Una activista de un grupo 'provida' en una concentración en Alicante.ALICANTE. El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante ha instado este lunes al alcalde, Luis Barcala, a vigilar y garantizar "el cumplimiento de la ley sobre derechos reproductivos de las mujeres y detenga cualquier acoso ante hospitales o clínicas ginecológicas privadas a aquellas mujeres que quieran acceder a tratamientos de interrupción del embarazo", según han puesto de manifiesto fuentes de la coalición valencianista, a través de un comunicado.
La concejala Sara Llobell ha explicado que la coalición ha detectado "la presencia de grupos religiosos y 'provida' en el centro de la ciudad de Alicante ante clínicas donde se practican interrupciones del embarazo y donde están produciéndose actos coactivos que afectan a la libertad de las mujeres".
Llobell ha denunciado que "en los últimos meses ha sido muy visible la presencia de mujeres orando ante una clínica ginecológica en el centro de la ciudad o llevando carteles con mensajes de los movimientos 'provida'". "En Alicante vivimos un claro retroceso de los derechos de las mujeres como nunca habíamos visto. Si hace tres meses PP y VOX anunciaban un acuerdo presupuestario para una oficina antiabortista en la ciudad -a todas luces, ilegal-, ya podemos comprobar cómo este tipo de discurso al final no supone una mejora de la vida de las mujeres, por el contrario", ha considerado Llobell, "intensifica a aquellos movimientos contrarios al feminismo ya la igualdad".
"Tenemos un gobierno de la ciudad que obvia la ley, desdibuja y ataca intencionadamente a la vez todo lo conseguido en la lucha por los derechos de las mujeres", ha afirmado la concejala, quien ha recordado que, en este caso, "políticas como las impulsadas por PP y Vox incitan a actitudes que la ley penaliza de acuerdo al artículo 172 de la Ley Orgánica 10/1995, modificada hace dos años por el Gobierno de España". Llobell ha recordado que en el departamento sanitario donde está ubicado Alicante, el hospital de referencia, la plantilla de ginecólogos y ginecólogas se considera en su totalidad objetores de conciencia, situación que obliga a las alicantinas a acudir sin remedio alguno a clínicas privadas".
