SAN VICENTE DEL RASPEIG. Desde ayer, martes 10 de marzo, el Ayuntamiento de San Vicente ha comenzado a controlar el acceso de todas las personas que quieran acceder a alguna de las plantas del edificio municipal principal. Se trata de una medida transitoria por la que ha optado el consistorio tras la agresión sufrida a una trabajadora recientemente.
El control de acceso está siendo realizado por un Policía Local en segunda actividad con el puesto de vigilante de instalaciones municipales (RPT publicada en el BOP del 29/01/2020) y un auxiliar de servicios adscrito a Centralita, quienes están solicitando a las y los usuarios la identificación y el departamento al cual se dirigen. Se trata de una fórmula temporal mientras que el Ayuntamiento estudia las diferentes opciones de seguridad que tiene sobre la mesa.
Esta medida está impulsada por el concejal de Presidencia, José Luis Lorenzo, tras acordarse en la última reunión de equipo de Gobierno (PSOE y EU), mientras que desde Bienestar Social y la Policía Local se estudian opciones más estables. Además, el edil solicita comprensión e implicación por parte del resto de grupos de la corporación municipal y de los sindicatos porque "la seguridad de nuestros trabajadores es un tema por el que hemos de trabajar todos conjuntamente".
Desde Podemos San Vicente tildan esta solución como una "sorpresa desagradable", por el hecho de poner a un auxiliar de servicio a exigir el DNI a toda persona que quiera subir a cualquier planta del Ayuntamiento, ejerciendo las labores propias de un agente de policía o guardia de seguridad. Este improvisado puesto de control se sitúa frente a los ascensores y regula el acceso a las oficinas, por lo que, además, se deja a su suerte a las trabajadoras del Civic, manifiestan desde el partido morado.
David Navarro, portavoz de Podem San Vicente, afirma que "este hecho denota la poca consideración y respeto que este equipo de gobierno tiene hacia sus trabajadoras y trabajadores, más si tenemos en cuenta que desde el servicio de Bienestar Social e incluso yo mismo, presentamos escritos ya en 2016 sobre la problemática de la seguridad que se vive en este Ayuntamiento".
Por su parte, Ciudadanos también expresa su descontento con la medida provisional, exigiendo al equipo de gobierno que el control de accesos al Ayuntamiento se realice con agentes de la Policía Local, "ya que cuentan con la preparación y formación adecuada para ello" -considera Mariela Torregrosa, concejala de Cs-, o, en su defecto, con vigilantes de seguridad privada. La edil también explica que "es inaceptable que hayan decidido descargar en los auxiliares de servicio esta responsabilidad como respuesta a las agresiones sufridas por los trabajadores en los últimos años".
Torregrosa solicita, además, que "el equipo de Gobierno lleve a cabo una evaluación de los riesgos laborales a los que se exponen los auxiliares de servicios al asumir esta nueva función". En este sentido, Ciudadanos recuerda que los trabajadores municipales llevan más de tres años denunciando la situación de inseguridad y desprotección que sufren, como la del pasado mes de febrero, cuando una funcionaria sufrió una agresión mientras desempeñaba su puesto de trabajo en el consistorio.
