Giraldo, rodeada de sus compañeros de grupo, al presentar la moción sobre la comisión de investigación.ALICANTE. La maquinaria política comienza a girar para poner en marcha la comisión de investigación de los 25 encargos directos (sin concurso) tramitados desde la Concejalía de Comercio por un importe globlal de 189.000 euros. El grupo municipal de Ciudadanos (C's), que impulsó su creación, ya trabaja en la lista de su propuesta de comparecientes. Y entre ellos, según fuentes consultadas por Alicante Plaza, figurarán en una posición destacada los nombres de los responsables de la asesoría jurídica municipal y el del interventor.
C's considera que la aportación de los técnicos que emitieron informes sobre los contratos de Comercio (fundamentalmente relacionados con la campaña publicitaria "Alicante está de moda", con la señalización de mercados y con la gala de entrega de los premios del sector) es más que relevante para tratar de esclarecer si pudo haberse cometido algún tipo de irregularidad y a quién podría atribuirse.
Como publicó este diario, ninguno de los dos dictámenes técnicos incorporados al expediente desde esos departamentos (asesoría jurídica e intervención) llega a ser concluyente. El informe de la asesoría jurídica establece cuáles son las condiciones genéricas que deben darse para que concurra un fraccionamiento de contratos y conmina a erradicar los contratos menores en favor de la convocatoria de concursos que favorezcan la libre concurrencia de empresas, pero no llega a analizar el detalle de lo sucedido con los 25 contratos de la polémica.
El dictamen del interventor tampoco es tajante. No dice que exista fraccionamiento de contratos, sino que no se puede descartar que no haya existido. De ahí que se concluyese que la salida más adecuada era la anulación del pago de las facturas con cargo a los presupuestos de 2016, y su abono mediante el mecanismo del reconocimiento extrajudicial de crédito (para no incurrir en un supuesto de enriquecimiento ilícito, ya que los trabajos contratados se prestaron). Esa anulación requiere el informe preceptivo del Consell Jurídic Consultiu (CJC) que debe resolver sobre la corrección del trámite. En principio, no hay plazos concretos para que llegue su pronunciamiento.
La comisión debe quedar constituida en el plazo de 15 meses desde que su creación se aprobó en pleno
En la lista de comparecientes de C's, se da también por hecha la inclusión del jefe del departamento, Diego Agulló, y la del asesor delegado de Comercio, Pedro de Gea. La relación no está cerrada, pero no sería descartable que se solicitase igualmente la comparecencia del propio alcalde y edil del área, Gabriel Echávarri, que -de acuerdo con el texto de la propuesta aprobada en el pleno- debe ejercer la presidencia de la comisión. El propio primer edil sostuvo en el pleno que se facilitaría la participación de quienes se solicitase tras reiterar que no había nada que ocultar.
Su constitución debe producirse en un plazo de 15 días desde que se aprobó su creación en el pleno y debe tener una composición equivalente a la representación de cada grupo político en la corporación. Al presentar la iniciativa, la portavoz de C's, Yaneth Giraldo, precisó que uno de los objetivos fundamentales que debe lograr con el trabajo de la comisión es determinar si existe algún tipo de relación entre los beneficiarios de los contratos y los contratantes.
Giraldo apuntó que, si de las conclusiones se extrae algún indicio delictivo, su grupo acudiría a Fiscalía para denunciar los hechos. En el pleno del pasado miércoles, recriminó a PP haber comenzado la casa por el tejado al haber dado ese paso sin analizar previamente la documentación y los testimonios en esa comisión.
