El alcalde de la Vila Joiosa, Andreu Verdú. Foto: PEPE OLIVARES.LA VILA JOIOSA. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Alicante ha emitido una nueva sentencia con fecha 27 de julio “en la que estima íntegramente el recurso presentado por el Grupo municipal Ciudadanos (Cs) declarando otra vez la vulneración de derechos fundamentales de los concejales”. Así lo ha explicado el portavoz de Cs en la Vila, Paco Pérez Buigues, quien ha asegurado que “el juzgado condena nuevamente al Ayuntamiento por no haber atendido otra petición de información de Ciudadanos, esta vez efectuada mediante un escrito presentado el 30 de diciembre de 2019 para reclamar 12 documentos referentes al cumplimiento del contrato para la prestación de la recogida de Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria”.
Pérez Buigues ha manifestado que "nuevamente una sentencia judicial reconoce que es práctica habitual del Ayuntamiento no facilitar la documentación que solicitamos como concejales en la oposición, y que su modus operandi es pura y simplemente ignorar la solicitud, accediendo a entregarla parcialmente y de forma incompleta únicamente cuando tiene conocimiento de las demandas interpuestas por Cs”.
El concejal ha manifestado que son cinco ya las veces que Cs ha tenido que recurrir a la vía judicial para reclamar la información necesaria para realizar su labor “y el juez vuelve a dejar muy claro qué tipo de gestión municipal viene realizando tanto el equipo de gobierno como el alcalde, al que se dirige directamente para recordarle que asumir la alcaldía y el gobierno local no le convierte en dueño del Ayuntamiento, ni convierte a la institución en el cortijo particular de los que gobiernan”.
El edil, además, se ha referido al comportamiento de Compromís, que ha calificado de ”muy llamativo pues, a pesar de que uno de sus representantes es titular de la Concejalía de Transparencia, calla ante estas vulneraciones de derechos fundamentales de concejales”.
Pérez Buigues ha lamentado “que el primer edil mienta para tapar su gestión cuando nos acusa de judicializar la política municipal durante la crisis sanitaria. La realidad es que esta petición de documentación se realizó el 30 de diciembre de 2019, y además era reiteración de una primera realizada el 21 de noviembre de 2019. Es bochornoso que tengamos que recurrir una y otra vez a los tribunales para que nos entreguen la documentación”.
