Junta extraordinaria de Uepal para poner en marcha sus reivindicaciones. Foto: APALICANTE. La 'unidad' empresarial que viene reclamando el presidente de CEV Alicante, Joaquín Pérez, en las últimas semanas para defender el peso de la provincia en los foros nacionales, tendrá que esperar. Ni con el varapalo que ha supuesto la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, que reducen a la mínima expresión la inversión del Gobierno en la quinta provincia de España por población y aportación al PIB, se han aparcado las diferencias que estallaron hace un mes, con la 'rajada' del presidente de Uepal, Juanjo Sellés (precisamente a cuenta del trato que el Ejecutivo dispensa a la provincia), a su vez vicepresidente de CEV Alicante.
Poco después, CEV Alicante daba la razón a Sellés en el fondo, pero no en las formas, y lo destituía como vicepresidente por pérdida de confianza. Uepal, como reacción, defendía la libertad de expresión y conminaba a su presidente a seguir reivindicando un trato justo para la provincia. El pasado jueves, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llevaba al Congreso el lápiz USB con los PGE 2023, y estallaba el clamor empresarial contra el maltrato inversor, un año más, y acrecentado, a Alicante. Algo que, por cierto, ya se temía Pérez (se ha cumplido su vaticinio en la entrevista que concedió a Alicante Plaza en septiembre).
Las organizaciones empresariales de la provincia han tardado poco en reaccionar, y esta vez parece que se trata de algo más que un pataleo, como los de los últimos tres años. Pero lo han hecho por separado. Si CEV ha sumado a su iniciativa a la Cámara de Comercio de Carlos Baño y al Instituto de Estudios Económicos de Alicante (Ineca) que preside Nacho Amirola, en la foto falta quien hasta hace dos semanas era su vicepresidente (los otros dos sí están). Juanjo Sellés, el mismo día, presidía una junta extraordinaria de Uepal en sus instalaciones de Bardisa (convocada antes de la reunión de CEV, por cierto), para hacer el mismo análisis y proponer sus propias iniciativas.
Así, CEV, la Cámara e Ineca acordaron este lunes movilizarse contra unos PGE "inaceptables" para la provincia, por lo que celebrarán una concentración frente a la Subdelegación de Gobierno en Alicante y presentar sus reclamaciones en una rueda de prensa que tendrá lugar en Madrid. Las tres organizaciones llaman a toda la sociedad civil a movilizarse y a sumarse a un manifiesto (se podrá hacer online) en el que, bajo el título "En defensa del bienestar social de la ciudadanía de la provincia de Alicante", rechazan el Proyecto de Ley de los PGE por ser, en su opinión, "absolutamente contrario a los intereses y al futuro de Alicante".
En la reunión celebrada este lunes donde se acordaron, entre otras, estas acciones, participaron según la CEV representantes de Asaja, Cecap, Hidraqua, Facpyme, Mármol de Alicante, Avecal, Anged, Mercadona, Terciario Avanzado, Aepa, Masymas, Fopa, Fedac-CV, Fetrama, Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca, Hosbec, Cedma, Carmencita, AEFJ, Serprecova, Apha, GrupoIdex, Jovempa, Asucova, Fempa, IFA, Círculo de Directivos, Ibiae, Asemvega, Gesem, Cedelco y también Uepal.
No obstante, la que se considera 'heredera' de la extinta patronal Coepa, cuya integración en CEV ha sido peliaguda (ya van dos rupturas desde que solicitó su ingreso en marzo de 2019), mantuvo su propia y concurrida junta extraordinaria, en la que aprobó su propia hoja de ruta. Por ejemplo, iniciar una ronda de reuniones con todos los diputados y senadores por la circunscripción de Alicante (los socialistas se reunieron con la Cámara para calmar los ánimos) con el objetivo de plantearles la necesidad de presentar y defender una serie de enmiendas que subsanen "la humillación, el desprecio y la falta de sensibilidad que manifiesta el Anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 con la provincia de Alicante, su sociedad y sus agentes productivos".
En el mismo sentido, también se ha solicitado una reunión con el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, para que encabece "una respuesta contundente contra el Gobierno de España, lidere las enmiendas contra la falta de inversión en Alicante y equilibre la apuesta por la provincia en los futuros presupuestos de la Generalitat".
