los once concejales de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem han abandonado el salón de plenos, en señal de rechazo a las manifestaciones de De España.
Con todo, la portavoz popular ha retomado su intervención para sostener que ahora la prioridad debía ser el trabajo de la recuperación, desde la unidad y "con visión de futuro", sin "aprovechar las circunstancias" con movimientos partidistas. Al término de su intervención, los concejales del eje progresista han regresado a sus escaños y se ha producido la votación, con la que se ha rechazado la propuesta con 17 votos (PP y Vox) frente a los 11 de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem.
Finalmente, la cuarta y última propuesta de reprobación ha sido la registrada por Vox, dirigida en este caso al portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, a colación de su comportamiento en el pleno extraordinario de noviembre en el que se aprobó la cuarta modificación de crédito de las cuentas para destinar 1,5 millones del presupuesto municipal en ayudas a los damnificados de la dana de Valencia. La portavoz de los voxistas, Carmen Robledillo, ha justificado la conveniencia de esa censura política tras incidir en que, en el debate de esa propuesta, Mas se dirigió de forma despectiva contra ella y que, además, difundió en redes sociales una imagen suya en la que se la denigraba equiparándola como "la viva imagen del mal" que, según ha sostenido, ha generado múltiples de reacciones con comentarios ofensivos dirigidos contra ella y contra los miembros de su familia. Además, ha sostenido que ese comportamiento ofensivo de Mas se extiende de manera habitual a otras concejalas de otros grupos políticos.
El portavoz de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha anticipado su voto en contra tras asegurar que los representantes de Vox son los que se dedican a dirigir insultos y a mantener discursos de odio. Acto seguido, el propio Mas ha pedido perdón en el supuesto de que su comportamiento hubiese podido ofender a alguna de las regidoras de la corporación, pero ha lamentado que los ediles de Vox "se dediquen a plantear iniciativas como esta, sobre un concejal de la oposición, en lugar de trabajar por los alicantinos" cuando perciben un total de 260.000 euros en retribuciones anuales. Además, ha sostenido que era cierto que Robledillo se dedicó a reírse durante su intervención cuando estaba hablando sobre las víctimas de la dana, como había apuntado en su mensaje difundido en redes sociales.
Por el PSOE, la portavoz adjunta Trini Amorós, ha mostrado su respaldo a la propuesta tras dar la bienvenida a Robledillo al feminismo. "La propuesta que trae aquí hoy es una vindicación de los derechos de la mujer", ha incidido para manifestar su apoyo a cualquier iniciativa que suponga exigir un trato igualitario para cualquier mujer, sin actitudes machistas. "Para eso sirve la ideología; el feminismo no es un chiringuito", ha recalcado. "No es la primera ni la última vez que el PSOE se posicionará en contra de cualquier manifestación machista", ha recalcado.
De este modo, en el momento de la votación, la iniciativa ha quedado aprobada con los votos a favor de PP, PSOE y Vox, frente al voto en contra de Compromís y Esquerra Unida Podem.
Al margen de esas propuestas de reprobación, el pleno del Ayuntamiento de Alicante ha vuelto a debatir hasta dos declaraciones institucionales distintas relacionadas con la erradicación de la violencia contra la mujer: como viene ocurriendo desde el pasado mandato con la celebración del 25 de noviembre. La primera, registrada por PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem, y la segunda por el equipo de gobierno, del PP. Ha sido esta última la que, finalmente, ha quedado aprobada con el voto de calidad del alcalde, que ha deshecho el empate a 14 votos entre PP y los cuatro grupos de la oposición. Los tres grupos del eje progresista han apoyado solo su iniciativa, mientras que Vox ha votado en contra de los dos textos sujetos a debate.
Los representantes de los tres grupos del eje progresista -Victoria Melgosa, Sara Llobell y Manolo Copé- han marcado distancias con la propuesta del PP y han recriminado decisiones como la eliminación del área de Igualdad, el retraso en la renovación del servicio municipal de asistencia jurídica a víctimas de violencia de género o la apertura de una oficina de asistencia a la maternidad pactada con Vox. Además, han recriminado al PP que haya sido imposible pactar un texto conjunto por parte de todas las fuerzas políticas.
