Compromís insta al bipartito de Alicante a convocar la Mesa de Vivienda ante el aumento de desahucios

ALICANTE. El concejal del grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante y candidato a la alcaldía, Rafa Mas, elevará al pleno de febrero, este jueves, una pregunta dirigida a la edil de Acción Social, Julia Llopis, con el propósito de conocer "cuándo se va a convocar la Mesa por la Vivienda ante el creciente número de desahucios en la ciudad de Alicante".

Mas ha señalado, a través de un comunicado, que el Ayuntamiento de Alicante constituyó en 2017 la Mesa por la Vivienda, por entonces integrada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca-Stop Desahucios de Alicante (PAH), varias entidades financieras (así como de sus empresas gestoras de vivienda), el Colegio de Abogados de Alicante y la Entidad de Infraestructuras de Generalitat Valenciana (EIGE), con el objetivo de abordar la situación de vulnerabilidad y/o exclusión social de la ciudadanía en el ámbito de la vivienda en Alicante.

Con todo, ha apuntado que "lejos de mejorar, la situación se ha agravado", quién añade "sin ir más lejos, que el pasado uno de febrero María, una mujer jubilada de 71 años y Moisés, su hijo que tiene una discapacidad psíquica, fueron desahuciados de su vivienda en Carolines Baixes. Y el motivo del desahucio no se debía a ningún impago. Un fondo buitre, propietario de las viviendas del bloque de pisos, optó por no renovar el contrato de los alquileres".

"Este y otros desahucios están previstos los próximos días en la ciudad. Por ello, es necesario dotar de soluciones habitacionales de manera efectiva y a la mayor brevedad posible para las personas que lo necesitan. El Ayuntamiento de Alicante no puede permanecer impasible ante la situación actual, con desahucios constantes, por lo que debe volver a articular una mesa de diálogo y negociación entre las instituciones públicas, entidades financieras y personas afectadas", ha añadido, a través de dicha nota pública.

Según Compromís, la Mesa constituida hace seis años planteaba la cesión de un porcentaje del parque de viviendas para dedicarlo a alquileres sociales a familias en situación de exclusión social, cesión de la gestión de esas viviendas al Ayuntamiento, durante un período de tiempo, con la contrapartida de que sea la institución pública quien asegure el cumplimiento de los acuerdos adquiridos entre las partes, introduciendo mecanismos de control y compensación.