Foto RAFA MOLINALa esperada manifestación contra la ley de Plurilingüismo de la Generalitat Valenciana ha sido exitosa y, por tanto, hay que felicitar a sus promotores. Ahora bien, la protesta deja muchos matices, importantes, a tener en cuenta ahora, en las próximas semanas y, por lo que se ve, a lo largo de este mandato legislativo en la Comunitat Valenciana, y las incidencias que pueda tener el futuro del Gobierno de Pedro Sánchez y la intromisión de algunos elementos que en todo caso lo pudieran desestabilizar y convocar unas elecciones anticipadas. Pero lo sobre lo que reclama la FAPA Gabriel Miró, y que secundan PP, Ciudadanos y Vox, tampoco existen tanto consenso. Al menos, de momento. Pero bien es verdad que lo deseable, tanto de esta Ley de Plurilingüismo, como de otras normativas educativas que se han dictado o puesto en marcha, es que reuniera más consenso. Pero esa es la gran asignatura pendiente no sólo de la Comunitat Valenciana, sino de España, que cada vez que ha tenido un gobierno, ha tenido una texto legislativo diferente al anterior. Ese es el gran fracaso colectivo. La ley actual es la que es: democrática y legítima. Yo no voy a decir si es buena, o mala. Eso lo dirá el tiempo, con su implantación y, lo más importante, con sus resultados. Pero la manifestación de Orihuela dejas algunas conclusiones.
Primera conclusión: hay una parte, en este caso, importante, de los municipios de la Vega Baja, que recelan de la nueva ley educativa. Y la Conselleria de Educación debería tomar nota en, cuando menos, mejorar la aplicación de la ley, que tiene dos derivadas. En primer lugar, si la cuestión es únicamente lingüística; es decir, si el problema es que se van a impartir demasiadas horas de valenciano en una zona castellano-hablante, lo cual debería debería tener sus mecanismos para corregirlo y que posiblemente los tenga; la cuestión es que esos cambios satisfagan a la mayoría.
De acuerdo con lo explicado por el secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, en la entrevista a Alicante Plaza, hay medidas de flexibilización, que rebajan el nivel de valenciano -si ese es el problema-, y que que debe acordar el consejo escolar, donde están representantes padres, alumnos y profesores. La pregunta aquí es obvia. ¿Por qué no satisface esa solución transitoria? ¿por qué las AMPAs disconformes no expresan su malestar en ese órgano -el consejo escolar- y fuerzan un reequilibrio de cuotas? Esa es la cuestión que deberían responder los que no fueron a la reunión con Soler. Otra cosa es que no salieran satisfechos de las medidas expuestas, como sucedió con los alcaldes del PP que sí lo hicieron (por cierto, hay que reconocerles su sentido institucional; qué menos que escuchar). Lo que está claro es que si el debate es una enmienda total al sistema, como parece, no hay solución posible, de momento.
Si la cuestión es ideológica; es decir, que si se busca un cambio radical en la normativa que otorgue la libertad total de los padres para elegir la lengua vehicular, eso es más difícil y requiere de un amplia mayoría parlamentaria que actualmente no existe. Que lo deseable hubiera sido un consenso mayor, sí, pero, de acuerdo con el actual contexto político y con la distancia actual entre PP y PSOE lo hace imposible. ¿Existe la libertad de elección en alguna comunidad autónoma? El único modelo que permite la elección de entre cuatro opciones es el vasco. El gallego es al 50% de las dos lenguas para todos; y el balear deja esa decisión en el centro, que desarrolla su proyecto de lenguas y decide cuantas asignaturas no lingüísticas imparte en un idioma extranjero como el inglés o el francés. Ya la otra pregunta que hay que hacerse, ¿el modelo de libertad de elección tiene el consenso suficiente para ser aprobado? Si esa es la duda, ese fue el error del Botànic: no haber buscado un mayor consenso, aunque en la práctica fuera imposible.
Más allá de cuál deba ser el modelo educativo y el porcentaje de valenciano a impartir en zonas sensibles como la Vega Baja, lo que está claro es que los convocantes de la protesta, la FAPA Gabriel Miró, han sabido aprovechar el momento político y canalizar el malestar, que es amplio, al menos, en la Vega Baja. Expliquemos el contexto surgido tras el 10N, en la provincia de Alicante y más en concreto en la Vega Baja. Las fuerzas del centro derecha saben que el panorama ha cambiado respecto al 28A, donde el PSOE se impone en la mayoría de los municipios de la provincia. Con el 10N, el PP recupera muchos votos y Vox los ha triplicado: aunque troceado, en la Vega Baja, los dos partidos han recuperado apoyos, y, sobre todo, fuerza moral. De acuerdo con los resultados de los comicios, que se han repetido a lo largo de los últimos años, la derecha tiene dos de cada tres votos, pero con el efecto Vox el panorama es distinto. Las motivaciones son de sobra conocidas. Es decir, que el contexto era perfecto para lanzar la protesta, a diferencia de lo que pasó tras el 28A, cuando el PP vivió una depresión importante, con sus peores resultados e la historia, y los resultados de Vox no eran todavía preocupantes (para el resto de los agentes).
