ALICANTE. Los portavoces de los grupos municipales de Compromís en los ayuntamientos de Alicante y Elche, Rafa Mas y Esther Díez respectivamente, han presentado este viernes una propuesta de declaración institucional que se elevará a debate en las dos corporaciones en la que se promueve dos acuerdos: instar al Obispado de Orihuela-Alicante a facilitar datos oficiales sobre casos de pederastia, dentro de su demarcación competencial, al Defensor del Pueblo; e instar al Gobierno Central a la creación de un órgano especial que contemple un fondo estatal, con aportaciones de la Iglesia Católica, como fórmula de reparación para las víctimas.
El portavoz en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas, ha asegurado que "mediante esta declaración exigimos a la Iglesia Católica que colabore ante el informe demoledor del Defensor del Pueblo, que respalda la Fiscalía, sobre las víctimas de pederastia en la Iglesia española. El informe sobre los abusos en el clero, presentado el pasado mes de octubre, es contundente con la institución, y convierte a España en el país con la proyección oficial de víctimas más alta, con una cifra de afectados que ronda el 1,13% de la población".
"Por ello, pedimos a la Diócesis de Orihuela-Alicante que colabore en este sentido. Hace falta claridad, contundencia, no podemos permitir que la Iglesia siga poniendo trabas a esta investigación, ante un hecho delictivo. Tenemos ahora una posibilidad, y es que el Papa Francisco ha instado a todas las conferencias episcopales a que se investigue", ha argumentado.
Por su parte, la portavoz del grupo municipal de Compromís en Elche, Esther Díez, afirma que "el informe del Defensor del Pueblo arroja una cifra escandalosa. Hablamos de unas 440.000 personas afectadas por los abusos sexuales que nos repugnan como sociedad. En este sentido, hay frases en el informe que hablan como el silencio de la Iglesia Católica ha contribuido a que se hayan producido los casos a lo largo de estos años. Desde Compromís, no queremos ser cómplices de esa opacidad. Queremos ser parte activa de esa denuncia colectiva, a reparar la dignidad de las víctimas".
"Por eso, sabiendo que los ayuntamientos no son una administración directamente relacionada con este caso, sí nos corresponde la responsabilidad moral de denuncia pública y de instar a las distintas administraciones a que tomen un papel activo de reparación hacia las mismas", ha recalcado.
Sobre el Ayuntamiento de Elche, en particular, Díez considera que "tenemos un alcalde Pablo Ruz y su socia de gobierno Aurora Rodil, que hacen gala constante de su condición de católicos practicantes. Yo no entro a valorar esta cuestión, porque entra dentro de su libertad de culto, pero sí estoy en contra de esa interferencia sistemática que hacen de la Religión con los actos institucionales. Me veo en la obligación de apelar a ellos y se sumen a la denuncia de estos hechos y apoyen la declaración", ha concluido.