ALICANTE. El traslado del monumento de Torre Placia se sitúa en la recta de salida. La Dirección Territorial de la Conselleria de Cultura acaba de conceder la última autorización que resultaba necesaria -el informe arqueológico favorable- para que pueda abordarse el desmontaje del inmueble y su posterior reconstrucción en el emplazamiento avalado por el Ministerio de Cultura: una parcela de titularidad municipal calificada como zona verde que se sitúa entre las avenidas Pintor Pérez Gil y Conrado Albadalejo y la calle Juan Francés.
Se trata de una ubicación próxima al solar de la calle Clara Campoamor en el que se encuentra en la actualidad y que procura las condiciones de contextualización indicadas para que siga conservando la función original con la que fue construida. De hecho, en ese punto de destino seguirá manteniendo una conexión lineal directa con otras edificaciones históricas que también forman parte del conjunto de elementos defensivos protegidos tras la delimitación del Bien de Interés Cultural (BIC) de las Torres de la Huerta, como la Torre Bosch o la Torre Juana.
Lo cierto es que la confirmación de ese último permiso (en realidad, una renovación, puesto que ya se había emitido con anterioridad, aunque su vigencia había quedado vencida) ya ha dado alas al inicio de los trabajos. Los operarios de la empresa especializada en la restauración del patrimonio Estudio Métodos de la Restauración (EMR) que resultó adjudicataria del contrato de traslado y rehabilitación en 2019 afrontan la preparación de los andamiajes y las estructuras de sujeción en una labor que se pretende intensificar a partir de la próxima semana, según fuentes consultadas.
Los preparativos previos de desbroce y limpieza tanto en el solar original en el que se encuentra la torre, como en la parcela de destino comenzaron a mediados del mes de julio, de modo que, una vez instalado el armazón en torno a la torre sobre el que poder trabajar, el siguiente paso consistirá en la numeración de todos los elementos de los que se compone antes de que pueda procederse a su desmontaje pieza por pieza: el sistema avalado por el ministerio como fórmula idónea para garantizar su preservación.
Ese despiece se producirá, así, literalmente piedra a piedra mediante la técnica del picado manual para desprender el mortero de cal que las une, en una actuación planificada en cinco niveles distintos -que vienen a coincidir con la distribución de las plantas originales de la torre- desde las almenas hasta su base.
Tras su retirada, las piezas quedarán depositadas en el solar de destino para proceder a la reconstrucción del monumento con el mismo procedimiento: recolocación piedra a piedra desde la base hasta las almenas. Todo, eso sí, después de haber repuesto los elementos perdidos -sobre todo en su remate- y de haber limpiado y restaurado el resto de sus componentes tras la eliminación de elementos impropios (vegetación, etc).
Salvo que puedan plantearse complicaciones imprevistas, el conjunto de la intervención debe quedar finalizada en un plazo de seis meses, según las estimaciones recogidas en el contrato. De hecho, la cartelería informativa sobre el desarrollo de las obras apunta enero como fecha de finalización, tomando como momento de inicio el mes de julio. No obstante, todo parece indicar que el monumento podría quedaría reconstruido en primavera, a la vista de la espera motivada por la llegada de la autorización de Cultura.
De un modo u otro, el proceso ya no tiene marcha atrás, por lo que, en ambos escenarios, el traslado del BIC quedará completado a principios de 2025. Para entonces, habrán transcurrido 21 años desde que una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) declarase la nulidad parcial de la licencia concedida en el año 2000 para la construcción del residencial Azalea Golf, tras certificar que parte de sus viviendas se habían construido invadiendo el perímetro de protección del monumento.
Ese fallo conminaba a demoler esos inmuebles construidos de manera indebida, lo que conllevaba el pago de la consiguiente indemnización a sus propietarios. No obstante, el Ayuntamiento de Alicante planteó la reubicación de la torre como fórmula alternativa de ejecución de sentencia. Y tanto el alto tribunal autonómico, primero, como el Ministerio de Cultura, después, acabaron admitiendo ese plan b, sobre la base de que supondría un menor perjuicio económico para el interés público y que, además, no generaría el desarraigo de los propietarios de las viviendas afectadas por la demolición requerida por sentencia.
Así, tras una larga tramitación administrativa, el Ayuntamiento se hizo con la propiedad de la torre a finales de 2017 y contrató los trabajos para impulsar su traslado, lo que, en último término, acabará requiriendo un desembolso global próximo a los cuatro millones. Como contraprestación, no solo se habrá conseguido restaurar la legalidad urbanística de las viviendas, sino que también se contará con un nuevo elemento patrimonial que se pretende abrir al público para dar a conocer su valor histórico como inmueble destinado a alertar de la llegada de las incursiones berberiscas sobre la huerta de Alicante.