Los portavoces de Guanyar y Cs, Miguel Ángel Pavón y Yaneth Giraldo, junto al alcalde, Luis Barcala, en el salón de plenos, en imagen de archivo. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Labor de fiscalización... y de desmarque político a cuenta de la polémica del exasesor del PP vinculado a la edil no adscrita, Nerea Belmonte. Los grupos municipales de Ciudadanos (Cs) y Guanyar en el Ayuntamiento de Alicante han registrado este martes una iniciativa conjunta para que el edil de Infraestructuras, el popular Israel Cortés, comparezca en el pleno ordinario de diciembre, el próximo día 20, con el propósito de que el regidor explique en qué consistieron los trabajos desarrollados por el excargo de confianza, Miguel Ángel Redondo, durante los cerca de 30 días en los que desempeñó funciones como personal eventual en su departamento.
Redondo estuvo contratado como asesor a tiempo completo (con dedicación exclusiva) desde el 15 de mayo hasta el 13 de junio, justo el mismo día en el que trascendió su contratación en boletines oficiales (que el PP había mantenido oculta pese a la pregunta expresa formulada por Alicante Plaza) y cerca de dos semanas después de que trascendiese que se había dedicado a acompañar a Belmonte en varias visitas a dependencias municipales o de entidades sociales de la ciudad, como si se tratase de un asesor a su servicio pese a que la regidora no podía disponer de ese personal de apoyo por su condición de no adscrita.
La solicitud de comparecencia de Cortés, firmada por los portavoces de Cs y de Guanyar, Yaneth Giraldo y Miguel Ángel Pavón, se produce menos de una semana después de que se conociese el decreto de archivo de las diligencias que se instruían en Fiscalía sobre si la contratación de Redondo pudo ser una presunta contrapartida a cambio de que Belmonte facilitase la investidura del popular Luis Barcala como nuevo alcalde, tras la dimisión del socialista Gabriel Echávarri (que será juzgado en octubre de 2019 por un supuesto fraccionamiento de contratos del llamado caso Comercio y el 20 de enero de 2020 por el despido supuestamente irregular de una funcionaria, cuñada de Barcala, después de que éste, entonces en la oposición, elevase al juzgado la denuncia sobre los contratos de Comercio).
Dichas diligencias sobre la contratación de Redondo se incoaron a instancias de las denuncias presentadas por los cuatro grupos de la oposición municipal sobre los mismos hechos aunque por separado: PSOE, Guanyar, Ciudadanos y Compromís. Con ese gesto, los cuatro establecieron una suerte de unidad de acción en su labor de oposición para que se desentrañase si la elección de Barcala pudo estar condicionada por la contratación de ese conocido de Belmonte y de su amiga personal, la exedil del PP, Elsa Martínez. Esa unidad de acción (no coordinada) se mantendría ahora por lo que respecta a los posibles pasos a seguir: los cuatro grupos estarían meditando todavía la posibilidad de trasladar esas denuncias a los juzgados para que sea un juez quien pueda retomar la investigación y acordar nuevas pruebas no practicadas, como la toma de declaración de Barcala o de Belmonte, por ejemplo.
Las dudas sobre el asesor de Barcala ligado a Belmonte: la oposición medita ir al juzgado
Por el momento, ninguna de esas cuatro formaciones ha tomado una decisión definitiva sobre el registro de la denuncia en los juzgados. Eso sí, como mínimo, a juicio de Cs, el decreto de archivo de las diligencias "ha puesto nuevas dudas sobre la mesa, al manifestar lo extraño de los hechos", en alusión a la contratación de Redondo. Por ello, el partido de Albert Rivera considera necesario que el concejal responsable del área de Infraestructuras dé cuenta de la labor desarrollada por ese exasesor. "En teoría, y según se desprende del decreto de Fiscalía, la función que se le asignó a Redondo fue la de inspeccionar y supervisar desperfectos en la vía pública y en jardines para confeccionar un mapa de deficiencias y poder establecer así un plan para subsanarlos", incidió Cs, a través de un comunicado. La petición de Cs trataría de forzar a Cortés a que detallase ante el pleno de la corporación en qué consistió realmente ese trabajo.
La petición de comparecencia se presentó en el último día del plazo establecido para que los grupos políticos puedan presentar iniciativas al próximo pleno. La propuesta debía estar avalada con la firma de un mínimo de cinco concejales, según se establece en el Reglamento Orgánico del Pleno (ROP). Se trata justo de la cifra de ediles que integran el grupo municipal de Cs. Sin embargo, según fuentes del partido, este martes sólo estaban disponibles cuatro de ellos, por compromisos particulares de una de sus representantes (María José Molina). Por ello, según las mismas fuentes, se recurrió a la búsqueda de apoyo de otro grupo de la oposición. Para ese trance, hubiese valido cualquiera de los tres grupos; dos de ellos o los tres, si de lo que se trataba era de dar una imagen de unidad en la fiscalización del asunto. Sin embargo, se optó sólo por Guanyar. A PSOE y Compromís no se les consultó ni se les animó a firmar la propuesta, según confirmaron sus respectivos portavoces, Eva Montesinos y Natxo Bellido.
Lo cierto es que la elección no fue precisamente inocente. La petición de comparecencia no solo trataría de fiscalizar la gestión del PP y, con ello, de marcar distancias entre Cs y ese partido. También trataría de separar las posiciones de Cs en la labor de oposición respecto al resto de grupos y, al tiempo, entre los otros tres grupos que la componen. Según las fuentes consultadas, Cs no podría en ningún caso buscar un acercamiento con Compromís por su distancia ideológica y tampoco consideraría indicado sondear el apoyo del PSOE tras evaluar que las siglas de ese partido también se vieron involucradas en unas diligencias paralelas (igualmente archivadas) sobre la supuesta oferta de un sueldo de 3.500 euros a cambio de la posición de voto de Belmonte.
En PSOE y Compromís, por otro lado, señalaron que no les pareció descabellado que Cs buscase a Guanyar "porque ahora parece guardar más sintonía con la derecha" y señalaron que, en todo caso, "quien debía dar explicaciones en el pleno sobre la contratación de Redondo era el alcalde y ya lo hizo; por eso estamos meditando la posibilidad de trasladar la denuncia a los juzgados para que sea un juez quien decida si también debe darlas en sede judicial", concluyeron.