Por su parte, la edil de Bienestar Social, Begoña León, ha negado que se hubiese planteado esa propuesta de pacto de un texto en común y ha defendido la labor desarrollada por el equipo de gobierno desde su departamento, a pesar de que no exista el área específica de Igualdad. Y la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha recriminado un "falso feminismo" a los representantes del eje progresista, tras recriminarles que no se hubiesen manifestado respecto a la denuncia interpuesta frente al exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón. Además, ha emplazado a hablar con "criminólogos" en lugar de con "feministas" para atajar los asesinatos, tras argumentar que los pactos contra la violencia de género y los recursos destinados a ese fin no tienen eficacia.
La portavoz del PSOE, Barceló.
La portavoz de Vox, Robledillo.También se ha rechazado la declaración institucional conjunta formulada por PSOE y Compromís por la que se trataba de instar a la Generalitat a promover un nuevo contrato programa que garantizase la continuidad de los trabajadores del área de Acción Social a disposición del Ayuntamiento de Alicante ante el próximo fin de la duración de sus contratos. Los representantes de los tres grupos -Emilio Ruiz, Rafa Mas y Manolo Copé- han recriminado que, a su juicio, no se haya llevado a cabo ninguna gestión para evitar la finalización de esos contratos, sin que ahora pueda reprocharse esa circunstancia a la exvicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ni al Consell del Botànic.
El edil de Vox, Juan Utrera, ha advertido de las obligaciones que el contrato programa supone para el Ayuntamiento en cuanto a suplementar un porcentaje de los sueldos de esos trabajadores, así como la convocatoria de las plazas para darle cobertura. Y la edil de Bienestar Social, Begoña León, ha apuntado que ya estaba en trámite su renovación y que se prevé la incorporación de mayor número de trabajadores, después de señalar que la última renovación tardó en tramitarse once meses. A la postre, la iniciativa se ha desestimado con los 14 votos del PP, los once votos a favor de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem, y la abstención de Vox.
Sí ha prosperado la propuesta promovida por el equipo de gobierno con motivo del Día Mundial del Transporte Sostenible con la que los populares han tratado de poner en valor las distintas iniciativas emprendidas para mejorar la movilidad en la ciudad, como la actualización de las líneas del servicio de transporte público en autobús, la adquisición de autobuses eléctricos, la próxima implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) sin nuevas limitaciones ni sanciones o la peatonalización de calles. Así lo ha defendido el edil de Movilidad, Carlos de Juan, quien ha aprovechado la intervención para solicitar fondos al Gobierno Central con el propósito de continuar avanzando en nuevas medidas.
No obstante, los representantes del eje progresista han recriminado la falta de medidas para fomentar el transporte sostenible, como el hecho de que no se haya puesto en marcha el sistema de préstamo de bicicletas eléctricas, la falta de ejecución de nuevos carriles bici, o el fin de la bonificación al transporte público para jóvenes, según han recalcado Llobell o Copé. Por Vox, el edil Óscar Castillo, ha cargado contra la normativa europea sobre la materia que, a su juicio, limita la libertad de desplazamientos. Y Ruiz ha considerado que la propuesta era una iniciativa "de relleno", después de insistir en los mismos argumentos que el resto de formaciones de izquierda.
En el turno de votación, la propuesta ha quedado aprobada gracias al voto de calidad del alcalde que ha deshecho el empate a 14 entre los votos de los concejales del PP y los de PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem, ante la ausencia del edil voxista, Mario Ortolá, de baja por su reciente paternidad.
Ese mismo resultado ha tenido la segunda de las propuestas registradas por el PP, por la que se instaba al Gobierno Central a proporcionar ayudas y asistencia urgente a los municipios afectados por la dana de Valencia, junto a la propuesta similar planteada por el PSOE, aunque, en este caso, con el fin de apremiar la llegada de esas ayudas por parte de la Generalitat. En primer término, la portavoz del PP, Mari Carmen de España, ha justificado la necesidad de que se agilice esa respuesta económica, sin caer en partidismos. Y la edil del PSOE, Silvia Castell, también ha emplazado a que esas aportaciones lleguen con celeridad por parte del Consell, después de reclamar respaldo a las dos propuestas, a pesar de considerar que, antes o después, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, deberá presentar su dimisión por los "errores cometidos".
En el debate conjunto de ambas, Copé ha considerado que las dos iniciativas debían haberse fusionado en una. Mas ha advertido del daño económico registrado por la gestión del actual Consell respecto a la dana y ha expresado su preocupación por el uso que pueda concederse a esas ayudas. Y por Vox, Castillo ha anunciado el voto a favor de las dos iniciativas, aunque ha mostrado su desconfianza en los gobiernos de ambas administraciones. En la votación, las dos propuestas han quedado aprobadas por unanimidad: prácticamente, los dos únicos acuerdos que han prosperado con ese apoyo a lo largo de toda la sesión plenaria.
