ALICANTE. Al margen de la controversia sobre el retraso en la instalación del alumbrado navideño y del acuerdo por la revisión de los planes especiales del Centro y del Casco Antiguo para -entre otros puntos- tratar de solucionar el conflicto del ruido, el pleno ordinario de diciembre celebrado este jueves en el Ayuntamiento de Alicante volvió a evidenciar, una vez más, la incomodidad política que los dos ediles del grupo municipal de Vox suponen para el equipo de Gobierno: el bipartito en situación de minoría compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs).
Esa molestia se puso de manifiesto quizá de manera más explícita que nunca al menos por lo que respecta a los ediles de Cs, que amplificaron su voluntad de desmarque respecto a las posiciones ideológicas que defiende el partido de Santiago Abascal en la antesala del debate sobre los presupuestos municipales de 2020: un momento de especial complejidad en el que PP y Cs pueden acabar necesitando los votos de Vox para que su propuesta de planificación económica -todavía por perfilar entre los dos socios de gobierno- pueda quedar aprobada. Como viene informando Alicante Plaza, el bipartito requiere de mayoría simple (más votos a favor que en contra) y en estos momentos solo contarían con sus 14 votos a favor garantizados en una corporación compuesta por 29 concejales.
¿Cómo se evidenció esta vez esa voluntad de diferenciación con Vox? Más allá de las discrepancias manifestadas en varias votaciones, Cs quiso remarcar su lejanía respecto al grupo que lidera Mario Ortolá después de que éste preguntase sobre los controles efectuados por la Concejalía de Cultura "respecto al contenido de las actuaciones que se realizan en Alicante". La pregunta aludía a la polémica suscitada por el contenido de las canciones alusivas al consumo de drogas interpretadas por el cantautor Malaletra el pasado 8 de diciembre, junto a la Plaza de Quijano, en la que se encuentra instalada la atracción navideña infantil conocida como la Casa de Papá Noel, a la que acuden niños.
La respuesta llegó por parte del edil de Cultura, Antonio Manresa (Cs), quien explicó que la actuación formaba parte del contrato global suscrito con la Asociación de Cantautores sin que tuviese ninguna relación con la casa de Papá Noel. En esta línea, remarcó que tanto él como el conjunto del bipartito ya habían pedido disculpas por esa polémica actuación, pese a que la propia asociación había exonerado al Ayuntamiento de implicación en el incidente.
Manresa incidió en que ni el ayuntamiento ni su concejalía podían tener responsabilidad sobre la "actuación de un descerebrado al que le faltaba conocimiento para saber al lado de quién iba a actuar", en referencia a los niños. Pero, además, replicó a las críticas de Ortolá en las que le atribuía una "mala gestión" como concejal de Cultura para deslegitimar a Vox como formación política al considerarla fuera de los principios democráticos esenciales. Manresa fue tajante y contundente al señalar que le satisfacía que la crítica viniese de un partido "xenófobo, racista y supremacista".
Manresa, sobre Vox: "Me alegra que las críticas a mi gestión vengan de un partido xenófobo, racista y supremacista"
Cs -al igual que el PP- también recalcó su distancia ideológica respecto a Vox en el debate de la declaración institucional presentada para condenar las pintadas ultras aparecidas en las sedes de PSPV-PSOE, Podem, Compromís y EU en Alicante. La propuesta fue aprobada por todos los grupos políticos salvo por Vox, que justificó su voto en contra con el argumento de que nadie había condenado los ataques sufridos por las sedes de su partido en Andalucía tras las elecciones autonómicas celebradas en esa comunidad. En los turnos de intervención hubo calificativos de todo tipo: Ortolá tildó de "ratas" a los líderes nacionales de Podemos, mientras que los ediles de PSPV-PSOE, Unides Podem EU, Compromís y también Cs definieron esas pintadas como "fascistas".
Eso sí, lo cierto es que en otros puntos del debate plenario sí hubo entendimiento entre las tres fuerzas del centro-derecha: PP, Cs y Vox. En algunos casos, incluso con la participación del PSPV-PSOE. Sucedió, por ejemplo, a colación de la iniciativa presentada por Vox para que se crease una comisión con el fin de elaborar un plan integral que atendiese las necesidades de las partidas rurales. En ese caso, el edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Cs), consideró que la iniciativa era positiva y que cabía dejar de lado el "sectarismo" en alusión a la abstención de Unides Podem EU y al voto en contra de Compromís.
En todo caso, tanto el alcalde, Luis Barcala (PP), como el propio Santos Pérez también conminaron al conjunto de grupos políticos a dejar atrás cuestiones partidistas para condenar todo tipo de ataques antidemocráticos independientemente de quienes los sufriesen, como -según recordó Pérez- sucedió durante la última manifestación del orgullo celebrada en Alicante respecto a la participación de representantes de Cs, en la que recibieron insultos y tuvieron que ser escoltados por la policía.
Sea como fuere, los gestos de desmarque de Cs respecto a Vox resultan especialmente significativos por el contexto de enfrentamiento previo que existe entre los dos partidos: el episodio del pleno se produjo una semana después de que los dos ediles del partido de Abascal advirtiesen al equipo de Gobierno de que no apoyarían su propuesta de presupuesto si no se eliminaban las partidas asignadas a Cooperación Internacional y al área LGTBI, dos concejalías gestionadas por Cs. Y también, después de que Cs se plantase ante ese aviso y replicase que las cuentas podrían aprobarse con el respaldo de otras formaciones políticas.
Por lo demás, sin contar con las verbigracias habituales del portavoz del PSPV-PSOE, Paco Sanguino (brindó una felicitación navideña cuanto menos curiosa), el tono del debate volvió a ser bronco en varios momentos de una sesión que se prolongó durante más de siete horas. Sobre todo, en las intervenciones de réplica ofrecidas por concejales del PP a iniciativas presentadas por Compromís. Fueron especialmente duras las respuestas ofrecidas por la edil de Educación, Julia Llopis, y por el edil de Participación Ciudadana, Manuel Jiménez, a la hora de responder sobre el calendario de ejecución de las obras en colegios del Programa Edificant y sobre la reforma del reglamento de participación.