Los diputados del PP Carlos Castillo y Eduardo Dolón. Foto APALICANTE (EFE). La comisión de investigación sobre la gestión de los populares José Joaquín Ripoll y Luisa Pastor en la Diputación de Alicante llega a su fin sin que el PP haya detectado irregularidad alguna mientras que Compromís sí considera que ha servido para aflorar ilegalidades, que ha trasladado a la fiscalía. Es decir, que tendrán que ser los tribunales que diriman si hay ilícito penal en las contrataciones. Además de la Diputación de Alicante, la coalición valencianista ha reclamado también las facturas en los ayuntamientos de Torrevieja y Benidorm por tener el mismo modus operandi: adjudicar los stands de Fitur a dos empresas cuyos administradores eran un matrimonio en la vida real. Compromís cifra en seis millones los contratos que recibieron estados dos mercantiles.
La comisión ha celebrado este jueves su última sesión con la presentación de las conclusiones de los grupos participantes, PP, Compromís y el no adscrito Fernando Sepulcre, dada la incomparecencia desde hace meses en protesta por la elección del presidente del órgano (a favor del popular Eduardo Dolón) del PSPV-PSOE y EU-IU.
A partir de ahora, Dolón elevará el dictamen de conclusiones al pleno de la Diputación Provincial previsto para el próximo 5 de abril, que previsiblemente determinará el cierre tras ocho meses de trabajos.
En rueda de prensa, el portavoz del PP en la comisión, Carlos Castillo, ha asegurado que en el seno de este órgano "no se ha acreditado la comisión de ningún delito" o irregularidad civil o penal ninguna, y ha valorado el esfuerzo realizado por los funcionarios provinciales para poner a disposición de los grupos políticos la documentación que se les ha requerido.
A este respecto, ha lamentado que Compromís demandara facturas y expedientes que han llenado 142 cajas sin luego estudiarla, y ha criticado especialmente al portavoz de ese partido, Gerard Fullana, de quien ha dicho que ha tenido una actitud "artera, interesada y partidista" por ir de "justiciero" con una "campaña de propaganda política personal".
Castillo ha denunciado públicamente que Fullana ha pedido documentación al presidente de la Diputación, César Sánchez, al margen de la comisión y que, sin dar cuenta a la misma de sus conclusiones, las ha trasladado a la fiscalía sin ofrecer información al resto de grupos.
El popular ha insistido en recriminar que Fullana haya eludido actuar dentro de la comisión y ha añadido que si hubiera trabajado con "lealtad" mediante la presentación de las supuestas irregularidades en el órgano, seguramente podría haber logrado el respaldo de su grupo y del resto para ir todos juntos al fiscal.
Pese a que el PP no ha visto anomalías que puedan conllevar un delito, su grupo esperará al resultado de las diligencias de la fiscalía tras la documentación aportada por Compromís sobre el Patronato de Turismo para posicionarse (con el argumento que desconoce los presuntos delitos que se investigan) y también aguardará a lo que determine el ministerio público en torno a varios contratos relacionados con el Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. En este caso, se investiga la gestión del ex gerente del organismo, Francisco Sánchez, ahora concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Elda.
Por su parte, Eduardo Dolón ha lamentado que Compromís haya evitado poner "ningún documento" a disposición de la comisión, y ha enmarcado la actitud de ese partido en una campaña de "ataque personal" contra él, por haber presidido el órgano.
En la réplica, Fullana ha criticado que el PP no haya solicitado documentación alguna en ocho meses y ha anunciado que enviará una carta a la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, para que ordene reabrir la comisión porque únicamente se ha investigado el 10% de todo lo posible. "Somos los únicos que hemos pedido información para tratar de recuperar el dinero de los ciudadanos", según Fullana quien cree que, con el cierre, el PP "se quita la careta" y trata de tapar que su partido haya trasladado facturas al fiscal Anticorrupción relativas al Patronato de Turismo Costa Blanca.
Ha sostenido que la documentación que aportó a la fiscalía está a disposición del PP desde el 25 de enero porque cuando se entrega a un grupo se hace también al resto, por lo que cree que ese partido se confirma como "el guardaespaldas de la corrupción política".