No ha prosperado la declaración institucional promovida por el PSOE para instar a las distintas administraciones públicas (Ayuntamiento y Generalitat) a actuar frente al problema de los asentamientos alegales en las partidas rurales de Alicante, después de que un portavoz de los vecinos de la Cañada del Fenollar haya intervenido en el pleno para recriminar la "inacción" del equipo de gobierno y de la Concejalía de Urbanismo tras el registro de hasta 30 denuncias desde el pasado mes de mayo, en las que se recogería la existencia de hasta un centenar de edificaciones, instaladas de forma indebida. En esta línea, el mismo representante vecinal ha apuntado que la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT) también tenía constancia de hasta 26 denuncias y que se les habría manifestado que no se había producido ninguna gestión por parte del ayuntamiento.
En este sentido, el edil del PSOE, Raúl Ruiz, ha insistido en la necesidad de intervenir para atajar un problema que estaría generando una situación de riesgo por la ocupación de ramblas y cauces de barranco, además de un impacto ambiental, sin que se haya actuado con celeridad para atajar esa práctica de venta de parcelas "aprovechando situaciones de vulnerabilidad".
El portavoz de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha expresado su apoyo a la propuesta, tras plantear una propuesta de modificación por la que se incluyese un compromiso de protección de las personas vulnerables que pudiesen residir en esos asentamientos. El portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha recriminado la falta de gestión por parte de la edil de Urbanismo, Rocío Gómez, para atajar esa situación y se ha cuestionado si existe connivencia con aquellos que están promoviendo esos asentamientos alegales, mediante la segregación de parcelas. La portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha considerado que ya se estaba actuando para atajar esa situación y que, además, también está interviniendo el Seprona de la Guardia Civil.
El portavoz de Compromís, Mas.
El portavoz de EU Podem, Copé.Y, por último, el edil de Partidas Rurales, Carlos de Juan, ha defendido que las propuestas contenidas en la declaración "ya se han adoptado o están en trámite" a partir del funcionamiento de la mesa técnica creada para evaluar riesgos de inundabilidad en el conjunto del término municipal, que también tendrá como cometido la erradicación de esos asentamientos irregulares. Además, ha apuntado que algunos de los expedientes están en trámite de alegaciones o incluso de resolución, con propuesta de restauración de la legalidad urbanística. Al tiempo, ha señalado que parte de las denuncias registradas están sujetas a diligencias de indagación a cargo de la Fiscalía de Medio Ambiente. Y, además, ha defendido la labor que se estaría desempeñando a través de la AVPT con un mayor número de expedientes instruidos de los que se tramitaron bajo la etapa del Consell del Botànic, según ha asegurado.
En el momento de la votación, la iniciativa ha quedado desestimada con los votos en contra del PP, la abstención de los tres ediles de Vox y el voto a favor de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem. Todo, después de que el PP también haya rechazado la enmienda planteada por Copé, al considerar que ya se proporcionaba asistencia a cualquier persona que se encontrase en situación de vulnerabilidad. Además, ha advertido de que, a su juicio, la incorporación de esa enmienda podría multiplicar la presencia de personas en esos asentamientos, en busca de esa ayuda pública.
Sí ha prosperado la declaración registrada por Vox con la que se proponía mostrar el rechazo del Ayuntamiento de Alicante a "la reciente decisión del Gobierno de España que obliga a los autónomos a devolver las ayudas recibidas durante la pandemia de covid-19". En la defensa de la propuesta, Castillo ha considerado que esas ayudas no podían tener esa consideración si se planteaba su retorno. No obstante, los representantes de Esquerra Unida Podem, Compromís y PSOE han considerado que la iniciativa se basaba en una argumentación falsa.
