Mónica Oltra y Ximo Puig, en Les Corts Valencianes. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La mesa política de negociación sobre los presupuestos que los partidos que conforman el Gobierno valenciano ya han constituido puede recuperar, con mucha probabilidad, grandes clásicos con los que Compromís y Unides Podem suelen apretar cada año al PSPV cuando las cuentas pasan a tramitarse en Les Corts Valencianes. Las ayudas a dedo y el reparto de publicidad en medios de comunicación, ambas en manos de Presidencia de la Generalitat, han sido dos asuntos conflictivos desde hace ya algún tiempo que las dos formaciones no quieren dejar de lado. Y que, por supuesto, incomodan a los socialistas.
Fueron sobre todo los morados los que la pasada legislatura trataron, desde el Parlamento autonómico, de recortar el millón de euros de subvenciones directas –y por tanto sin concurrencia competitiva– con los que habitualmente cuenta Ximo Puig. Pero con escaso éxito. El fin de las ayudas es la "promoción y fomento de actividades de interés público, socio-cultural, económico o humanitario de la Comunitat Valenciana". El destinatario poco concreto y la falta de control sobre los criterios con los que se otorgan fueron criticados por Podem, que quiso reducir el dinero a través de enmiendas.
Finalmente, se acabó echando para atrás después de una reunión con el PSPV en la que predominó el pacto de no demasiada agresión. Así, acabaron presentando enmiendas con limitado resultado. En una, la que salió adelante, propusieron que 250.000 euros fueran a parar, por concurrencia competitiva y no de manera directa, a "entidades, asociaciones, actividades, productores o denominaciones de origen que participen en la promoción de los productos valencianos y actividades vinculadas a las fiestas navideñas". Es decir, la campaña 'El Nadal es Valencià' que cada año organiza Presidencia de la Generalitat. En definitiva, mismo destino y ningún recorte a ese millón inicial, aunque cambiaba la forma de otorgar una cuarta parte de esa cantidad.
Así quedó la cosa desde ese año –Compromís no llegó a incidir en este punto concreto– y así se ha seguido manteniendo en los posteriores pese a que la Sindicatura de Comptes ha advertido reiteradamente en sus informes de que la excepcionalidad de las subvenciones a dedo en lugar de por convocatoria pública no está justificada. En ellos remarca la falta de acreditación de las razones de interés público, social, económico o humanitario y la carencia de controles necesarios.
De hecho, en la práctica ha sido incluso peor, puesto que se ha echado mano de las transferencias de crédito para aumentar los fondos de esa línea presupuestaria en cualquier momento. Ocurrió en 2019, en pleno año electoral, cuando Puig pasó a contar gracias a ese mecanismo con 1.475.000 euros para repartir entre las entidades que estimara convenientes y a las que únicamente se les exige la entrega de una memoria justificativa.
A ello se suma la sección 'Gastos diversos' de los presupuestos, de la que en varias ocasiones también han salido ayudas discrecionales en lugar de figurar en las consellerias sectoriales competentes por razón de materia. Es lo que ocurrió a finales del pasado año o este mismo verano. Millones de euros –en agosto llegaron a ser 14– que Puig repartió a ayuntamientos mayoritariamente gobernados por alcaldes del PSPV para que realicen actuaciones y proyectos. Cantidades, estas sí, que Compromís cuestiona y en las que quiere poner el foco.
Otra de las aparentemente eternas batallas de la coalición es la de la publicidad institucional. Es decir, el dinero público que va a parar a los medios de comunicación para campañas de la Administración y que desde 2015 supera los 30 millones de euros. El control sobre el reparto en sí depende del departamento de Promoción Institucional, bajo el paraguas de Presidencia y dirigido actualmente por Alfred Boix.
Compromís nunca ha estado conforme con ello e incluso planteó modificar la forma de operar durante las negociaciones del Pacto del Botànic II. Una de las propuestas fue que Promoción Institucional saliera de Presidencia. Cosa que no ocurrió. Tampoco mejoró nada que, de nuevo en la tramitación de los presupuestos de 2020 en Les Corts, todos los socios firmaran una enmienda a la Ley de Acompañamiento para modificar la Ley de Publicidad Institucional que permitía tener más manga ancha en el reparto de dinero.
La voluntad de aumentar la fiscalización y la transparencia sobre las cantidades a medios y las ayudas a dedo por parte de Compromís y Unides Podem existe, según aseguran desde estos dos partidos. Y esta vez la novedad residen en que los asuntos se abordarán previsiblemente en la mesa política de negociación de las cuentas de 2022. El interrogante es si servirá de algo en última instancia.
