ALICANTE. El grupo de Compromís en la Diputación de Alicante acatará la decisión de la Fiscalía y no denunciará por vía ordinaria el ingreso entre 2015 y 2018 de más de 465.000 euros del grupo político del Partido Popular en las cuentas del partido la legislatura pasada. Los valencianistas, no obstante, celebran que su fiscalización de las cuentas de los grupos políticos de la institución alicantina haya permitido que las arcas públicas recuperen 150.000 euros ingresados irregularmente en las cuentas de los partidos.
A falta de conocer el auto del fiscal, los valencianistas respetan su decisión -comunicada por decreto emitido desde la Fiscalía Provincial- y queda, al igual que el Ministerio Fiscal, a la espera también de las decisión del Tribunal de Cuentas sobre las irregularidades administrativas o jurídico-contables cometidas en la institución.
Así, el portavoz de Compromís, Gerard FUllana, ha destacado que la coalición ha realizado su tarea de fiscalización hasta donde ha podido. “No es delito penal según parece, pero es una vergüenza democrática lo que ha venido pasando en la Diputacion con ese dinero público hasta que Compromís puso el foco en la gestión del dinero público por parte delos grupos políticos. Nadie irá a la prisión, pero como mínimo hemos conseguido q una parte muy importante del dinero cuyo uso no está acreditado se devuelva”, ha considerado Fullana.
Los valencianistas acudieron al Tribunal de Cuentas denunciando la falta de fiscalización de la administración alicantina sobre las cuentas del grupo del Partido Popular. El expediente lleva dos años sin resolverse en la sala judicial del ente estatal.
150.000 euros sin justificar reingresados en las arcas públicas
Con voluntad de acelerar la vigilancia del uso del dinero público, la coalición impulsó vía plenaria la creación de una comisión de investigación sobre los grupos que ha redundado en el reingreso, en un primer momento a las arcas públicas de cerca de 100.000 euros de los grupos.
La resistencia del PP a reintegrar dineros cuyo gasto no estaba acreditado propició que Compromís acudiera a fiscalía a denunciar por vía penal, acción que propició que el equipo de gobierno de PP y C’s e Intervención impulsaran una auditoría externa, de carácter privado y con un coste de más de 14.000 euros, sobre las cuentas del PP. Tras aquella auditoria, que ponía en duda diversas partidas ingresadas a las cuentas del partido, el PP accedió a reingresar 50.000 euros a las arcas públicas, completando los 150.000 euros recuperados.
