El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, coincidieron en Barcelona meses atrás. Foto: EP/David ZorrakinoVALÈNCIA. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y su homólogo andaluz, Juanma Moreno Bonilla, se reunirán este martes con un objetivo común: reivindicar el cambio urgente del actual sistema de financiación autonómica, caducado desde 2013 y que perjudica en el reparto ambas comunidades, si bien todos los informes de distintos expertos sitúan a la Comunitat Valenciana en la cola de las regiones españolas.
Un encuentro que se enmarca dentro de la hoja de ruta del jefe del Consell para buscar sinergias con otras autonomías que tienen entre sus prioridades la citada reforma. Así, ya celebró una cumbre en el Baleares con la también socialista Francina Armengol en la que esta reivindicación también se hizo pública de forma compartida.
Menos suerte tuvo Puig en su cita con el presidente catalán, Pere Aragonés, con quien encontró sintonía en diversas cuestiones: infraestructuras como el Corredor Mediterráneo o trabajos comunes de cara a la recepción de fondos europeos, si bien no se percibió por parte de Aragonés ningún entusiasmo de cara a esta reivindicación, dado que anteponía las relaciones bilaterales con el Gobierno de España y su negociación por un referéndum independentista.
Ahora, el presidente de la Generalitat tiene ante sí una cita diferente, en tanto en cuanto su interlocutor pertenece al Partido Popular. Bien es cierto que, precisamente en la financiación, ambas autonomías parecen remar en la misma dirección -en su día Puig ya mantuvo encuentros con Susana Díaz sobre esta cuestión-, pero no deja de causar cierto morbo político el hecho de que Moreno Bonilla sea pertenezca al eterno rival. Así, aunar fuerzas con Andalucía en esta reivindicación resulta un hecho indudablemente positivo para la Comunitat Valenciana, aunque también puede derivar en una situación política incómoda para el propio Puig.
El motivo es evidente: el presidente valenciano siempre mantiene un tono reivindicativo contenido puesto que son sus compañeros socialistas los que dirigen el Gobierno de España y, por tanto, los responsables de poner en marcha la reforma del sistema. Mientras, como suele ocurrir, las críticas de Moreno Bonilla pueden ser más directas y descarnadas puesto que su partido es, precisamente, el que lidera la oposición en el Congreso de los Diputados. Una circunstancia que puede llevar a un diferente tono en la comparecencia posterior a la reunión y, en definitiva, a que Puig comparta imagen y reivindicación con un presidente que sea más crítico e incisivo con Pedro Sánchez.
Fuentes de Presidencia quitan importancia a este hecho y creen que este tipo de encuentros suelen caracterizarse por la "elegancia" y la "cortesía" institucional, por lo que no creen que la reivindicación conjunta se salga de este tipo de marco. Ahora bien, lo cierto es que el camino iniciado por Puig para visibilizar el denominado por él mismo "problema valenciano" que comparte con otras autonomías puede sumar aliados que, a medio plazo, pueden fortalecer la reivindicación y llegar a incomodar a sus compañeros en el Gobierno de España, especialmente si las exigencias vienen compartidas con el PP.
De hecho, su homólogo murciano, Fernando López Miras, también ha mostrado públicamente su disposición para reunirse con Puig precisamente para protestar por este mismo problema de financiación que también afecta a esta región.
En esta línea, parece que el trabajo reivindicativo podría estar comenzando a dar sus frutos y el Gobierno trata de apaciguar estos movimientos. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, se reunió precisamente este lunes con Moreno Bonilla y aseguró, en la rueda de prensa posterior, que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentaría "en noviembre" una propuesta que pueda "servir de base" para abordar el debate de la reforma.
¿Será esa propuesta un documento comprometido y afilado para acometer la remodelación o un texto demasiado abierto y expositivo que sirva simplemente al Gobierno para ganar tiempo? Esa es la cuestión que muchos se plantean en el Ejecutivo valenciano y que definirá las actuaciones a seguir en las siguientes semanas. Más aún cuando, cabe recordar, la Plataforma Per un Finançament Just (en la que están los partidos políticos con representación en Les Corts, excepto Vox, además de sindicatos y patronal) ha convocado una manifestación para el 20 de noviembre.
Al margen de los posibles roces con Madrid que estos actos puedan acarrearla al presidente de la Generalitat, lo cierto es que mejoran su posición en la Comunitat Valenciana, donde precisamente afrontará la próxima semana el Debate de Política General.
Aparecer este martes de la mano con Moreno Bonilla en una reivindicación común, puede debilitar los argumentos del propio PPCV liderado por Carlos Mazón en esa confrontación parlamentaria. Es decir, que los populares valencianos también pueden recibir un pequeño daño colateral de la alianza estratégica Comunitat Valenciana-Andalucía que apunta a culminar este martes.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
