Foto PEPE OLIVARESALICANTE. La buena sintonía exhibida este martes entre la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, y el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, mete presión a Ximo Puig, que este jueves recibe al titular de la institución provincial. ¿Cómo saldrá César Sánchez del Palau de la Generalitat en València? Pues esa es la gran cuestión que conoceremos el jueves por la tarde.
Como ya ocurriera hace diez meses, la consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, de Compromís, y el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, del PP, han exhibido este martes su "plena sintonía" a favor de las "políticas para las personas".
La segunda reunión de ambos en la sede de la Diputación en materia de políticas sociales (la primera fue en marzo de 2017) ha durado casi una hora. En este encuentro con Oltra se ha acordado que la institución alicantina participe en el plan de infraestructuras sociales del Consell a cambio de varias condiciones, como incluir a los ayuntamientos y aprobar un calendario de actuaciones.
Al mismo tiempo, la Diputación de Alicante ha conseguido que se cree una subcomisión que estudie la futura relación por los servicios "impropios" que la institución presta a través del Hogar Provincial y los centros Doctor Esquerdo y Pedro Herrero, que cifra en un gasto de 24 millones de euros anuales. Esta era una de las cuestiones candentes que quedan en el aire en 2016. Y es que la Diputación de Alicante sostiene que esas competencias son de la Generalitat, pero las paga la institución provincial. En un principio, y dentro del acalorado debate del Fondo de Cooperación de la Generalitat, el PP era partidario de que la Generalitat lo asumiera todo, financiación y gestión. Ahora, hay posiciones intermedias: que la gestión siga en el Alicante, pero que el departamento de Oltra aporte más fondos. Ahora, los integrantes de la mesa técnicos son los que deben hallar una solución satisfactorias para todas las partes.
En una rueda de prensa conjunta, Oltra ha agradecido públicamente al popular el "clima hospitalario" y "fructífero" y que "lo ponga siempre tan fácil", y se ha felicitado de haber ido en la línea de lo que los ciudadanos piden a sus políticos: "que no nos tiremos los trastos a la cabeza" y que haya "una dialéctica de colaboración, más que de competición".
Por su parte, Sánchez ha afirmado que en políticas sociales tanto la Generalitat como la Diputación comparten "el mismo objetivo y reto de dotar de mejores servicios e infraestructuras a los que necesitan de una atención social" ya que, ha repetido, "no hay color político" en estas cuestiones sociales "porque las personas son lo primero".
Lo que han acordado es que la Diputación de Alicante participe en el plan de infraestructuras sociales, que será regulado por una ley actualmente en fase de anteproyecto, estará basado en las tres patas que conforman los ayuntamientos, que cederán solares o edificios, las diputaciones, que acometerán la obra o rehabilitación, y la Generalitat, que se encargará del equipamiento, las plazas y la gestión.
Sánchez ha señalado su "plena disposición" a participar en el plan de infraestructuras sociales planteado por la Generalitat, siempre que tenga en cuenta "algunos detalles" para dar "certidumbre", como un acuerdo marco de convenio que regule la Ley, incorporar a los ayuntamientos, diseñar un mapa de infraestructuras con un calendario de actuaciones y la distribución de competencias (construcción, personal y mantenimiento).
El popular ha adelantado que las primeras infraestructuras se acometerán con cargo a las inversiones financieramente sostenibles aunque en otros años podrán ir con cargo directamente a los presupuestos de la Diputación, para dar más seguridad a las actuaciones.
Ambos han coincidido en que es importante comenzar a trabajar en el plan antes de la aprobación de la Ley en Les Corts, para agilizar los trámites y ponerlo en marcha una vez que haya luz verde de la Cámara autonómica.
