Foto: CORTS/INMA CABALLERVALÈNCIA. Las prioridades legislativas de los tres partidos que componen el Botànic II pueden ser un elemento de fricción entre ellos en el tramo final de la legislatura. Al calendario parlamentario le quedan escasos meses para llegar a su fin y las negociaciones de la Ley de Presupuestos y de Acompañamiento de 2023 dejan poco margen de maniobra a PSPV, Compromís y Unides Podem para trabajar en otras normativas que están a medio camino de ser aprobadas.
Con este telón de fondo, la síndica de la coalición valencianista en Les Corts, Papi Robles, anunció este lunes que su grupo parlamentario pediría a la Cámara que el próximo mes de enero sea hábil para poder exprimir al máximo el calendario en el tramo final del mandato. Medio año en el que Compromís se centrará en dos leyes que consideran prioritarias y quieren sacar adelante sí o sí: la de la tasa turística y la Ley de Cambio Climático, más aún en un contexto de emergencia climática actual.
Un planteamiento que, de hecho, el grupo parlamentario Unides Podem comparte al 100%. Para la formación que lidera Pilar Lima, estas dos normativas encabezan el ranking legislativo en el que creen que debería centrarse el tripartito antes de la convocatoria electoral. Reconocen, eso sí, que también les preocupa que otras normas que llevan trabajándose desde hace casi cuatro años pudieran quedarse por validar, como por ejemplo la Ley de Economía Circular o la Ley de Bienestar Animal.
Las prioridades de Compromís y Unides Podem, sin embargo, no tienen nada que ver con las que tiene su socio en el Consell, el PSPV. Los socialistas consideran clave tratar de sacar adelante la ley de Economía Circular, la de Bienestar Animal y la de Medio Ambiente, pero no mencionan en absoluto la de la tasa turística. Una circunstancia que, no obstante, no sorprende en nada ni a propios ni a extraños dados los últimos episodios que protagonizaron en Les Corts antes de las vacaciones de verano cuando debieron enfrentarse a la admisión a trámite de este impuesto que busca gravar las pernoctaciones.
Primero no aclararon si apoyarían su tramitación, más tarde justificaron sus dudas a aprobarlo con la guerra de Ucrania, e incluso al final del periplo advirtieron que la apoyarían pero la intención era dar la orden a sus alcaldes de que no la aplicasen en sus respectivos municipios. Todos estos capítulos sirvieron para que tanto Compromís como Unides Podem se cabrearan y llegaran a enseñarle la puerta de salida del Gobierno valenciano a Francesc Colomer, secretario autonómico de Turismo, por mostrarse en contra de la tasa a pesar de que el posicionamiento del Consell era otro y considerar que este se "plegaba" a los deseos de la patronal.
Con todo, ahora mismo en el PSPV nadie tiene ganas de escuchar hablar de la tasa turística. Pero lo cierto es que deberá hacerlo porque sus socios en el Gobierno lo han programado como su máxima prioridad de aquí a que se disuelva el Parlamento y se convoquen las elecciones autonómicas de 2023.
Con este esquema, por tanto, cuatro serán las leyes que se tratarán de sacar adelante en los próximos meses: Acompañamiento -y todas las que implica-, Presupuestos, Tasa Turística y Cambio Climático. Una buena batería que deja pendiendo de un hilo otras normas que, a pesar de encontrarse avanzadas en su tramitación, poco margen tienen para entrar en el calendario parlamentario teniendo en cuenta que noviembre y diciembre se centrarán en las cuentas del próximo ejercicio.
Entre ellas se encuentra la Ley de Economía Circular y Residuos, que quedó enterrada tras el adelanto electoral acordado por Ximo Puig en marzo de 2019 y fue rescatada un año después por su impulsor, Podem. Pero un año después de haberla registrado en Les Corts -los morados querían que se tramitara como proposición de ley- el Consell Jurídic Consultiu emitió un dictamen demoledor que ponía innumerables reparos al redactado.
La ley, cuya pretensión principal era garantizar que los residuos se gestionaran "sin poner en peligro el medio ambiente y la salud humana", despertó un fuerte rechazo de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y los partidos decidieron dejarla apartada hasta que el Congreso validase la ley estatal de Economía Circular para adaptar la normativa autonómica posteriormente. Ahora, la ley ya ha sorteado todos los reparos del órgano consultivo y los partidos ya han pactado las enmiendas. Pero aunque se encuentra entre las prioridades legislativas de Compromís y Unides Podem, no llega a ocupar el 'top 3' de las normas en las que buscan centrarse.
La Ley de Bienestar Animal corrió una suerte parecida. Quedó aparcada a causa del adelanto electoral y al retomarse en esta legislatura, el Jurídic emitió un dictamen que prácticamente obligaba a rehacerla, si bien algunas consideraciones se atendieron y otras no. Ahora, espera a que los grupos parlamentarios la incluyan entre sus prioridades.
Junto a esta también se encuentra la Ley de Participación Ciudadana, la Ley de Viviendas Colaborativas, la Ley de Creación y Gestión de Áreas Metropolitanas, la Ley para incluir a Bétera en la Entitat Metroplitana de Serveis Hidràulics, y la Ley sobre el Monestir de la Valldigna.
