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lo hará el instituto de ecología litoral

Conselleria encarga un estudio para conocer las consecuencias medioambientales del derribo de Gemelos 28

11/04/2019 - 

BENIDORM. La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio ha encargado al Instituto de Ecología Litoral, situada en El Campello, para que haga un estudio que desgrane las consecuencias que tendría el derribo del edificio de Gemelos 28 de Benidorm. Como se recordará, estas dos torres tienen una orden de derribo del juez a pesar de que están ocupadas por sus inquilinos. Según ha podido saber este diario, se trata de un estudio de caracterización biológica y ecológica del entorno litoral de la construcción.

Por tanto, sería un paso más para conocer las consecuencias de ejecutar dicha petición del magistrado, tal y como explicaron fuentes de Conselleria. El coste de este informe es de 15.125 euros (IVA incluido) y tiene una duración de tres meses para su ejecución. 

Estos 15.000 euros se sumarían a la cantidad millonaria que va a tener que asumir la Generalitat, tanto por el proyecto de demolición así como su ejecución. A lo que habría que añadir las indemnizaciones a los vecinos que adquirieron sus hogares con todas las licencias en regla. Una cuantía que aún están estimando pero de la que se habría hablado que está en torno a los 100 millones de euros.

A modo de recordatorio, las torres de Punta Llisera tienen una orden de derribo por el TSJ desde noviembre de 2017. El fallo interpretaba la sentencia del Tribunal Supremo de 2012, por el cual, declaró ilegal el permiso otorgado el 29 de abril de 2005 por la Dirección General de Costas y Puertos de la Conselleria de Obras Públicas, en ese momento, dirigida por Rafael Blasco.

El motivo no era otro que ocupar una zona de dominio público servidumbre marítimo-terrestre. La demolición de las dos torres no será fácil, ya que ambas alcanzan los 22 pisos, con edificios a su alrededor, así como vecinos viviendo en su interior que adquirieron los pisos de forma legal a los promotores, sin olvidar la proximidad al mar que podría afectar a la biodiversidad de la zona.

Y todo ello teniendo en cuenta que sería perfectamente legal levantar las mismas torres pero unos seis metros hacía atrás.


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