BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm estima el coste del servicio de residuos sólidos urbanos y limpieza de espacios públicos en 17 millones de euros anuales, cinco más del contrato actual. Así se desprende de la propuesta del departamento de Ingeniería tras analizar la documentación presentada por cuatro de las cinco mercantiles consultadas para su elaboración. Según explicó el concejal de Espacio Público, José Ramón González de Zárate, se trata de un paso más del Consistorio para la elaboración de los pliegos del nuevo contrato, ya que el actual está caducado desde 2018.
Para ello, el Consistorio ha iniciado el periodo de alegaciones durante los próximos 20 días a contar desde el martes 11 de enero el mencionado informe la propuesta de estructura de costes. Este sirve para prever la revisión de precios del contrato. Un asunto que ha generado controversias con la actual concesionaria llevándolo incluso a los juzgados.
La propuesta de los técnicos se basa en las respuestas dadas por las mercantiles consultadas, tal y como recoge la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española. Se trata de las empresas Acciona –que no respondió–, Actua Servicios y Medio Ambiente SL; FCC, Medio Ambiente SAU; OHL Servicios - Ingesan; y Valoriza Servicios Medioambientales SA.
El informe presenta las cuatro respuestas sobre sus estructuras de costes, para la que hacen una media de todas ellas dividas en cuatro grandes conceptos: los gastos de personal suponen el 73,12% del total, los gastos de explotación un 10,20% (que se desgrana en otros tres, como son los carburantes y lubricantes; mantenimiento y reparaciones; e impuestos y otros asociados), otros gastos fijos anuales son el 3,75% (divididos en suministros, mantenimiento de instalaciones, vestuario de personal y aplicaciones informáticas) y por último el 12,93% es para la amortización y financiación (amortización y gastos financieros).
Sabiendo esto, los técnicos cruzan los datos con la memoria económica que ya tienen en el expediente de contratación. "Se ha realizado un análisis detallado del servicio que se pretende implantar y la estimación del coste que implicaría, tomando como referencia las propuestas formuladas por los operadores económicos que participaron en la Consulta Preliminar de Mercado, pero ajustándolos con las experiencias propias, así como a los criterios y necesidades municipales conforme la definición básica establecida en el Pliego de Prescripciones Técnicas", dice el informe al que ha tenido acceso Alicante Plaza.
Con todo, la propuesta de estructura de costes del Consistorio asciende a los 16.948.117,50 euros. Así, el gasto en personal llega a los 11.893.360,92 euros, lo que supone el 70,18% del total. Los costes energéticos son de 934.500 euros anuales, el 5,51%; los de mantenimiento y reparación alcanzan los 759.600 euros, el 4,48% del total. Otros costes del servicio se queda en 641.900 euros, el 3,79% del total; y los costes de amortización y la financiación asciende a los 2.718.756,58 euros, lo que abarca el 16,04%.
En este sentido, destacan "el importante peso que tienen las amortizaciones y costes financieros, que superan el umbral del 15%, al contemplarse unas fuertes inversiones por la renovación de todos los equipos, la tecnificación del servicio y, especialmente, por la implantación de la Base Logística del servicio".
El edil del área reseñó a este diario que se prevé una implantación progresiva de los servicios, que llegaría al 100% en el quinto año del contrato. Así lo recoge también el informe, que da dos motivos para ello: la adaptación de los usuarios y la estabilidad presupuestaria municipal. Sobre el primer aspecto, el informe señala que "la naturaleza de los servicios que se pretenden implantar requiere de una colaboración y participación directa de los usuarios a través de formulas de gestión diferentes que, por su novedad, complejidad, grado tecnológico, etc., es previsible que no puedan ser totalmente eficaces desde el primer momento, siendo necesario un periodo de adaptación, información, o concienciación para que el sistema previsto sea totalmente operativo".
Hay que tener en cuenta que el contrato se tendrá que adaptar al Plan Integral de Residuos de la Comunitat, tal y como indicó el edil, motivo por el cual también incrementa el coste del servicio ya que se incrementarán los servicios, la maquinaria y el personal. De este modo, explicó que se pondrá en marcha una tarjeta ciudadana por la que se premiará a los vecinos que reciclen.
Por lo que respecta al motivo de la estabilidad presupuestaria, el Ayuntamiento de Benidorm aprobó, el 10 de marzo de 2021, el Plan Presupuestario a Medio Plazo 2022-2024, que regula la capacidad de gasto del mismo durante dicho periodo, en el que los posibles incrementos de costes que se generen con motivo del nuevo contrato deben de ser parejos a los ingresos o ahorros que pudieran obtenerse a cambio.
De este modo, con la implantación progresiva el Ayuntamiento pretende adaptar el nivel de gasto asumible a sus posibilidades presupuestarias "ya que, además de otras medidas financieras que pudieran tomarse como la reestructuración de la tasa municipal de basuras, conforme avance el grado de implantación de los servicios, y con ello la respuesta de los usuarios, se alcanzarán mejores rendimientos de recuperación de residuos que, además de generar más ingresos directos, implicarán un ahorro en los gastos de transferencia y tratamiento en la Planta de Valorización del Consorcio 6. A1", reza el informe.
El Consistorio prevé una inversión mayor que la calculada por las empresas consultadas. Asciende a 26 millones de euros en total, 12,7 millones de los adjudicatarios y 13,2 millones de euros municipales. Según explican en el informe, se debe a la intención de implantar una base logística y dotarla de infraestructuras singulares como la planta de compostaje municipal o la planta de recuperación de residuos. Aunque también es debido a los cambios necesarios por la nueva norma autonómica, como se decía, como la recogida puerta a puerta o el sistema quita y pon, "que requieren de más equipos y, por tanto, de más medios mecánicos que implican, precisamente, un mayor esfuerzo inversor". Para ello, se necesitarán más de 10 años de contrato para su amortización, según las estimaciones de los técnicos municipales.
Con todo, establecen que el periodo de recuperación de la inversión prevista es de 15 años, pero no comenzará a amortizarse hasta el inicio de la prestación efectiva de los servicios contratados, que en principio es de cuatro años. Por lo que el plazo estimado para de duración del contrato será la suma de ambos factores, los 15 años más el periodo de transición que de momento se estima en cuatro años.
Finalmente, concluyen que procede realizar revisiones de precios periódicas y predeterminadas, debiendo determinar, para ello, los costes que pueden estar sometidos a dicho proceso. Esto no incluye las variaciones de los costes financieros, amortizaciones, los gastos generales o de estructura ni el beneficio industrial. Asimismo, establecen que "los índices que se utilicen para la revisión de precios, además de presentar el mayor grado de desagregación posible, evitando así la indexación al IPC, deberán de ser públicos y no podrán estar sujetos a posibles modificaciones unilaterales por parte del operador económico".