Los ediles de Compromís en Alicante, Rafa Mas y Sara Llobell.ALICANTE. El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante amplía las críticas al acuerdo presupuestario alcanzado entre el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), y Vox que garantiza la aprobación de las cuentas de 2024 con la promesa de no incluir un régimen sancionador en la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Lo hace con una denuncia específica sobre la oficina de asistencia a la maternidad a la que se pretende dar cabida tras la admisión de una de las enmiendas al presupuesto registradas por Vox.
En concreto, Compromís denuncia, a través de un comunicado, que dicha oficina "es únicamente una oficina antiabortista encubierta con la que el Ayuntamiento de Luis Barcala incumplirá la ley del aborto actual vulnerando derechos de las mujeres". En este sentido, portavoces de la coalición valencianista han anticipado, a través de un comunicado, su intención de presentar una iniciativa en les Corts "para que la Generalitat Valenciana garantice los derechos de las mujeres a tener acceso a información sobre anticoncepción y embarazos no deseados tal y como estipula la ley orgánica 1/2023, modificada hace apenas un año por el Congreso de los Diputados".
"En Alicante vivimos un claro retroceso de los derechos de las mujeres como nunca habíamos visto. La ley establece que los poderes públicos, en el desarrollo de sus políticas sanitarias, educativas y sociales garantizarán la información sobre anticoncepción y sexo seguro, con especial atención a ETS y embarazos no deseados", ha señalado la edil Sara Llobell respecto al artículo 5.1.g de la Ley Orgánica.
"Esto es lo que debe hacer cualquier oficina municipal que quiera ayudar a las mujeres y no tutelarlas ideológicamente", ha continuado Llobell, quien ha advertido que "PP y Vox tienen la obligación legal de actuar con responsabilidad institucional y abstenerse de cualquier acto que vulnere los derechos sexuales y reproductivos legales, así como de asegurarse que autoridades, personal funcionario, agentes y entidades políticas cumplen ese derecho de las mujeres a acceder a sus derechos".
Por su parte, la diputada Mónica Álvaro, miembro de la comisión de Sanidad y Consumo en Corts Valencianes, ha considerado a su vez que "este tipo de oficina está terminantemente prohibida" y ha anunciado la presentación en Corts Valencianes de una iniciativa para que Generalitat y Ayuntamiento cumplan la ley. "Las prestaciones y ayudas a mujeres jóvenes embarazadas ya están garantizadas en los presupuestos de la Generalitat, puesto que continúan la línea comenzada por el Gobierno del Botánico", ha señalado Álvaro respecto al sentido que PP y Vox otorgan a la creación de la citada oficina.
"No obstante", ha apuntado la diputada, "nn Alacant tenemos un grave problema cuando en centros sanitarios como el Hospital General de Alicante, todos los facultativos se declaran objetores y no se pueden realizar abortos en el centro público, incumpliendo la Ley Estatal. Lo que hace falta es que Ayuntamiento y Generalitat cumplan la Ley Orgánica 1/2023 y, en lugar de crear oficinas antiabortistas, pongan en marcha espacios que garanticen los derechos de las mujeres y su acceso a información real que los garantice", ha añadido.
