Foto: CES-CVVALÈNCIA (EP). El pleno del Comité Económico y Social de la Comunitat Valenciana (CES-CV) ha aprobado por unanimidad el dictamen al proyecto de Decreto por el que se modifican cuatro artículos del Decreto 215/2020, de 29 de diciembre, de aprobación del Plan de Acción Territorial sectorial del Comercio de la Comunitat Valenciana (Patsecova), para adaptar algunas de sus disposiciones como consecuencia de la incidencia de la pandemia de la covid-19 en el sector comercial detallista, el impacto de la crisis económica y el incremento de la digitalización de las compras.
Entre las observaciones formuladas figura la que insta a que la normativa aplicable en este ámbito concrete la definición de "superficie comercial" para evitar distintas interpretaciones y ofrecer la máxima seguridad jurídica a los operadores económicos.
El Comité considera "necesaria y oportuna la tramitación del texto" para impulsar la revisión de algunas disposiciones de la normativa del Patsecova, casos del título correspondiente a los 'Criterios para el desarrollo de nuevo suelo para usos comerciales', las necesidades de aparcamiento y los requisitos para la carga y descarga de mercancías; y dentro del título correspondiente a la 'Instalación de establecimientos comerciales', la clasificación de los establecimientos y las competencias municipales en los procesos de autorización de implantación de estos establecimientos.
En relación con los estándares de aparcamiento, el órgano consultivo sugiere la supresión del último párrafo del apartado a) del punto 3 de este artículo, que dispone la adición de una plaza de aparcamiento por cada 100 metros cuadrados construidos de superficie no comercial.
Asimismo, y en relación con la clasificación de los proyectos comerciales con base en su afección territorial, el CES-CV reitera su pronunciamiento en el dictamen al anteproyecto de Ley de Comercio Sostenible, en el que estimó que "los 2.500 metros cuadrados es la dimensión mínima aceptada en diferentes normativas en materia comercial a partir de la cual se establecen criterios de impacto territorial y ambiental, aportando seguridad jurídica al sector, que genera riqueza y empleo en la Comunitat Valenciana".
En el dictamen también se insta a que la normativa aplicable en este ámbito concrete la definición de "superficie comercial" para evitar distintas interpretaciones y ofrecer la máxima seguridad jurídica a los operadores económicos.
