Escaparate de una casa de apuestas. Foto: EFE"Entra, entra, entra, ocho, ocho, ocho, juega, juega, juega, ocho, ocho, ocho, apuesta, apuesta apuesta…". La casa de apuestas 888 fue sancionada hace año y medio por Autocontrol, la asociación privada de agencias y medios de comunicación dedicada al autocontrol de la publicidad, por un anuncio compulsivo que no dejaba indiferente a nadie. Sancionada es un decir, porque la sanción consistió en pagar una tasa por la tramitación de la reclamación y en la obligación de modificar el anuncio cuando ya había cumplido con creces, después de un mes, su objetivo de inocular en el cerebro de los incautos la droga de las apuestas online.
La ludopatía era hasta hace pocos años un problema menor, analógico, mayormente encerrado entre las paredes de casinos —de número limitado— y bingos, acompañados por las tragaperras de los bares, que tuvieron su momento, y las apuestas organizadas por la Once y el Estado, que también tuvieron su momento compulsivo —y recaudatorio— cuando de organizar los iguales, la quiniela y la lotería pasaron a lanzar sorteos como si no hubiera un mañana. Era un problema que afectaba sobre todo a varones de más de 40 años, con familia y de un nivel de ingresos medio-bajo o bajo, del que los no afectados solo nos enterábamos cuando alguna estrella salía en el papel cuché arruinada por el vicio.
Hasta que la revolución digital llegó también al juego, en este caso para mal: el juego online ha multiplicado el número de ludópatas, ha reducido la edad de iniciación hasta alcanzar a menores muy menores y se extiende como una epidemia por los barrios más humildes de las grandes ciudades. El del juego online es un sector económico improductivo, que apenas genera empleo y que crea unos problemas sociales y sanitarios mucho más costosos que lo que la administración recauda de los pocos impuestos que las empresas pagan en relación a los cerca de 20.000 millones de euros jugados en España el año pasado. Como dijo Fran Ferri en Les Corts hace demasiado tiempo, "perdimos una generación por la heroína, que no nos pase lo mismo con la ludopatía".
Paradójicamente, las agresivas campañas publicitarias de las casas de apuestas de los últimos años han hecho que quienes no sufríamos directamente el problema nos diéramos cuenta de que había que atajar lo que muchos consideran un problema de salud pública. También han declarado la alarma nuestros legisladores estatales y autonómicos, que sin embargo avanzan en esta cuestión con una lentitud preocupante y hasta sospechosa. Veamos.
El 10 de marzo de 2009 el Parlamento Europeo instaba a los Estados miembros a "adoptar medidas contra la publicidad agresiva o la comercialización por parte de todo operador público o privado de juegos de azar en línea, incluidas las demostraciones gratuitas, con vistas a proteger, en particular, a los jugadores y a los consumidores vulnerables como niños y jóvenes". Argumentaba que "la autorregulación en materia de publicidad, promoción y oferta de juegos en línea no es suficientemente efectiva". Estamos en 2020.
Con Zapatero en el gobierno, se aprobó en 2011 la actual Ley del Juego que dejaba la regulación de la publicidad pendiente de un decreto. Un decreto que aún no existe. Las empresas de apuestas, unidas en un poderoso lobby, se autorregulan con un código de conducta firmado en 2012 que es insuficiente, como había advertido el Parlamento Europeo tres años antes. El Gobierno de Rajoy no desarrolló la regulación de la publicidad, y el de Sánchez, tan aficionado a los decretos "por urgente necesidad", no ha considerado urgente el problema del juego en el año y medio que lleva en La Moncloa, y eso que tenía ya un borrador del anterior gobierno con las alegaciones del lobby presentadas.
Unidas Podemos ha entrado en el Ejecutivo con el objetivo declarado de acabar con la "barra libre" de las empresas de apuestas y ha situado a Alberto Garzón al frente de la misión. A ver si no pasa otro año y a ver si no se olvida de Loterías, porque se da la paradoja de que la empresa estatal es una de los grandes incitadoras al juego (y además utiliza publicidad engañosa —Consumo también es competencia de Garzón—, dado que los premios que promete están inflados al no incorporar el descuento del impuesto).
En el ámbito autonómico, la situación no ha sido mejor hasta hace poco. Una Ley del Juego autonómica un tanto descafeinada estuvo a punto de aprobarse en la anterior legislatura pero el adelanto de las elecciones hizo que decayera en el último instante. Lo lógico hubiese sido que el Consell la hubiese vuelto a presentar en junio en su primera reunión, pero no lo hizo hasta finales de octubre, justo un año después de aprobar el anterior proyecto. Un año perdido.
Sin embargo, el retraso en este caso ha venido bien porque los grupos parlamentarios han tomado mayor conciencia del problema y se han afanado en enmendar el proyecto con medidas mucho más restrictivas tanto en distancia entre casas de apuestas y colegios —hasta 1.000 metros—, como en prohibición de máquinas de apuestas en los bares —Unides Podem quiere quitar incluso las tragaperras—, como en publicidad, que es una competencia estatal pero donde la Generalitat puede incentivar que los medios no acojan anuncios de apuestas, como ya hizo con los de prostitución.
Y lo que es más importante aunque haya pasado inadvertido, la fiscalidad. La base imponible de las empresas de apuestas son los ingresos netos, es decir, lo que recaudan menos los premios que dan. Y en la Comunitat Valenciana dan el 81% en premios porque la alta probabilidad de premio es la droga que engancha a miles de personas. La propuesta del PSPV es que la base imponible no sea inferior al 30% de los ingresos totales, no de los netos, lo que hará que las empresas tengan que reducir el porcentaje de premio y, de paso, elevará la recaudación de la Administración.
Recaudar más no es el objetivo, o no debería serlo, pero si el Gobierno central tomara esta misma medida para todo tipo de apuestas, Vicent Soler pasaría muchos menos apuros para llegar a fin de mes aun sin la reforma de la financiación autonómica.
Otra medida que escapa del ámbito autonómico pero que Garzón debería contemplar para la ley estatal es la que acaba de adoptar Inglaterra: la prohibición de utilizar tarjetas de crédito en las apuestas —solo valdrán las de débito— para prevenir ruinas familiares derivadas de la ludopatía. Aunque, si fuera valiente, el Gobierno de Sánchez debería matar dos pájaros de un tiro apuntando a una de las fuentes de ingresos de las casas de apuestas, que es el dinero negro. ¿Cómo? Exigiendo que todos los jugadores online lo hicieran con firma digital.
