La portavoz de Cs, Yaneth Giraldo, junto a sus compañeros de filas, Buades y Manresa, en los juzgados de Benalúa.ALICANTE (EFE / AP). El grupo de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Alicante ha registrado este martes en el juzgado su propia denuncia contra el alcalde, el socialista Gabriel Echáávarri, y dos asesores, Pedro de Gea y Lalo Díez, por delitos de prevaricación, usurpación de funciones y falsedad documental en la adjudicación de 25 contratos de la Concejalía de Comercio.
Estas supuestas irregularidades ya fueron denunciadas por el PP y han motivado que el juzgado de Instrucción 9 de la ciudad haya abierto diligencias y citado al portavoz del grupo popular, Luis Barcala, el próximo 6 de octubre para que ratifique sus acusaciones contra el primer edil.
La portavoz de C's, Yaneth Giraldo, ha explicado que la denuncia presentada por su grupo es independiente de la del PP y "más sólida y contundente" que ésta, aunque ha matizado que serán los jueces quienes determinen si ambas han de unirse en un mismo proceso. "A raíz de todas las comparecencias que ha habido en la comisión de investigación creada en el ayuntamiento, hemos decidido que debían dilucidarse responsabilidades penales además de las políticas", ha apuntado Giraldo, que ha estado acompañada de los concejales de su formación.
Los 25 contratos fueron adjudicados por un importe total cercano a los 190.000 euros a finales del pasado año con motivo de diversas campañas de promoción impulsadas por la Concejalía de Comercio, entonces dirigida por el alcalde.
Ya este año, la Junta de Gobierno acordó solicitar la nulidad de esos expedientes y plantear una consulta al Consell Jurídic Consultiu (CJC) sobre la corrección del procedimiento de contratación, después de que un jefe de servicio y el interventor municipal determinaran que no podían tramitarse como contratos menores. Después, el pleno acordó la creación de una comisión de investigación para esclarecer los hechos a instancias de Cs.
El partido de Albert Rivera entiende que hubo un fraccionamiento de contratos para "evitar el concurso público y la publicidad", lo que puede constituir en su opinión un delito de prevaricación, así como una usurpación de funciones por parte de los asesores denunciados y una falsedad documental por el uso indebido de la firma electrónica.
Giraldo ha indicado que en la comisión de investigación "salió a la luz que personal eventual del ayuntamiento estaba ejerciendo competencias que no les habían sido delegadas por decreto, por lo que no podían contratar", en alusión a Díaz y de Gea. En esta línea, ha incidido en que "la firma electrónica es personal e intransferible y en esa misma comisión quedó claro que se había utilizado sin ningún decreto que autorizara dicha utilización", ha añadido la concejala.
Giraldo también se ha referido al auto de la Audiencia que ratifica el procesamiento de los dos exalcaldes del PP investigados por el supuesto amaño del Plan General de Alicante, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, para sostener que la Justicia llega "tarde, pero siempre llega y pone las cosas en su lugar".
"La Justicia, tarde, pero va llegando y poniendo las cosas en su lugar. Esperamos que esto se resuelva rápido porque ha supuesto un perjuicio no solo económico sino también estético para la imagen de la ciudad", ha opinado.
