Pablo Casado: Foto: Sam Simmonds (EP)VALÈNCIA. No es ningún secreto que las campañas electorales no son terreno abonado para llegar a grandes acuerdos como el que requiere la reforma de la financiación autonómica. Pero por otra parte son un buen momento para comprobar si el posicionamiento de los grandes partidos nacionales en temas esenciales es coherente en todo el territorio o se modula en función de los intereses territoriales que interese defender en términos electorales.
Eso es justo lo que acaba de ponerse de manifiesto con la promesa del líder nacional del PP, Pablo Casado, de impulsar un sistema de financiación que "cubra las necesidades de las comunidades autónomas en las que los servicios públicos cuestan más por la despoblación y la dispersión". La promesa la hizo este fin de semana en León, durante un mitin de campaña de las elecciones en Castilla y León en el que el presidente de los populares encontró un hueco entre la defensa de la ganadería y la unidad de España para posicionarse ante la próxima reforma de la financiación con el frente que perjudica los intereses de la Comunitat Valenciana.
El principal escollo a vencer para alcanzar el acuerdo político que se necesita para reformar el sistema es el de los criterios que se aplicarán a la hora de repartir los recursos entre las Comunidades Autónomas. Estas ya se han posicionado abiertamente en el proceso que acaba de arrancar hasta configurar dos grandes bloques. Por un lado está el de las ocho regiones aliadas para defender los intereses de la España Vaciada (Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, Asturias, La Rioja y Cantabria), que reivindican criterios como la dispersión, la superficie o la despoblación para calcular el reparto de recursos entre CCAA.
Por otro, el que lideran Andalucía y la Comunitat Valenciana para conseguir que la población ajustada sea el criterio principal de cálculo de las necesidades de gasto. Murcia, donde también gobierna el PP, y Baleares, con la socialista Francina Armengol al frente, también integran este grupo que reclama un fondo de nivelación para compensar a las CCAA infrafinanciadas y que el Estado aporte más recursos al sistema.
El Ministerio de Hacienda presentó a principios de diciembre un primer "esqueleto" con su propuesta de redefinición del concepto de población ajustada, que será la base de cálculo de reparto en el futuro sistema. El planteamiento del departamento de María Jesús Montero, presentado antes de que se conociera el adelanto electoral en Castilla y León, beneficia a priori a regiones más pobladas como la Comunitat Valenciana y Andalucía porque refuerza los criterios demográficos o poblacionales y mantiene prácticamente intacto el peso de los geográficos.
Con todo, el Gobierno no descarta analizar si, además de variables como la superficie, se necesita introducir "una variable concreta con carácter más concentrado" para afrontar el reto demográfico. tanto la educación como la sanidad ganan peso para calcular el reparto de fondos.
De hecho, la propuesta del Ministerio de Hacienda ya reserva una parte de los fondos destinada exclusivamente a compensar los costes fijos de las siete regiones menos pobladas, una variable que provoca que, según la propuesta, el cálculo de las necesidades de gasto de la Comunitat Valenciana sea incluso inferior al actual, aunque haya que esperar a conocer el conjunto del sistema para determinar si mejorará su financiación respecto al sistema de 2009.
A la vista de lo que dijo este fin de semana, el presidente del PP ya ha tomado partido. Casado, palentino de nacimiento, presumió de coherencia en su posicionamiento sobre la financiación autonómica, de la que dijo que ha de atender el reto demográfico.
"Esto es lo bueno que tiene el PP. Hoy estoy en Castilla y León y voy a decir lo mismo que diría en Madrid o en la Comunidad Valenciana sobre la financiación autonómica. Si apoyamos la lucha contra la despoblación, tendremos que dar la financiación adecuada a las comunidades autónomas que tenemos problema demográfico. Por eso recojo el guante –dirigiéndose a Mañueco–: cuando lleguemos al Gobierno, y decimos la verdad porque lo intentamos en la última legislatura sin que el PSOE lo quisiera, nosotros sí haremos un sistema de financiación que cubra las necesidades de las comunidades autónomas en las que los servicios públicos cuestan mas por la despoblación y la dispersión", dijo el presidente nacional del PP.
Al respecto, se mostró de acuerdo con que las comunidades más pobladas y que tienen un incremento demográfico más elevado "requieren de más financiación autonómica", pero puntualizó que, para "apoyar a la lucha contra la despoblación", se requiere de una financiación que tenga en cuenta a los territorios donde "existen escuelas con cinco alumnos, consultorios con pocos pacientes o un transporte público deficitario".
Se trata, como demuestran los dos frentes autonómicos que se han configurado en torno a la reforma, de dos aspectos difíciles de conjugar en el modelo a menos que el Estado aporte más recursos al sistema para que ninguna región salga perdiendo con el nuevo modelo, algo a lo que Casado no hizo referencia y que implicaría una subida de impuestos para cubrir esa aportación adicional al sistema de financiación de las CCAA.
El posicionamiento del presidente del PP debilita de forma indirecta cualquier tentativa del líder de los populares valencianos, Carlos Mazón, de utilizar la financiación autonómica como elemento de desgaste del Consell del Botànic. Mazón, una de cuyas primeras decisiones fue sumar al PPCV a la Plataforma Pel Finançament, ha sido crítico con el presidente de la Generalitat y le ha instado a ser "menos conformista" ante el Gobierno central y a que "anteponga su territorio a su partido".
Su portavoz de Economía en Les Corts, Rubén Ibáñez, acusó directamente a Puig de ser el responsable de que el Ministerio de Hacienda no haya incluido la reforma de la financiación en su plan anual normativo de 2022. "Queda claro que la presentación del esqueleto, el pasado mes de diciembre, no fue más que una maniobra de distracción", criticó Ibáñez.
Mientras tanto, el Comité de Expertos de la Comunitat Valenciana continúa elaborando estos días las alegaciones que debe presentar antes de que acabe el mes a la propuesta del Ministerio de Hacienda, tal y como le encargó la Comisión Mixta Corts-Consell.
Una de las cuestiones que pedirá la Comunitat Valenciana es la desaparición del conjunto de fondos que introducen transferencias horizontales entre CCAA en el reparto de los recursos porque lo considera un sistema "totalmente complejo, opaco y discriminatorio" que perpetúa el statu quo.