El plurilingüismo del Botànic también se ha implantado en Primaria hace ahora más de un año y no ha tenido el ruido mediático que ha tenido esta vez. En todo caso, lo tuvo el decreto aprobado con anterioridad por el conseller Marzà, pero no fue eso lo que inquietó el Botànic, más bien las derivadas de la política nacional. Parte del éxito de la manifestación, y de los partidos políticos que la han secundado, está en el momentum elegido.
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Independientemente de las razones políticas o culturales, la implantación de la Ley de Plurlingüismo en Secundaria -que es lo que ha movido todo esto- debió pillar a la Conselleria de Educación más prevenida. A sabiendas de la singularidad de la Vega Baja, tanto Vicent Marzà como Miguel Soler debieron defender las bondades de su texto legislativo y su implantación para evitar, más allá de las diferencias políticas e ideológicas con la FAPA Gabriel Miró. Debieron bajar a la arena e implicarse en la defensa para convencer y persuadir, al menos, a los dudosos. La manifestación les ha puesto en evidencia. Han llegado tarde al debate.
Lo dicho, la manifestación ha sido un éxito. Educación debe, cuando menos, tomar nota. Ahora bien, ¿supone esto un problema para el Gobierno del Botànic? Si la movilización se reduce a la Vega Baja, no, aunque, insisto, deben implicarse más en poner soluciones, o mejorar lo que prevé la ley. Ahora bien, la cuestión será preocupante para los partidos de izquierda que sustentan al Botànic si las protestas se reproducen, y son masivas, y eso tiene traslación a un cambio de escenario.
El problema será si a la cuestión educativa se suman otras más que minen la justa mayoría parlamentaria que tiene el Gobierno valenciano en el Parlamento. O si la política nacional acaba contaminando los debates de la política autonómica, como es el caso, porque posiblemente sin la crisis territorial todo sería diferente. Ese es el aviso que hoy se le lanza a la izquierda. Y que nos se circunscribe solo a la Vega Baja, que es (y será) territorio hostil para ellos, siempre y cuando amarren los 50.000 votos que obtienen su representantes en la comarca en cada cita electoral. Ahí, el centro derecha también tiene su techo, 90.000 papeletas. Las habas, por tanto, están contadas.
Vale, el PP ha estado este sábado en su salsa, y en su granero de votos. Pero la Vega Baja no es el resto de la Comunitat Valenciana: ese mensaje puede generar muchas adhesiones en la Vega Baja y en parte de la provincia de Alicante, pero los populares son (y han sido) opción de gobierno y se les supone que deben tener un mensaje centrado, que genere consenso, y un discurso defendible para todos los estratos sociales y comarcas. Es más, se le reprochará en más de una ocasión que comparta pancarta con Vox, se le acusará de fomentar el odio o se le criticará que no defienda las dos lenguas oficiales de la Comunitat por igual. El tiempo irá marcando si es capaz de generar consenso, pero parte de una situación muy desventajosa en las provincias de Castellón y Valencia, sin apenas poder municipal. Esa será otra historia, que no hay que perder de vista, si de verdad se quiere ser opción de Generalitat Valenciana. Y para ello, no podrá cumplir todo lo que promete, máxime si depende de terceros.
Pero visto lo visto, va a llover más, y ha llovido más en la Vega Baja: gestión de la DANA, política hídrica,.. No da votos, o los tiene adjudicados ya, pero si los desmoviliza. Esa debe ser la preocupación para los partidos que sustentan el Botànic. Si esto es un chaparrón, o el inicio de xirimiri. El agua y la lengua son unos clásicos, que dan los resultados que dan. El problema es si entran en acción en otros elementos. Pero lo dicho: si lo de Orihuela es para un cambio de ley educativa; de momento, no hay solución, el pacto es imposible, los números no dan; si es una cuestión lingüística, todo es moldeable, y mejorable. Lo de las singularidades de cada zona está ya descontado, y desde hace muchos años. De momento, no hay elecciones.