Así, la edil socialista, Silvia Castell, ha explicado que para optar a esas ayudas y que llegasen con celeridad, se estableció el requisito de registro de declaración responsable, y que, en 2023, el Tribunal de Cuentas estableció que esas ayudas debían revisarse para determinar si se cumplían los requisitos necesarios para obtenerlas, lo que ha deparado que deba reintegrarse solo un 3% de las concedidas: en torno a 45.000 respecto a los 1,5 millones que se concedieron "a fondo perdido". Por el PP, el edil de Presidencia, Toño Peral, ha criticado la gestión del Gobierno Central al estimar que se cambiaron las reglas del juego cuando ya se habían solicitado las ayudas. Así, ha considerado necesario que se reconsidere las condiciones de devolución de esas ayudas. Finalmente, la votación se ha saldado con 17 votos a favor (PP y Vox) y 11 en contra (PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem).
También ha salido adelante otra de las iniciativas de Vox para que se crease un plan de actuación de recogida de alimentos y enseres en situaciones de emergencia, a colación de la respuesta frente a episodios como la dana de Valencia. Se trataría de una medida que permitiría favorecer una respuesta "rápida", según ha esgrimido el edil voxista, Óscar Castillo, al defender la iniciativa.
Con todo, no ha suscitado unanimidad. El portavoz de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha considerado que era una iniciativa "oportunista", a las puertas de la negociación de los presupuestos municipales. Y también la ha considerado demagógica, tras acusar a Vox de fomentar discursos del odio y de apoyar iniciativas que promueven la construcción en zonas de riesgo de inundabilidad. La edil de Compromís, Sara Llobell, ha reprochado que Vox hubiese votado en contra de la propuesta debatida con carácter previo para actualizar los planes de prevención y emergencia.
El edil del PSOE, Eduardo Rodríguez, ha considerado que la propuesta confunde "caridad con solidaridad" y ha señalado que ya existen entidades con experiencia que se dedican a proporcionar recursos en ese tipo de situaciones, por lo que ha considerado que lo conveniente sería reforzar sus redes y no duplicarlas. Por último, la edil de Infraestructuras, Cristina García, ha confirmado el respaldo del PP a la iniciativa al considerar necesaria la cooperación para facilitar una respuesta rápida ante las emergencias, después de recriminar la, a su juicio, falsa solidaridad esgrimida por el portavoz de Compromís, Rafa Mas. La votación, de nuevo, se ha cerrado con el mismo balance: 17 votos a favor (PP y Vox), frente a 11 en contra (PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem).
No ha prosperado, no obstante, la declaración registrada por Compromís para que se eliminase la oficina de asistencia a la maternidad inaugurada la semana pasada en el centro comunitario de la Plaza del Carmen, en el Casco Antiguo. La edil de la coalición valencianista, Sara Llobell, ha insistido en que la mejor manera de promover la maternidad es propiciar la generación de recursos de apoyo a las madres, como facilitar el acceso a la vivienda o la igualdad moral, en lugar de que se trate de influir sobre la decisión personal y libre de una mujer de poder abortar. En parecidos términos se ha pronunciado el portavoz de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, quien ha considerado que ningún Estado laico debe intervenir en la decisión de una mujer respecto a la posibilidad de ser madre o de abortar.
La portavoz de Vox, Carmen Robledillo, por su parte, ha defendido el funcionamiento de la oficina como mecanismo para facilitar ayuda y asesoramiento tanto a las mujeres embarazadas como a las que van a ser madres. Y por el PSOE, la edil Victoria Melgosa, también ha abogado por el cierre de la oficina "antiaborto" al considerar que el acompañamiento a las mujeres embarazadas se debe prestar en la sanidad pública. "La maternidad es una elección, no una imposición", ha considerado. Además, ha considerado que el PP debe cerrar la oficina y pedir disculpas "por usar los derechos de la mujer como moneda de cambio para conseguir el apoyo de la ultraderecha".
Por el equipo de gobierno, la edil de Bienestar Social, Begoña León, ha negado que proporcionar información suponga vulnerar los derechos de las mujeres. En este sentido, ha apuntado que la oficina facilita recursos para disipar dudas y "no busca coaccionar ni menoscabar derechos", ha insistido. "No podemos hablar de libertad de elección si no se dispone de información", ha enfatizado. Por ello, ha confirmado su voto en contra de la iniciativa con el fin de defender el derecho de todas las mujeres, no solo el derecho de algunas. De este modo, la iniciativa ha quedado rechazada por 17 votos (PP y Vox) frente a 11 a favor (PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem).
