VALÈNCIA. En segunda vuelta, pero finalmente la Conselleria de Vivienda ha conseguido dos ofertas para su concurso de cesión de derechos de superficie de 13 solares públicos a promotores con el fin de levantar alquiler asequible en la Comunitat Valenciana. Una convocatoria, dividida en 8 lotes, con la que la Generalitat pretende construir 721 nuevas viviendas para dar cumplimiento al plan del Gobierno de Carlos Mazón de levantar en esta legislatura 10.000 nuevos inmuebles en la autonomía. Y, aunque en un primer intento quedó desierta por problemas técnicos, en esta ocasión, tras ampliar el plazo para la presentación de ofertas, el sector ha respondido.
De esta forma, la promotora nacional Culmia y la alicantina Tizor, del grupo Cívica del empresario Enrique Ortíz, en UTE con la vasca Livanto, han pujado por estos suelos, según consta en la Plataforma de Contrataciones del Estado. Dos ofertas que optan a los dos mismos lotes de los 8 que conforman la convocatoria, según ha podido saber este diario de fuentes del sector. Se trata del lote 1 -que incluye una pastilla para 91 viviendas en Benidorm- y el paquete 7, un suelo en València para 78 unidades.
En ambos casos, los precios máximos de alquiler fijados son 10,5 euros, los más altos de todos, un hecho que explicaría la atracción por estos terrenos. Y es que, según explican desde el sector promotor valenciano, por debajo de estos valores "los números no salen y hacían inviables los proyectos". De ahí que estas dos parcelas fueran las más atractivas y las que han despertado el 'apetito' empresarial de esta licitación con la que la Administración Valenciana busca sacar nueva oferta al mercado en un momento de emergencia habitacional en España.
Lo cierto es que Culmia ya lo había intentando en el primer plazo, pero problemas técnicos para subir la documentación exigida en la Plataforma de Contrataciones impidieron completar el proceso. Concretamente, la licitación se lanzó el pasado 4 de junio y las empresas tenían en primera instancia hasta el 3 de julio. Ese último día, la Mesa de Contratación de la licitación aseguró tener constancia de que "las empresas Fama, que se presentaba en UTE con otra empresa, y Culmia intentaron subir la documentación", pero no lo consiguieron por cuestiones informáticas. Sin embargo, desde el soporte aseguraron que el servicio se prestó "con normalidad" aquel 3 de julio.
Por ello, y aunque se admitió el interés de empresas por participar, no quedaron acreditadas y el concurso se declaró desierto. Ante estas circunstancias, la Generalitat decidió ampliar el plazo, que venció este lunes 29 de julio de forma favorable para los intereses del departamento que dirige Susana Camarero. La convocatoria incluía la cesión al sector privado de 13 parcelas en diferentes puntos de la autonomía. Unos terrenos, divididos en 8 lotes, que habían sido ofrecidos por los ayuntamientos a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha) para la construcción de 721 viviendas de protección pública en régimen de alquiler asequible.
Este concurso forma parte de uno de los ejes del Plan Vive del actual gobierno autonómico para aumentar el stock residencial en el mercado valenciano. Una iniciativa, muy similar a la que lanzó el Botànic en la pasada legislatura, pero con novedades como paquetes más pequeños con suelos ubicados en el mismo punto, además de rentas máximas más elevadas. Eso sí, el modelo es el mismo: las empresas adjudicatarias construyen los edificios residenciales y los explotan en régimen de alquiler asequible durante 55 años, prorrogables otros 20 más. Una vez finalizado el plazo, los inmuebles son gestionados por la Administración, que en todo momento es la propietaria de las viviendas.
Ahora, la Mesa de Contratación tendrá que valorar las ofertas para la adjudicación definitiva, mientras que la Generalitat Valenciana deberá decidir el futuro de los once suelos que se han quedado sin concurrencia. Ambas ofertas tienen detrás empresas con dilatadas experiencias en la promoción inmobiliaria.
Así, desde sus inicios en 2013, Culmia ha entregado más de 7.400 viviendas en más de 115 promociones. En la actualidad, la compañía cuenta con una cartera de 15.500 viviendas. De ellas, 8.450 se encuentran en fase de desarrollo en un total de 110 promociones con presencia en la Comunitat Valenciana. Además, tiene un banco de suelo ubicado en sectores estratégicos que totaliza 6.800 viviendas y que espera desarrollar en un total de 135 promociones.
