Foto: PEPE OLIVARESELCHE. Los grupos municipales van retomando la actividad más allá de todo lo referido a la Dana, y Compromís per Elx lo hace en materia de vivienda, otro de los debates previos a la catástrofe de la provincia de València. La formación ha propuesto una mayor inspección de pisos vacíos en la ciudad, para aplicar una mayor presión fiscal, tal y como se aprobó en una ley autonómica en 2017, para poder sacar a alquiler viviendas de grandes tenedores (delimitado por la normativa a aquellos que tienen una decena o más aparte de su residencia habitual). Según datos del Estado y del Instituto Nacional de Estadística (INE), en Elche hay 9.585 viviendas vacías (el 8,3% del total), 959 de ellas susceptibles de que se les pueda aplicar este impuesto.
En este sentido, la portavoz Esther Díez insta al equipo de gobierno a que pida a la Generalitat el aumento de esas inspecciones a las casas deshabitadas de los grandes propietarios. La ley de 2017 regula cuáles son esos grandes tenedores y sus requisitos, y en 2020 se puso en marcha el impuesto que las grava, "aunque lo que se pone por delante son las herramientas de mediación para que esas casas puedan salir a disposición de la ciudadanía en régimen de alquiler". Díez defiende que en Francia se ha hecho lo mismo y han aflorado un 13% de pisos para el mercado de arrendamiento. Son 400.000 viviendas a nivel autonómico. "Es una figura que nos permitiría solo con la inspección, conseguir de forma rápida viviendas para alquiler", y añade que el equipo de gobierno "solo ha hecho un anuncio de vivienda protegida pero en el presupuesto de Pimesa solo se han presupuestado trámites iniciales", explica.
De cara a cómo se grava este impuesto, depende de los metros de la vivienda según la tipología, "pagando desde 7 a 22 euros por metro cuadrado". La estimación de la recaudación, eso sí, de máximos, sería de hasta 21 millones de euros, indica, teniendo en cuenta "la media de 22.000 euros de media que están pagando por esas viviendas los grandes propietarios". Así, esta legislación pretende que mediante un alto gravamen, estos propietarios, que a nivel local no se sabe si son particulares, empresas, bancos o fondos, las saquen para alquiler. Además, Díez esgrime que "es un impuesto finalista, lo recaudado va a parar a los municipios a los que pertenecen estos pisos".
Se trata de una medida que Compromís está impulsando también en Les Corts, y que en el caso local, se han podido registrar cuántas hay tirando de esa estimación estatal del consumo de luz, que es inexistente. "Son cifras conservadoras", agrega la concejal, por lo que podrían ser más de esas 959 las susceptibles de pagar el impuesto. Díez añade que algunos grandes tenedores pagan este impuesto voluntariamente, e insta a Ruz a que lo adopte, "ya que ha renunciado a aplicar la zona tensionada de alquiler, intervenir en los alquileres turísticos y mayores ayudas al alquiler como pedimos".
