ALICANTE. El tercer intento promovido por el Ayuntamiento de Alicante para contratar la prestación del servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales se disputará entre ocho propuestas empresariales interesadas. Así se pudo concretar este miércoles en la reunión semanal de la Mesa de Contratación en la que se produjo la apertura del primer sobre con las plicas de las concurrentes, que todavía deben quedar sometidas al proceso de valoración técnica.
¿De qué propuestas se trata? Lo cierto es que varios de los licitadores ya son conocidos en el ámbito municipal, puesto que están o han estado a cargo de distintos servicios. Sin ir más lejos, el concurso ha vuelto a atraer a la UTE conformada por Clece (filial del grupo ACS, presidido por Florentino Pérez) y Fissa: la misma alianza empresarial que asumió el contrato en 2018 y que sigue desempeñando la labor encomendada en aquel momento pese a que su obligación quedó extinguida hace casi dos años, en febrero de 2020.
Se da la circunstancia de que los responsables de la UTE renunciaron entonces a la posibilidad de acogerse a la prórroga a la que se daba cabida en el pliego de condiciones. Según concretaron fuentes municipales, la alianza empresarial habría alegado motivos económicos para rechazar esa opción. Sin embargo, el importe por el que se plantea la convocatoria del nuevo concurso, elevado hasta los 45,7 millones, habría propiciado un cambio de parecer hasta el punto de competir por seguir asumiendo la prestación durante cuatro años (con posibilidad de un año de prórroga adicional).
Clece y Fissa, asociadas bajo la denominación de UTE Limpal, se enfrentan ahora a las ofertas presentadas por STV Gestión (adjudicataria del servicio de mantenimiento de zonas verdes); por Eulen (responsable del servicio de conservación de zonas verdes periurbanas); por Servicios Integrales de Limpieza Net; por OHL Ingesan; por Sacyr Facilities y por Samly Facilities Services. En esta ocasión, quien no ha concurrido en la licitación es Ortiz e Hijos: la empresa que precedió a UTE Limpal como concesionaria del servicio hasta 2017, cuando renunció a seguir asumiéndolo 20 meses después de que venciese la duración de su contrato, sin que para entonces se hubiese promovido una nueva convocatoria. Esa renuncia obligó al extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) a regularizar el servicio mediante una contratación de emergencia que acabó dejando la prestación provisionalmente en manos de FCC.
Por el momento, la disputa actual entre las ocho propuestas que concurren en el nuevo concurso queda pendiente del juicio de valor y del informe técnico, antes de que se pueda proceder a la apertura de los sobres con las propuestas económicas presentadas por los licitadores en una nueva sesión de la Mesa de Contratación prevista inicialmente para el próximo 26 de enero. De este modo, salvo contratiempos (como la presentación de recursos especiales en materia de contratación), la adjudicación podría quedar resuelta entre los meses de febrero y marzo: dos años después de que el contrato precedente quedase vencido, en el que se han ido acumulando pagos por más de 9 millones a través del mecanismo del reconocimiento extrajudicial de crédito por el mantenimiento de la prestación.
En ese tiempo, además, el servicio se ha reforzado con la implantación de un turno de limpieza especial en prevención de contagios frente a la covid, a cargo de la misma UTE. Y, además, se ha celebrado una comisión de fiscalización sobre el servicio prestado en cuyas conclusiones (aprobadas por mayoría con los votos de PSOE, Unides Podem EU, Compromís y Vox) se consideró acreditada la existencia de deficiencias e incumplimientos en la ejecución del servicio. Entre ellas, la ausencia de un sistema de control horario telemático que no se ha incorporado como obligación a cargo del nuevo concesionario en el nuevo pliego de condiciones.