Por su parte, Tizor es la filial de obra pública de Cívica, el grupo empresarial liderado ahora por los hijos del empresario alicantino Enrique Ortiz. Tras despojarse de la prestación de servicios, como la limpieza de edificios públicos y la limpieza viaria, la firma Cívica tiene en el inmobiliario su principal línea de negocio, tanto en la gestión de suelo finalista como en la construcción de viviendas, fundamentalmente en la ciudad de Alicante. Desde la pandemia, la empresa también ha recuperado con más intensidad la obra pública y se ha presentado a nuevas licitaciones.
Su aliada Livanto se constituyó en 2015 en Vitoria y también ha acometido varios proyectos inmobiliarios, principalmente en Madrid y el norte de España. No obstante, conoce bien las tierras valencianas ya que aterrizó en 2017 en València con una promoción de 100 viviendas en Pont de Fusta, mientras que dos años después llegó a Alicante con un proyecto residencial de 72 inmuebles en Benalúa Sur.
El valor total de los suelos ascendía a más de 101,1 millones de euros. Concretamente, se encuentran ubicados en diferentes municipios repartidos entre las tres provincias. De esas 721 viviendas proyectadas: 92 estarán en València; 200 en Sagunt; 80 en El Puig; 40 en Benifaió; 121 en Castelló; 33 en la Vila Joiosa; 84 en Jávea; y 91 en Benidorm.
En concreto, el primer lote, al que aspiran ambas ofertas, incluye una pastilla en la avenida Moralet de Benidorm para 91 inmuebles; mientras que el segundo incluye tres suelos: uno en la calle Confrides de la Vila Joiosa para 33 unidades y otros tres parcelas en Xàbia, una en calle Poeta José Albi, 8 (42 viviendas) y dos en la calle Garcilaso de la Vega, 14 y 16 (ambas suman 22 viviendas), de acuerdo con el pliego de condiciones.
El lote tres está formado por dos superficies en Castelló de la Plana, ambas en la calle Riu Llobregat, 2 (82 viviendas) y el número 14 (39 viviendas); mientras que el cuatro es una pastilla en Benifaió, en la calle José Huguet 34, para 40 viviendas. El lote cinco está compuesto por una superficie en El Puig de Santa María, en la calle Max Aub, 2 para 80 viviendas y por otra en Sangunt, concretamente en la calle Pavía, 7 (55 viviendas).
Por su parte, el sexto paquete es un suelo en la avenida del Barraquero de Sagunt para 145 viviendas; mientras que el séptimo, el segundo que ha captado el interés de las empresas, lo constituye un terreno en València, en la calle Vicente Miguel Carceller para construir 78 viviendas; y el octavo y último de la licitación contiene otro suelo en el 'Cap i Casal' en la calle Francisco Largo Caballero para 14 viviendas.
Cabe subrayar que el uso de estas viviendas deberá ser únicamente residencial y destinado a vivienda de protección pública en régimen de alquiler social. Además, los garajes y trasteros situados en los sótanos del edificio tendrán la consideración de anejos inseparables a las viviendas, de acuerdo con el pliego de condiciones.
En cuanto a los precios, dependerá de cada lote. En este sentido, se ha fijado un máximo de 10,5 euros por metro cuadrado útil al mes para los pisos en Benidorm, la Vila Joiosa y València; mientras que ha quedado establecido en 9 euros el metro cuadrado útil en Jávea, Castelló y el terreno para 145 viviendas en Sagunt. Más asequible será el otro solar en Sagunt, el del PAI Gerencia, que será una renta máxima de 7,5 euros, aunque los más asequibles para los beneficiarios serán los alquileres en Benifaió y El Puig, con precios máximos de 6 euros al mes el metro cuadrado útil, de acuerdo con el pliego.
Asimismo, habrá un tope de entre 4,5 y 6,3 euros por metro cuadrado útil al mes de plaza de garaje, de trastero o de cualquier otra superficie adicional anexa a la vivienda en función de cada municipios.