De igual modo, tampoco ha prosperado la declaración institucional promovida por Esquerra Unida Podem para instar al equipo de gobierno a destinar partidas presupuestarias suficientes y adecuadas para la gestión de las colonias felinas. Su portavoz, Manolo Copé, ha considerado que la iniciativa trata de que puedan consignarse fondos para su funcionamiento. Su homólogo de Compromís, Rafa Mas, ha expresado su apoyo, aunque ha mostrado su desconfianza en que fuese a aceptarse la petición, después de que el PP se haya dedicado 105.000 euros a la Escuela Taurina municipal. El edil de Vox, Juan Utrera, ha lamentado que la declaración incorporase esa referencia y ha considerado que se trataba de mezclar dos cuestiones distintas con la intención de dividir, por lo que ha anticipado su voto en contra.
El edil del PSOE, Emilio Ruiz, ha incidido en que existen leyes que establecen la obligación de proteger a los animales y que están para cumplirse. Y la edil de Sanidad, Cristina Cutanda, ha defendido la necesidad de la gestión de las colonias felinas y el programa puesto en marcha por el ayuntamiento para ello, además de la labor de coordinación desarrollada por la Mancomunidad de l'Alacantí en ese sentido. Con todo, ha lamentado que la nueva normativa relacionada con la protección animal aprobadas por el Gobierno y por la Generalitat no haya estado acompañada con la asignación de presupuesto. El resultado de la votación ha sido el más reiterado a lo largo de todo el debate: 17 votos en contra (PP y Vox), frente a 11 a favor.
La segunda declaración institucional registrada por Esquerra Unida Podem también ha sido infructuosa. Con ella, se pretendía crear una mesa de trabajo para atender los problemas de las personas sin hogar, según ha defendido el portavoz de la confluencia, Manolo Copé. Así, ha considerado que resulta necesario abordar la situación de las cerca de 200 personas que carecen de hogar en la ciudad y ha invitado al consenso. El portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha expresado su respaldo a la propuesta y ha recriminado a la edil de Bienestar Social que no se haya promovido la subrogación de los trabajadores del Centro de Atención Integral (CAI) a través del concurso sobre la gestión de ese recurso municipal, lo que ha propiciado que este jueves se haya puesto fin al contrato de los empleados que venían desempeñando su labor en dicho centro.
Por Vox, Juan Utrera ha considerado necesaria la atención a las personas sin hogar, pero ha considerado que la creación de una mesa de trabajo "solo tiene un camino: politizar". Así, ha considerado que esa mesa de trabajo debería ser meramente técnica. Por el PSOE, el edil Emilio Ruiz también ha considerado necesaria la creación de la mesa de trabajo capaz de diseñar políticas para prestar apoyo psicológico y de acompañamiento. Y la edil de Bienestar Social, Begoña León, ha asegurado que esa mesa de trabajo ya existe, con la participación de la Red de Entidades para la Atención a Personas Sin Hogar (Reavsa), por lo que no ha considerado oportuno que se duplicase, aunque sí ha anunciado que se incorporarían más miembros como funcionarios cualificados o policías. Además, ha incidido en que el CAI sigue en funcionamiento después de su nueva licitación "que ha llevado meses". "Yo no he despedido a nadie", ha añadido. A la postre, la votación se ha saldado con 14 votos en contra, la abstención de Vox y los 11 votos a favor de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem.
Con carácter previo, en el punto de ruegos y preguntas, el edil de Seguridad, Julio Calero, ha respondido a dos preguntas formuladas por el grupo municipal de Vox para sostener que se estaba trabajando con el refuerzo de la presencia policial para evitar la presencia de manteros en el paseo de La Explanada y que también se tenía constancia de las denuncias vecinales respecto a los problemas de inseguridad detectados en el barrio de Carolinas Bajas, con la consiguiente intervención policial.
Y la edil de Urbanismo, Rocío Gómez, ha respondido a una pregunta formulada por Esquerra Unida Podem respecto a las gestiones que se estarían promoviendo para propiciar el traslado de las instalaciones de la Sociedad Protectora de Animales para propiciar la instalación de una balsa asociada al proyecto Vertido 0, también conocido como 'Alicante Circular', desplazada respecto a su emplazamiento original para que pudiese desarrollarse el nuevo trazado ferroviario de la Variante de Torrellano. Al respecto, Gómez ha asegurado que la prioridad del equipo de gobierno era tanto la ejecución de esa infraestructura, como el desarrollo del proyecto por la reutilización de aguas, y se ha cuestionado sí para Esquerra Unida Podem también eran prioritarios, ya que habría sido ahora cuando se interesaba por ese traslado.
