ALICANTE. El vuelco político registrado en el Ayuntamiento de Alicante con la elección del popular Luis Barcala como nuevo alcalde, el pasado jueves, comienza a cambiar la naturaleza de las relaciones mantenidas con la Diputación Provincial. La casi absoluta ignorancia, cuando no exclusión o competencia, por la que se ha venido rigiendo la coexistencia de las dos administraciones casi desde el inicio de mandato (a excepción del acuerdo sobre el uso del Auditorio Provincial como espacio de congresos o de la coordinación en la promoción turística), comenzó a transformarse en términos de cooperación a partir de este mismo miércoles, en el primer encuentro institucional mantenido entre Barcala y el presidente de la institución provincial, César Sánchez. Así lo explicaron ambos al dar a conocer el contenido de esa primera cita, sobre la que resaltaron el impulso de un nuevo eje cultural y turístico llamado a mejorar la vertebración entre la Playa y el Centro. Se trata de poner en valor y de conectar tres centros que se consideran esenciales para reforzar la oferta de Alicante: el yacimiento arqueológico de Lucentum, el Museo Arqueológico Provincial (Marq) y la antigua refinería de La Británica, en las faldas de la Serra Grossa.
La Diputación ya tenía planes para tratar de mejorar las posibilidades de los dos primeros. En el caso del yacimiento íbero-romano de Lucentum, según se confirmó este miércoles, el objetivo es acondicionar sus accesos para facilitar y relanzar las visitas. En el caso del Marq, la propuesta -que no se podría poner en marcha como mínimo hasta pasado el mes de octubre, cuando podría concluir la exposición sobre el arte rupestre del arco mediterráneo- consiste en la remodelación de su zona expositiva para poner al día todas sus prestaciones (iluminación, recursos audiovisuales, instalación eléctrica y refuerzo del suelo).
Sin embargo, en el tercer elemento de ese eje cultural, el de la antigua refinería La Británica, está prácticamente todo por hacer. Y en ello se incluye la premisa fundamental y auténtico punto de partida: conseguir que su actual propietario, el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Patrimonio, ceda su uso y gestión al Ayuntamiento. Ese acuerdo sigue pendiente de que se complete el expediente de solicitud, después de que la Junta de Gobierno aprobase su petición, el pasado mes de julio, y después de que la comisión de Hacienda del Congreso aprobase una Proposición No de Ley (PNL) a propuesta de Compromís para que se acordase esa cesión.
¿Cómo debe completarse ese expediente para lograr que ese conjunto arquitectónico pueda ser gestionado por el Ayuntamiento? Básicamente, se debe presentar un proyecto de gestión y una memoria económica en los que se detalle cuál es el uso que se pretende dar a ese espacio y con qué recursos se cuenta para hacerlo posible, además de garantizar su mantenimiento y conservación, como prevé la Ley de Patrimonio para autorizar ese tipo de cesiones. Es, sin ir más lejos, el camino que siguió la propia Diputación para conseguir el acuerdo de cesión de uso del yacimiento de Lucentum.
Así que esa será a partir de este momento la prioridad de la nueva etapa de colaboración entre las dos administraciones, que hasta han llegado a plantear dos solicitudes de cesión distintas, sin que ninguna de las dos se completase y culminase con éxito (de hecho, la Diputación acabó renunciando expresamente a finalizar ese expediente de petición en favor del Ayuntamiento). Según detallaron fuentes municipales, Ayuntamiento y Diputación perfilarán ahora la redacción de ese proyecto de gestión en el que se deberá concretar el futuro uso que se pretende dar al conjunto arquitectónico. Hasta el momento, tanto el extinto tripartito como el Gobierno formado por el PSOE en solitario desde el pasado noviembre habían supeditado esa decisión a la convocatoria de un concurso de ideas para analizar distintas posibilidades. Con todo, esa fórmula nunca se llegó a activar, por lo que el espacio continúa quedando bajo la responsabilidad y gestión de Patrimonio del Estado.
Lo cierto es que la alianza entre Ayuntamiento y Diputación se encuadra en la estrategia que viene defendiendo el nuevo equipo de Gobierno de Barcala: nada de milagros ni de promesas inalcanzables, sólo propuestas ejecutables en el año que resta para agotar de mandato, en 2019. Las fuentes consultadas precisaron que la definición de un proyecto de gestión para La Británica lo es. Sobre todo, si se tiene en cuenta que la administración competente para aprobar la cesión de su uso comparte el mismo color político: en este caso, el citado Ministerio de Hacienda. Si se consigue ese traspaso del uso de la antigua refinería, incluso se contemplaría la posibilidad de que la Diputación pudiese aportar fondos para su puesta en valor, en una segunda fase.