ALICANTE. El proyecto para la instalación de una planta de almacenaje de combustible con seis macrodepósitos en la terminal de mercancías del Puerto de Alicante consigue unir al Ayuntamiento y al Consell. Las dos administraciones se conjuraron este martes para revisar la propuesta que impulsa la empresa XC Business 90 desde un enfoque exhaustivo y global con el fin de precisar si existe algún resquicio ambiental o de seguridad que pueda impedir su desarrollo.
Así lo explicaron el alcalde, el popular Luis Barcala, y la consellera de Transición Ecológica, Mireia Mollà, al término del primer encuentro de trabajo concertado para abordar, entre otros puntos, la tramitación de los informes requeridos por el Ayuntamiento en relación al polémico proyecto, cuando la Concejalía de Urbanismo denegó la concesión automática de los permisos solicitados por XC Business, con el argumento de que el ayuntamiento había incurrido en silencio administrativo positivo. Este martes, tanto el primer edil como la consellera precisaron que a partir de ahora se constituirá una comisión mixta participada por técnicos de las dos administraciones y que será en ese foro en el que se concrete qué informes resultan pertinentes, quién debe elaborarlos y, en último término, si el proyecto es o no viable para que la Concejalía de Urbanismo resuelva el expediente y le pueda conceder o denegar las licencias de actividad y de obra.
Sin embargo, está por ver si esos informes emitidos por Transición Ecológica (los relativos a cuestiones medioambientales) y los que también debe evacuar el departamento autonómico de Emergencias (adscrito a la Conselleria de Justicia) tienen o no carácter vinculante y deben acatarse de manera necesaria. En todo caso, podrían ser vinculantes aquellos en los que se apuntasen circunstancias no subsanables por la empresa desde el punto de vista técnico.
Por lo pronto, Barcala y Mollà coincidieron en subrayar que la propuesta de XC Business 90 no encaja en la fórmula de interacción que se persigue para las relaciones Puerto-ciudad, ni en el modelo de desarrollo económico que se pretende para Alicante. Máxime si se tiene en cuenta que, en 1995, ya se concluyó que las instalaciones -hasta cierto punto similares- de las que disponía CLH en terrenos portuarios resultaban "perjudiciales para los intereses públicos, para la ciudad, para la ordenación de la actividad del Puerto y para la repercusión positiva de la actividad del puerto en los vecinos y vecinas de Alicante", enfatizó Mollà.
Es más, ambos recalcaron que no se trata solo de concretar un posible freno del proyecto actual, sino de evitar que pueda volver a plantearse una iniciativa similar en el futuro. Barcala y Mollà manifestaron su compromiso por desarrollar una modificación normativa de los usos previstos en el Puerto que cierre definitivamente la puerta a este tipo de infraestructuras "para que no se repita la historia". Según recalcaron, ese fue el paso que no se dio tras el consenso político y social que se alcanzó en 1995, cuando se firmó el convenio para el traslado de las instalaciones de CLH a la partida de Els Reiets, en El Bacarot.
La comisión técnica no incluye por el momento a la Autoridad Portuaria, pese a que su intervención sería necesaria para impulsar una modificación normativa que evite otros proyectos similares
Eso sí, para llegar a ese escenario de modificación de la normativa urbanística que rige en el Puerto -una especie de blindaje frente a propuestas del mismo carácter- se requeriría de la intervención necesaria de la Autoridad Portuaria de Alicante, quien asume directamente las competencias sobre el recinto, como extensión de Puertos del Estado y del Ministerio de Fomento. En principio, ni Barcala ni Mollà contemplaron la posibilidad de que técnicos del Puerto pudiesen incorporarse a la comisión mixta pactada entre conselleria y ayuntamiento. Al menos, no de partida.
Lo cierto es que esa presunta exclusión contrastaría con el encuentro celebrado también al mediodía de este martes (antes del encuentro con Mollà) entre el alcalde, el edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, el presidente del Puerto, Juan Antonio Gisbert, y su director, Carlos Eleno. Según las fuentes consultadas, en esa cita se planteó la necesidad de reactivar la coordinación entre el Ayuntamiento y el Puerto para revisar tanto el Plan Especial del Puerto como el Plan de Usos y Espacios Portuarios: los dos marcos en los que se establece qué tipo de actividades pueden implantarse en el recinto. En ese encuentro, según las mismas fuentes, no se trató sobre el proyecto de instalación de los depósitos.
Sea como fuere, Mollà sí precisó, no obstante, que el objetivo común de Ayuntamiento y Consell a la hora de afrontar tanto el proyecto actual como el blindaje del Puerto era garantizar "la visión técnica y administrativa, el diálogo y el consenso para llegar a buen puerto con un proyecto que no será este", afirmó, para dejar clara su postura. Es más, la propia Mollà también había mantenido una reunión previa con representantes de la Plataforma por un Puerto Sostenible, en la que garantizó que el objetivo del Consell era "atender al interés general" a la hora de analizar el proyecto desde una perspectiva global. Los portavoces del colectivo consultados mostraron su satisfacción por ese compromiso.