La portavoz de Ciudadanos, Yaneth Giraldo, en imagen de archivo. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Alicante abunda en las supuestas anomalías registradas en la tramitación de los 25 encargos directos impulsados por la Concejalía de Comercio el pasado diciembre por un importe global de 189.000 euros. Su portavoz, Yaneth Giraldo, ha sostenido este miércoles a través de un comunicado que "si la campaña de promoción comercial de diciembre de 2016 ha planteado graves interrogantes, por posible fraccionamiento de contratos, la que se hizo en 2015 también arroja serias dudas".
Giraldo ha explicado que su grupo municipal habría "detectado una subvención de 53.000 euros destinadas a cinco asociaciones de comercio que actuaron de forma conjunta y que a su vez adjudicaron a una misma empresa trabajos y servicios, como la Gala de Comercio, y las subvenciones no tienen como objetivo la contratación de servicios".
"Podríamos estar ante un caso de subvención pantalla, o si se prefiere un posible contrato encubierto, ya que en realidad lo que se impulsó desde la Concejalía de Comercio fue una contratación de servicios hacia una empresa privada, y servicios muy relacionados entre sí", ha puntualizado Giraldo. La ayuda estaba encaminada a la dinamización y promoción del comercio y la gala anual de Comercio, una campaña similar a la de diciembre de 2016 que ha suscitado la petición de una comisión de investigación por parte de Ciudadanos.
Esa comisión sigue en suspenso, después de que Cs presentase un recurso de reposición sobre su composición y su régimen de funcionamiento que todavía no se ha resuelto. Además, los contratos también han sido objeto de una denuncia presentada por el PP en Fiscalía por lo que consideran un delito de prevaricación administrativa en relación a un presunto fraccionamiento de contratos.
"Hay algo que no cuadra en todo esto", ha expresado Giraldo, ya que "no acabamos de entender para qué recurrió el Ayuntamiento a terceros y, además, por vía de la subvención, cuando lo correcto hubiera sido que la contratación se hubiera hecho desde la propia Concejalía de Comercio a través de un concurso público al superarse la cifra de 18.000 euros que marca la ley para diferenciar las llamadas contrataciones menores".
Desde la anulación del pago de las facturas por esos 25 encargos, que provocó el estallido de la polémica, el alcalde de Alicante y exedil de Comercio, Gabriel Echávarri, viene descartando que en esos contratos menores tramitados en 2016 haya existido una conducta susceptible de considerarse delito al haberse concertado servicios diferentes.
